Tribunales

• La jueza la cita el 29 de septiembre por el espionaje a los móviles de los diputados de ERC Josep María Jové y Diana Riba
• Subraya que el CNI es posiblemente el "único" cliente en España del 'software' Pegasus

• El magistrado Ismael Moreno toma esta decisión después de apreciar indicios en su contra
• La UCO detallo que ambos habrían prestado asistencia a Ábalos en el marco de "adjudicaciones indebidas"

Hoy 3 de julio ha sido el tercer y último día de huelga convocada contra los proyectos legislativos del Gobierno, que buscan reformar el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal. Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, reconoce en el 'informativo 24 Horas de RNE' que es "muy habitual que haya un baile de cifras" en cuanto al seguimiento de la huelga: "Hemos ofrecido unos correos para los compañeros que quisieran manifestar que estaban ejerciendo su derecho de huelga cada uno de los tres días de manera confidencial [...] Puede que haya compañeros que hayan ejercido el derecho de huelga y no hayan querido ofrecernos esta información". La presidenta añade que por parte del Ministerio se dijo que "en un primer comunicado había sido nula la incidencia de la huelga", pero estas cifras no cuadran con "el número de suspensiones, de juicios o de actos procesales que ha hecho valer el Colegio de Abogados de Madrid o el Consejo General de la Abogacía de España, que son muy superiores", detalla.

Para Dexeus "parece ser que las movilizaciones no han conseguido su objetivo", pero señala: "Algo notorio es que las dos únicas asociaciones que no se habían pronunciado al respecto de la reforma, o que se habían mantenido al margen, hayan hecho manifestaciones en contra también del texto de la reforma sin adherirse a la huelga". Cree que la actualidad no es el momento más adecuado para enmiendas: "Las grandes reformas en materia de Justicia debieran estar alejadas de un momento de tensión informativa y mediática sobre casos de corrupción que todos conocemos", concluye.

• El testigo se ha pronunciado así en su declaración ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana
• La jueza instructora ha acordado, a través de una providencia, incorporar a la causa los mensajes de WhatsApp del técnico

• Félix Bolaños asegura, por el contrario, que únicamente se ha movilizado el 30% de este colectivo de funcionarios
• Las asociaciones ven "inaudito" que el Ministerio de Justicia no haya dado respuesta a las demandas planteadas

La Fiscalía de Extremadura no recurrirá ante el Tribunal Supremo el auto del TSJEx que devuelve la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y contra el líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. Gallardo ha comparecido este jueves en una rueda de prensa en la que ha dicho que al TSJEx le "ha faltado valor para enjuiciar al diputado".

"Esta decisión choca con el estatuto de autonomía. La condición de diputado va unida a la de aforado. O, mejor dicho, no se es aforado por otra cosa distinta a la de ser diputado", ha reprochado.

Imagen: ASAMBLEA DE EXTREMADURA

• También publicaron información personal de dirigentes socialistas, ex altos cargos del PP e implicados en el caso Koldo
• Las filtraciones se hicieron mediante Telegram y vendían los datos usando criptomonedas para dificultar el rastreo

• Está probado que el cantaor abofeteó, pateo y agarró del cuello a la madre de sus dos hijos
• Atención a la violencia machista: teléfono 016, WhatsApp 600 000 016 y en el correo 016-online@igualdad.gob.es

• El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura observa "fraude de ley" en el aforamiento del líder del PSOE extremeño
• El TSJEx declaró además su "falta de competencia objetiva" sobre la causa

• Los hechos sucedieron entre 2019 y 2022, cuando las niñas tenían cuatro y cinco años
• Se retira a los dos procesados la patria potestad sobre las niñas y los otros hijos menores de edad que tienen

• "De momento hay jueces intentando buscar el dinero. No sé si lo encontrarán", ha añadido
• No cree que Sánchez deba convocar elecciones: "Son cada cuatro años, vayan bien o mal las encuestas"

• El ministro de Justicia pone en duda la legalidad del parón y exige que no cobren el salario correspondiente a los tres días
• Las asociaciones convocantes lamentan que el Bolaños pretenda "minusvalorar" las concentraciones "multitudinarias"

Este martes ha comenzado una huelga de tres días convocada por asociaciones de jueces y fiscales contra las reformas del Gobierno, que consideran una amenaza para la independencia judicial. Aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) asegura que el paro carece de base legal, las asociaciones lo defienden como un derecho constitucional. En el informativo 24 Horas de RNE hablamos con Alejandro González Mariscal de Gante, magistrado y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Desde la APM critican la actitud del Gobierno ante las protestas. Aseguran que el Ministerio de Justicia "ha ofrecido un cambio en la ley, respeta las movilizaciones y las medidas que adoptemos", pero Mariscal lamenta que "le resultan indiferentes, ya que ofrece exclusivamente reformas cosméticas".

