Enlaces accesibilidad
arriba Ir arriba

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha impuesto una multa de 30 millones de euros a España por no haber adoptado todas las medidas necesarias para recuperar a tiempo las ayudas ilegales concedidas en los noventa a empresas del País Vasco, conocidas como "vacaciones fiscales vascas". España ya ha recuperado el 100% de estas subvenciones ilegales (alrededor de 500 millones de euros), pero la mayor parte de ellas se  reembolsaron fuera de plazo, con un retraso de hasta 12 años.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado "inválida" la directiva que obliga a los operadores de telefonía a conservar los datos de las telecomunicaciones hasta dos años para la lucha contra el terrorismo y los delitos graves por considerar que constituye "una injerencia de gran magnitud y especial gravedad" en los derechos fundamentales a la privacidad y a la protección de datos.

El Ministerio de Hacienda dice que la cantidad a devolver es imposible de calcular, que será inferior a los 13.000 millones y que muchas facturas habrán prescrito. Sostiene que no afectará al objetivo de déficit porque no hay que devolverlo inmediatamente. Sobre quién tiene que devolverlo, dice que habrá que estudiar caso por caso porque no todas las comunidades lo aplicaron a la vez ni de la misma manera.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, asegura que "como no puede ser de otra manera, somos Europa y acatamos completamente esa sentencia". En el Congreso ha puntualizado que las consecuencias de esta sentencia en materia de reposición económica "habrá que evaluarlas" y "aún no es posible facilitarla porque tendremos que ver la amplitud a que se refiere la sentencia".

Montoro ha querido dejar claro que la implantación del impuesto se hizo tras consultarlo con Bruselas y que el TJUE "no está desautorizando al Gobierno español, sino a la Comisión Europea que fue quien autorizó al Gobierno español y a las comunidades autónomas para implantar este sistema que hoy ya no existe y que no se está aplicando".

"Está bien que el Tribunal clarifique y diga lo que es legal y a lo que se atiene, pero la Comisión también tiene su cuota de responsabilidad", finalizó el ministro.