La ministra de Sanidad, Mónica García, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han tenido un encontronazo durante la celebración de la Conferencia de Presidentes en Barcelona, antes del saludo institucional, y han tenido que ser separadas por protocolo, según han asegurado fuentes del entorno de la líder de Más Madrid.
Antes de la fila de saludos protocolaria en la que el rey Felipe VI ha estrechado la mano con las autoridades, García habría ido a saludar "con normalidad institucional" a Ayuso, ya que pese a sus diferencias, según su entorno, "por encima de todo están las reglas mínimas de educación y cortesía".
Entonces, Ayuso le habría quitado la cara y habría dicho algo como "¿vas a saludar a una asesina?", en alusión a las críticas de Más Madrid por los llamados 'protocolos de la vergüenza' y las muertes en residencias durante la primera ola de la pandemia, a lo que la titular de Sanidad ha respondido con sorpresa: "¿Perdona?". Tras el tenso intercambio de palabras entre ambas, han tenido que ser separados por miembros del equipo de protocolo presentes en la Conferencia de Presidentes, según el entorno de García.
De su parte, fuentes de la Comunidad de Madrid han asegurado que la presidenta Díaz Ayuso estaba dando la mano y saludando "protocolariamente" a todos los ministros del Gobierno en la Conferencia cuando se le ha acercado la ministra de Sanidad y esta ha pretendido darle dos besos.
Según explican esas mismas fuentes, Ayuso le ha ofrecido la mano a la titular de Sanidad y le ha preguntado si "todavía pretendía darle un beso a una asesina después de lo que Más Madrid le había dicho este jueves en la Asamblea y que eso no tenía un pase".
Precisamente, durante el Pleno de este jueves en la Asamblea madrileña, Más Madrid acusó al Gobierno de Ayuso de haber llevado a cabo "un plan macabro que condenarían a morir a 7.291 personas mayores".
FOTO: Imagen del tenso saludo de la ministra de Sanidad, Mónica García y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Conferencia de Presidentes. Kike Rincón / Europa Press
Carlos Castillo, abogado de Marea de Residencias y de 7291: Verdad y Justicia, asociaciones de familiares de víctimas de las residencias durante la pandemia, se ha mostrado cauto en Las mañanas de RNE con Josep Cuní respecto a la posible imputación de Antonio Burgueño, exasesor sanitario madrileño, tras asegurar ayer ante el juez que fue nombrado Mando Único durante la pandemia. Castillo también ha explicado que la declaración del presidente de HM Hospitales, Juan Abarca, deja claro que discriminación entre pacientes que tenía seguro médico privado y los que no, y, por tanto, "cada vez queda más claro que hubo un delito de negación discriminatoria de la atención sanitaria" durante la pandemia hacia los residentes que no fueron derivados a la sanidad pública "a causa de unos protocolos que lo impedían".
El exconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha insistido ante el juez en que hubo "discriminación" a usuarios de residencias de mayores en la primera ola de la pandemia de covid-19 por los protocolos de no derivación hospitalaria. Así lo ha asegurado tras su declaración como testigo en la que ha explicado cómo cuando conoció los protocolos, el 20 de marzo de 2020, se dirigió al entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y al firmante del documento, Carlos Mur, al que el juez ha citado como imputado por un presunto delito de denegación de la asistencia sanitaria, para advertirles que esas personas "morirían de forma indigna".
Reyero, que a su llegada a los juzgados de Leganés y tras sus declaraciones a la prensa ha recibido aplausos de los familiares de los fallecidos en las residencias, ha asegurado que explicó a los responsables de los protocolos que se estaba produciendo "una discriminación de personas que vivían en residencias y que tenían un nivel de discapacidad y dependencia elevada".
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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado en el programa Malas lenguas que "habrá justicia" con el caso de los abuelos en las residencias de la Comunidad de Madrid. "Si la hay, va a ser por el empeño y el tesón de las familias", ha expresado. Para la ministra, los familiares "han tenido que ver que, durante cinco años, el Gobierno les ha ignorado, les ha insultado, les ha ninguneado y les ha acosado".
