Tres ex cargos de la Comunidad de Madrid declaran este lunes como investigados por las muertes en las residencias de ancianos en pandemia. Se les investiga por idear y firmar los protocolos que impidieron la derivación de pacientes geriátricos a hospitales. Son Carlos Mur, que firmó los protocolos; Francisco Javier Martínez Peromingo, quien ideó cómo había que implantarlos, y el doctor Antonio Burgueño, ex asesor sanitario de Madrid, al que se le encargó un plan de choque para medicalizar las residencias que nunca llegó. Se les investiga por un delito de negación de asistencia sanitaria.
- Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo son los autores del protocolo que impidió derivar a ancianos a hospitales
- También iba a declarar como imputado el doctor Antonio Burgueño, exasesor sanitario que elaboró el plan de choque
- Se trata del doctor Antonio Burgueño, que comparecerá al igual que Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo
- Burgueño fue el encargado de elaborar el 'plan de choque' anunciado por el Gobierno madrileño
Carlos Castillo, abogado de Mareas de Residencias y de 7291: Verdad y Justicia, ha estado en el 24 Horas con Lalo Tovar hablando de la denuncia colectiva que ha sido admitida por la Fiscalía en relación a los conocidos como "protocolos de la vergüenza", los documentos en los que se escribía que los mayores de las residencias no fueran derivados a los hospitales en la pandemia, y que ahora señalan a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, dos altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. "Nosotros tenemos esperanza en que este sea un primer paso para que se empiece a esclarecer qué es lo que ocurrió y qué prácticas se llevaron a cabo por parte de las autoridades en la pandemia", afirma el entrevistado.
Mur, el responsable de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad, admitió que firmó los documentos "en conexión con el resto de la Consejería de Sanidad", apuntando a una coordinación. Castillo cree que es pronto para saber si Díaz Ayuso puede acabar imputada en la causa, e incide en que "Mur siempre ha defendido que los protocolos que se firmaron no constituían delito de ningún tipo y a día de hoy lo que vemos es que sí que se están investigando como una posible práctica delictiva". El entrevistado lo tiene claro: "Evidentemente existían cadenas de mando y a lo mejor el lunes empezamos a revelar quién estaba detrás de la toma de estas decisiones, que a fin de cuentas son de carácter político y técnico", concluye.
En Meco, Madrid, hay una 'resiescuela' donde niños y mayores comparten talleres y juegos dos horas a la semana. Juegos como el paracaídas donde la alegría se desborda en las caras de los más pequeños y de los más mayores.
Es una experiencia que hace que disminuya el sentimiento de soledad y que aumente la autoestima y la seguridad en sí mismos. Además, los niños normalizan un alzhéimer, o un deterioro cognitivo y se vuelven más empáticos y solidarios.
Algunos miembros del Gobierno se han pronunciado sobre esta citación, y han aplaudido que se vaya a investigar estos fallecimientos. "Se abre un rayo de esperanza para las familias de las víctimas que murieron en residencias. [..] Por fin, la Justicia va a investigar los protocolos de la vergüenza. La Comunidad de Madrid y la señora Ayuso tendrán que dar explicaciones", ha clamado el ministro para la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López.
También la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado que espera que "la Justicia ponga las cosas en su sitio". "Se le denegó la posibilidad de tratamiento a personas que estaban en residencias porque la Comunidad de Madrid decidió que personas de determinada edad no se les podía desplazar a los hospitales", ha lamentado.
Asimismo, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha pedido que la "Justicia siga su curso" y ha enviado "todo el apoyo y solidaridad" a las familias de las víctimas, porque "los protocolos supusieron que 7.291 personas fallecieran y eso es una vergüenza".