Añade, además, que "la realidad es que lo único que observamos es que el Ministerio no tiene ninguna voluntad de diálogo, como ha demostrado durante mucho tiempo", y concluye que "lo que buscan es reducir la inversión, incrementar la carga de trabajo, no piensan en quienes integran la carrera e introducen reformas que afectan a los derechos de los ciudadanos".

El ex secretario de organización del PSOE ha pasado su primer día en la cárcel madrileña de Soto del Real. Una prisión en la que ya han estado numerosos políticos acusados de corrupción. Su ingreso ha seguido el protocolo habitual, con un examen médico y una entrevista de carácter técnico.

Foto: A. Pérez Meca / Europa Press

• Asegura que desconoce quién contrató a la expareja de Ábalos en Ineco y que no tenía constancia de que no iba a trabajar
• El PP propuso que el empresario Antxón Alonso (Servinabar) también compareciese, pero el Senado no ha podido localizarle

Este martes ha arrancado el primero de los tres días de huelga convocados por cinco asociaciones de jueces y fiscales en protesta por los proyectos legislativos del Gobierno, que buscan reformar el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal, y a pesar de que el Pleno del Consejo General del Poder judicial (CGPJ) acordó por unanimidad que este paro carecía de base legal. Según las asociaciones convocantes, de carácter conservador, han secundado la huelga 3 de cada 4 jueces y fiscales.

La huelga llega después de la concentración convocada el sábado pasado por las mismas asociaciones conservadoras frente a la sede del Tribunal Supremo, que congregó a miles de personas, entre ellas cientos de jueces y fiscales, para exigir la retirada de ambos proyectos, que, a su juicio, amenazan la independencia judicial.

Consideran que tanto el proyecto que modifica la ley del Poder Judicial, como el anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal "comprometen gravemente" la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal" y denuncian que no responden a una verdadera demanda social ni contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, sino que incrementan los riesgos de su politización.

En el informativo 'Las Mañanas de RNE' hablamos con Luis Ortiz Vigil, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), sobre la huelga convocada por las asociaciones de jueces y fiscales. "Haré servicios mínimos porque tengo que atender posibles incidencias, pero ejerceré mi derecho de huelga", explica.

Vigil asegura que la reforma del acceso a la carrera judicial supone "una auténtica cortapisa a la financiación de las asociaciones profesionales". "Lo que provocaría sería que la carrera judicial estaría integrada por una serie de personas que no habrían superado los baremos de excelencia a los que yo me tuve que someter en su día para ser juez. Eso debilitará la calidad de la justicia", nos cuenta el magistrado en RNE. Defiende que el sistema actual lleva funcionando bien en los últimos años y considera que la composición de la carrera judicial sea "plural y que responda a todos los sectores sociales sin dificultad alguna". Vigil asegura que los jueces "no somos ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro, sino jueces que servimos a la ciudadanía".

Visita esta vez el estudio de nuestro podcast de Conversaciones con José María Brunet un jurista del ala conservadora de la magistratura española. Se trata de Celso Rodríguez Padrón (Ribadavia, Ourense, 1962), en la actualidad presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y exportavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria, ya que cuenta con más de 1.300 jueces de los aproximadamente 5.500 que componen el total de la plantilla. Ingresó en la carrera judicial en 1988 y ha cubierto destinos en Huelva, Barcelona y Vigo, entre otros. Todo un viaje por el mapa de España y su pluralidad. Tratamos con nuestro invitado sobre el protagonismo que ha adquirido la judicatura en los últimos años, en particular en la legislatura iniciada tras las elecciones de julio de 2023, de cuyo resultado se derivó la investidura de un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuyo partido no fue el más votado en los comicios, pero que pudo establecer alianzas para recibir la confianza del Congreso. Nos interesa el criterio de un magistrado experimentado –en el foro judicial y en el debate social- sobre la evolución de las relaciones entre los poderes del Estado en un contexto especialmente complejo, caracterizado por una encarnizada lucha política. Un escenario en el que los partidos se cruzan acusaciones constantes, reprochándose por un lado la utilización a la justicia –usando de figuras como la de la acción popular y querellas sin fundamento para deteriorar al adversario-, y por otro el no respetar la labor de jueces y tribunales, ejerciendo una crítica frontal que erosiona el prestigio del poder judicial y la confianza de los ciudadanos en la justicia. Cómo se puede poner freno a esta dinámica de permanente fuego cruzado ? También tratamos con Celso Rodríguez Padrón sobre las dotaciones con que cuenta el poder judicial y sobre el proyecto de ley impulsado por el Gobierno para mejorar la eficiencia de la justicia.

El exdirigente del PSOE Santos Cerdán ya ha ingresado en la cárcel madrileña de Soto del Real después de que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente haya acordado el ingreso en prisión comunicada al considerar que tuvo "específico papel" en la trama del llamado caso Koldo.

• Considera que la imputación de Emilio Argüeso no es "irrazonable ni arbitraria"
• El auto es un nuevo aval a las decisiones de la jueza de Catarroja que instruye la causa por la gestión de las riadas