García considera que las familias se merecen la justicia, así como "todas las personas que han estado empujando para que se conozcan todas las reuniones, quién tomó la decisión y por qué". "Más allá de los ex altos cargos que tuvieron la firma digital, ahí hay una decisión política refrendada por la señora Ayuso, sostenida por el que entonces era consejero de Sanidad y que ahora ha sido galardonado por un aforamiento en el Senado", ha añadido. Con las imputaciones a los ex altos cargos, la ministra de Sanidad ha expresado que "se va a abrir una vereda de verdad, de justicia y de reparación".
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El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha declarado este martes como testigo en la segunda de las causas judiciales abiertas para investigar los fallecimientos en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia de covid-19. En su declaración, Reyero ha insistido en que cuando conoció los protocolos de no derivación de los residentes a los hospitales el 20 de marzo en la primera ola de la pandemia se dirigió al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y a Carlos Mur, como firmante y les advirtió que si esos protocolos se aplicaban habría personas que "morirían de forma indigna" y les explicaba las razones por las que se estaba produciendo una "discriminación de personas que tenían un "nivel de discapacidad elevada". En el procedimiento judicial están investigados los ex altos cargos del Gobierno regional Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca. Los querellados declararán como investigados el próximo 17 de junio. También ha sido citada como investigada la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa, María Jesús Molina. Foto: EFE/Chema Moya
Este martes, en Leganés, declaran los testigos de la segunda causa judicial por las muertes en las residencias madrileñas durante la pandemia. Entre ellos está Alberto Reyero, exconsejero de la Comunidad de Madrid, que denunció los protocolos. "No colaboré en su creación, en cuanto los conocí me opuse", afirmó este lunes en La hora de La 1. También están citados Antonio Burgueño, ex asesor sanitario de la Comunidad de Madrid cuya intervención como investigado se aplazó la semana pasada, y el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón. Se han personado en los juzgados las dos familiares que han presentado la querella: "Estoy nerviosa pero esperanzada, ojalá se depuren responsabilidades".
La hora de la 1
El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, cree "sin ninguna duda" que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso estaba al tanto de los protocolos de no derivación a los hospitales que se investigan en dos juzgados de la Comunidad de Madrid y espera que la declaración de los imputados "arroje algo de luz". Asegura que "sin ninguna duda", el Gobierno madrileño estaba al tanto de los protocolos y que "tan pronto" como conoció uno de ellos, "el más cruel", del 20 de marzo de 2020, se dirigió al entonces consejero de Salud, Enrique Ruiz Escudero. "Me quejé por escrito, de palabra, hasta que decidí una vez pasara la primera ola de pandemia no quería formar parte de ese gobierno", ha explicado, y ha recordado que anunció su dimisión en octubre de 2020. Según ha asegurado, trasladó a los responsables de la Consejería de Sanidad que si se aplicaban esos protocolos habría persona que morirían de forma indigna, quedarían excluidos quienes vivían en las residencias "y tenían nivel de discapacidad y dependencia". Y ha manifestado su deseo de que los imputados en las dos causas abiertas en los tribunales "arrojen algo de luz al respecto" en sus declaraciones. Insiste en que en aquellos días el 80% de las personas fallecía en residencias y solo el 20% en hospitales, al contrario de lo habitual y que piensa "no solo en las personas que pudieran haberse salvado sino en aquellas otras" que tuvieron "una muerte indigna sin cuidados paliativos sin morfina sin una atención médica". Precisamente Reyero, muy crítico con los protocolos de no derivación a los hospitales desde que dimitiese en 2020, está citado como testigo este martes 3 de junio por el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés en la segunda causa abierta por las muertes en las residencias durante la pandemia, en la que se encuentran investigados tres exaltos cargos de la Comunidad de Madrid: los autores de los conocidos como "protocolos de la vergüenza" Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, el entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca, y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa. Foto: EFE/ Daniel González.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Leganés, Madrid, ha abierto una segunda causa judicial contra tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por las muertes en las residencias durante la primera ola de la pandemia de coronavirus en la Comunidad de Madrid, según han avanzado este viernes la asociación Marea de Residencias y han confirmado fuentes jurídicas.
Así, han sido imputados los autores del protocolo de no derivación de mayores en residencia a hospitales al inicio de la pandemia - más conocido como "protocolo de la vergüenza"-: Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo. Ambos tendrán que declarar el próximo 17 de junio.
Pero también tendrán que acudir en calidad de investigados declarar ese día el entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca, y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa.