FOTO: Imagen de archivo de una residencia de Madrid. EFE/Fernando Alvarado
- Son los autores del protocolo que impidió el traslado al hospital de residentes al inicio de la pandemia
- Mareas Residencias cifra en 7.291 las personas que murieron en las residencias sin ser derivadas a un hospital
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Aceptar que un familiar ingrese en una residencia no es fácil, y suele generar culpa, dudas y miedo. En una residencia de Barcelona, se ha implementado una terapia grupal para ayudar a los familiares a afrontar este proceso. Manoli, cuyo marido ingresó el 13 de julio de 2023, expresa que la impotencia y la culpa fueron muy fuertes, ya que siempre lo cuidó. En las sesiones semanales guiadas por una psicóloga, los familiares aprenden a gestionar sus emociones y a priorizarse a sí mismos.
Olga, por ejemplo, logró retomar actividades personales y viajar gracias a que su madre comenzó a pasar parte del día en un centro residencial, lo que le ha permitido recuperar parte de su vida. Poco a poco, los familiares vuelven a ser ellos mismos y no solo cuidadores.
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Un 20 % de las personas mayores de 75 años en España se sienten solas, según el último Barómetro de la Soledad No Deseada. Para combatir esta vulnerabilidad típica de la edad, la ONG Adopta un Abuelo celebra en Vigo la duodécima edición de unas jornadas con actividades para la tercera edad. Uno de sus propósitos es acercar a los jóvenes para que inteactúen con los mayores y pasen tiempo de calidad juntos. Nuestra compañera del área de Sociedad, Remedios Cano, ha estado en la celebración del cumpleaños de Victoria, una mujer de 75 años que vive en una residencia con su esposo, Pedro. La fiesta que le han organizado ha estado llena de emoción, recuerdos, risas y mucho cariño,
Los centros de mayores de Madrid utilizan el teatro como herramienta de crecimiento personal y contra la soledad no deseada. Así se puso de manifiesto el pasado 27 de marzo durante la celebración del Día Mundial del Teatro. El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, recuerda cuáles son sus beneficios.
Suciedad, malnutrición y falta de cuidados. Es lo que asegura que se encontró un enfermero al acudir a atender a una anciana en Fuente Álamo, en Murcia. Estaba en un cortijo que, según denuncia este sanitario, funciona como una residencia ilegal. La propietaria de la vivienda lo niega. El Gobierno de Murcia ha pedido a la Fiscalía que lo investigue.
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Los mayores fueron uno de los colectivos más castigados por el covid-19. Sobre todo, en las residencias, donde el virus se llevó por delante muchas vidas. Casi 35.000. La gestión en muchos casos fue polémica, como en Madrid, donde en los últimos días ha escalado el choque con la Moncloa.
Hoy, el PP madrileño ha roto relaciones con el Delegado del Gobierno. Por otro lado, el Ejecutivo de Ayuso dice que se querellará contra Reyes Maroto por decir que 7.291 personas mayores fueron asesinadas. La socialista ha rectificado hace unas horas.
Ángela sigue sin cerrar el duelo por la muerte de su madre. La vio por última vez el 8 de marzo de 2020. "Me despedí pensando que volveríamos a verla, pero fue una despedida para la eternidad", cuenta a TVE. Falleció un mes más tarde. Desde entonces, carga con el convencimiento de que pudo hacerse más.
Un pensamiento sigue presente en sus cabeza: ¿por qué sus familiares no fueron trasladados al hospital? Ponen el foco en unos protocolos del gobierno regional. "Esos protocolos existieron, estaban firmados por la Consejería de Sanidad... Venían a decir que una persona que viviera en una residencia y que tuviera un problema cognitivo o de movilidad, quedaba excluido de derivación hospitalaria", explica a TVE Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid sostiene que nunca hubo protocolos firmados por políticos, y ninguna denuncia de las centenares de personas que se presentasen en los juzgados ha tenido éxito. Tampoco en Cataluña, la segunda comunidad que sumó más fallecidos. Allí lo que hubo fueron recomendaciones que pedían evitar traslados al hospital si no suponían un claro beneficio para el residente.
- Reitera que es "mentira" que la cifra de fallecidos en residencias en la pandemia fuera de 7.291
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