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A mes y medio de que España asuma la presidencia del Consejo de la Unión Europea charlamos con María de Andrés, directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España. Nos recuerda que el 57% de las leyes que se aprueban en nuestro país vienen de directivas aprobadas en el seno de la Unión.

El Parlamento Europeo reclama una investigación efectiva de los casos de espionaje con Pegasus en España. El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar es presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior de la Eurocámara y miembro de la comisión de investigación sobre este software israelí. En el informativo 24 horas de RNE, asegura que se ha "limado cualquier tentación de que las referencias a España tuvieran nada que ver con el discurso victimista de quienes apostaron por la secesión unilateral de Cataluña". Asimismo, apunta a que "el informe contiene conclusiones que afectan a prácticamente los 27 estados miembros".

López Aguilar explica que su objetivo es que la Comisión Europea regule "la utilización de estos instrumentos tecnológicos muy intrusivos que arriesgan los derechos fundamentales". Además, insiste en que "el Gobierno que sufrió este espionaje no es el que lo usó ni el que lo compró" y que, en todo caso, el CNI actuó con aval judicial y conforme a la ley. Sobre la autoría del espionaje a miembros del ejecutivo español, reitera en que en el informe solo hay hechos probados, no conjeturas.

El Partido Popular europeo ha acusado a la Comisión Europea de hacer campaña por Pedro Sánchez en el conflicto sobre Doñana. Ante los micrófonos de RNE, la eurodiputada socialista Iratxe García ha acusado a Manfred Weber, líder del PP comunitario, de "haber perdido el norte respecto a esta situación". Asegura que el deber de la Comisión es hacer cumplir los tratados y las sentencias e insiste en que Doñana está en peligro si se pone en marcha la ley sobre regadíos propuesta por la Junta de Andalucía. "El Partido Popular tiene que elegir si está con los negacionistas del cambio climático o con quienes queremos aportar soluciones", afirma. 



Clara Ponsatí ha vuelto este miércoles a Bruselas y ha acudido al Pleno de la Eurocámara. Este martes por la noche quedó en libertad provisional tras ser detenida en Barcelona por orden del juez Llanera. La eurodiputada de Junts, que huyó de la Justicia hace cinco años, está acusada de desobediencia por el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Mientras, en paralelo, su excompañera en el Govern, Mertixell Serret, se sienta en el banquillo del Tribunal Superior de Cataluña por desobediencia. Ella también volvió por sorpresa a Cataluña hace dos años, pero declaró voluntariamente en el Supremo. Se reafirma en su estrategia: "Comparezco para confrontar esta represión". Arropándola el presidente de la Generalitat, que defiende que los acuerdos con el Gobierno hayan mejorado la situación judicial de los acusados. Foto:  EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

“No tenía que haber sido detenida ayer cuando está imputada por un delito que no tiene pena de prisión”, ha opinado sobre lo ocurrido con Clara Ponsatí el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona Jordi Nieva Fenoll, que recuerda además que, al ser diputada del Parlamento Europeo, efectivamente cuenta con impunidad. Cree que lo correcto sería continuar con la investigación, “cerrarla y a partir de ahí juzgarla”. y no “darle más oportunidades de complicar otras causas que todavía están abiertas”.