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El crimen de León ha llegado esta mañana al Supremo, donde se resolverá el grado de participación de la policía local Raquel Gago en los hechos. Hay dos hipótesis: para el Tribunal Superior de Castilla y León es cómplice de asesinato y por ello la condenó a 12 años, pero para la Audiencia Provincial de León fue encubridora y le impuso cinco años de cárcel. El abogado Gago insiste en su inocencia, pero el fiscal ha ampliado la petición de pena por tenencia ilícita de armas, argumentando que tuvo el arma del crimen durante 30 horas en su poder antes de entregársela a la policía.

La senadora del Grupo Mixto y exalcaldesa de Valencia por el PP, Rita Barberá, ha llegado este lunes sobre las 10.00 horas al Tribunal Supremo, donde será interrogada en calidad de investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia en el marco de la Operación Taula, derivada del caso Imelsa. En la Operación Taula, pieza separada del 'caso Imelsa', con 47 personas imputadas más el PP como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

La senadora del Grupo Mixto y exalcaldesa de Valencia por el PP, Rita Barberá, ha llegado este lunes sobre las 10.00 horas al Tribunal Supremo, donde será interrogada en calidad de investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia en el marco de la Operación Taula, derivada del caso Imelsa. En la Operación Taula, pieza separada del 'caso Imelsa', con 47 personas imputadas más el PP como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

El Tribunal Supremo ha anulado el canon digital aprobado el gobierno en 2012 que preveía el pago, con cargo a los Presupuestos del Estado, de una compensación a los autores por las copias de sus obras por los particulares. El fallo se produce en ejecución del dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, que el pasado mes de junio consideró inválido este sistema.
El Supremo ya había considerado que de acuerdo a la legislación española no cabían reproches al sistema ideado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Solo se suscitaban dudas "en torno a un problema de derecho de la Unión Europea", según expone la sentencia de la Sala de lo Contencioso del alto tribunal, conocida este viernes.