El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha dicho que los 'populares' "respetan" las decisiones judiciales tras las nuevas imputaciones a ex altos cargos de Isabel Díaz Ayuso por las muertes en las residencias de Madrid durante la pandemia. Además, ha asegurado que en el Partido Popular no "fabrican pruebas" contra un teniente coronel de la UCO como, a su juicio, hace el PSOE.
Las declaraciones como imputados de los ex altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y el doctor Antonio Burgueño, exasesor sanitario del Ejecutivo madrileño en tiempos de la pandemia, que estaban previstas este lunes, se han suspendido por un defecto de forma en el proceso, según fuentes presentes en la declaración.
Los tres citados iban a declarar ante el juez en la causa por los fallecidos en residencias en la pandemia por un presunto delito de denegación de un servicio público por motivos discriminatorios, pero la sesión ha quedado suspendida y el juez tendrá que fijar una nueva fecha para su comparecencia.
A la hora en la que estaba prevista su declaración, familiares de víctimas se han manifestado en la puerta de los juzgados de Plaza de Castilla, y han recibido la noticia de la suspensión al grito de "vergüenza".
El exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, durante la primera oleada de la pandemia, ha asegurado que es falso que las muertes en las residencias de mayores fueran inevitables aunque hubieran sido trasladadas al hospital. "Algunas personas se hubieran salvado" y que "todas habrían recibido una muerte digna", con cuidados paliativos que también es "muy importante", ha asegurado en Las Mañanas de RNE este lunes cuando está prevista la declaración de tres exaltos cargos de la Comunidad de Madrid imputados por las muertes en las residencias madrileñas. Al ser preguntado por si considera que hubo colapso sanitario, ha dicho que evidentemente en algunos hospitales hubo "colapso" pero había "otras alternativas como el hospital de IFEMA donde no se trató a personas de residencias, y algo muy importante", que no se les trasladó a hospitales privados, cuando hubo plazas libres. Además, se ha mostrado muy crítico con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en el que ve "una falta de empatía clara" por no haber sido "capaces ni siquiera de reunirse con los familiares de los fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid.
En el día en que veremos ante el juez a dos ex altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid y un exasesor de la presidenta por los llamados "protocolos de la vergüenza" que impidieron la derivación de ancianos desde las residencias a los hospitales, Las mañanas de RNE con Josep Cuní habla con Alberto Reyero, ex consejero de Políticas Sociales en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante lo peor de la pandemia.
En primer lugar, Reyero se ha mostrado satisfecho del punto en el que está este proceso judicial, después de cinco años de tortuoso camino para las familias, aunque ha matizado que es "un primer paso" y que "veremos en qué queda". Además, ha dejado claro que tiene la conciencia tranquila y ha defendido su coherencia a lo largo de este lustro, "muchas veces me preguntaron si pude haber hecho más, evidentemente, pero creo que fui el que más hice", ha dicho.
Reyero ha tenido palabras para los que fueran sus compañeros de Gobierno, asegurando que "hay una falta de empatía clara por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid" porque "no han sido capaces de mirar a la cara a los familiares", sin embargo ha destacado que él sí se reunió con ellos "y no fue fácil". Por eso ha reiterado que ha dado todas las explicaciones que le corresponden como es obligación de un cargo público.
El exconsejero de Ciudadanos, que escribió el libro "Morirán de forma digna" contando su experiencia, ha respondido también a las preguntas de los analistas del Club de Opinión en relación a los argumentos de defensa de la Comunidad de Madrid. Reyero ha calificado de "falso" que los ancianos no hubieran podido ser atendidos en los hospitales por estar colapsados, ya que "algunas se hubieran salvado" y las que no, al menos "hubieran recibido una muerte digna".
Respecto a la actuación de otras Comunidades Autónomas, ha dicho que "cree que hubo prácticas parecidas, aunque no con protocolos escritos" pero que "en ninguna de forma tan salvaje" por eso, ha reiterado que "siempre he defendido que este tiene que ser un tema nacional, y nos tenemos que replantear a nivel nacional qué es lo que se hizo".
Sobre la responsabilidad de Carlos Mur, firmante del protocolo y uno de los imputados, Reyero ha dicho que le cuesta creer "que una decisión de este calado la tome un director general por su cuenta".
L'altaveu
