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El Gobierno ha propuesto hoy en Bruselas que se permita a cada país determinar su factura de la electricidad según su mix de energías, desvinculándolo del precio del gas. Francia o Grecia apoyan a España, pero hay un grupo de 11 países que se oponen a sus propuestas, entre ellos Alemania, Países Bajos, Dinamarca. La propia Comisión Europea también reconoce que tiene dudas. La comisaria de Energía, Kadri Simon, dice que podría generar divergencias, inestabilidad e incluso apagones.

Informa María Carou, corresponsal de RNE en Bruselas

Greenpeace reclama un cambio en el modelo productivo ganadero: más racional y menos contaminante. La organización ha pedido una moratoria para que se ponga fin a lo que considera una "expansión descontrolada de la ganadería industrial" y asegura que las macrogranjas contaminan el entorno y no contribuyen al desarrollo de los pueblos. En los últimos años, el rechazo a este formato se ha extendido por decenas de municipios españoles.

Bruselas no llevará a cabo de inmediato una compra conjunta de gas como ha pedido nuestro país, pero ha aceptado analizar hasta diciembre el impacto de la propuesta. En el corto, la Comisión apuesta por las medidas que ya ha aplicado nuestro país como rebaja de impuestos, exenciones fiscales o prohibición de cortes de luz. La institución reconoce que las subidas de precios se mantendrán durante todo el invierno. Informa la corresponsal en Bruselas, María Carou

Pedro González, director de regulación de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, reconoce que están preocupados por el daño reputacional que les está haciendo la subida imparable de los precios en los últimos meses, pero defiende que directamente no pueden hacer nada por evitarlo: “Nos sentimos los señalados, pero nos dedicamos a generar, transportar y vender la electricidad de la manera más eficiente. Sin embargo, se nos señala como inductores. Las empresas no tienen capacidad de poder modificar en esta situación en la que comprar gas es extraordinariamente caro”. González avanza que hasta que llegue la primavera “seguiremos viendo escenarios de precios como los que se marcan hoy en día”. Y ahí insiste en explicar en que los 11 millones de personas que están sujetas a latarifa regulada son sobre los que impacta la volatilidad, pero no por una decisión de sus empresas, sino del Gobierno: “Hay otros 17 millones de consumidores con un precio fijo. Con las medidas adoptadas por el Gobierno están viendo contenidas sus facturas o incluso acabarán pagando menos”. La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica dice que deben buscarse fórmulas que busquen un precio más estable, que no esté sujeto a este cambio diario, horario o semanal: “Fórmulas hay y se trata de buscar la opción que favorezca mas al consumidor”. Confía en que fructifique el diálogo con la vicepresidenta de Transición Ecológica: “Siempre mantenemos una voluntad de diálogo y más en la actual. Se trata de aunar fuerzas y conseguir espacios comunes que contenten al Gobierno y a los ciudadanos. Que no dañen las cuentas de las empresas”. Insiste en que no está en su mano alterar el precio, porque solo cumplen la regulación y dice que esta situación de subidas no favorece a las empresas: “Le genera aun más daño. No están teniendo un beneficio extraordinario”. Niega cualquier tipo de especulación y concluye defendiendo el nombramiento por parte de Iberdrola del ex candidato socialista Antonio Miguel Carmona: “Desde todas las empresas se buscan perfiles de gente que añadan valor”.

Tras una semana de desencuentros con las eléctricas y la luz en máximos históricos, el Gobierno decide ir un paso más allá como le pedían varios sectores. Lanza una consulta pública para reformar la tarifa regulada, la que tienen los pequeños consumidores y los más vulnerables. Aunque no es vinculante, de momento el próximo lunes la ministra Teresa Ribera se reunirá con las industrias que más consumen energía y el martes, con las organizaciones de consumidores.

Foto: Torres eléctricas. GETTY IMAGES

Entra en vigor a especial protección do lobo, que prohibe a súa caza en toda España. Polémica entre gandeiros, ecoloxistas e administracións.

Cazar lobos estará prohibido en toda España a partir de mañana tras ser incluido en la lista de Especies en Régimen de Protección Especial, según recoge la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las ONG se felicitan por la noticia, mientras que las organizaciones agrarias rechazan la medida y la tildan de “urbanita e irresponsable”.

El megavatio hora sigue marcando récords, 188 euros este jueves, pero desde hoy, que empiezan a aplicarse las medidas del real decreto del gobierno para abaratar la factura de la luz, no habrá tanta diferencia entre poner la lavadora a una hora u otra para los consumidores que están en el mercado regulado. El motivo es la rebaja de cargos que ha hecho el Gobierno, que afecta sobre todo a las horas más caras.

El diputado del PP Guillermo Mariscal ha calificado de "fallidas" las políticas energéticas del PSOE cuando está en el Gobierno y ha criticado la "intervención" del Ejecutivo en el mercado eléctrico, pues ha considerado que son "un riesgo para la inversión del país".

Ha sido durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso en la que ha pedido a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que "se trasladen los costes no energéticos a los Presupuestos Generales del Estado e ingresar los nuevos ingresos del CO2".

Al respecto, Ribera ha señalado que si paga el Gobierno, "pagarán los contribuyentes" por tener que aumentar la presión fiscal y ha recordado la "herencia recibida" del PP de tener que pagar laudos y cierre de centrales no viables.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera ha aclarado que el eléctrico es "un sector muy regulado" y las nucleares no pueden cerrar sin la autorización del gestor del sistema Red Eléctrica para asegurar el suministro. Considera que las eléctricas han reaccionado "en caliente" ante el decreto del Gobierno, pero explica que era "una necesidad anunciada" para minorar el recibo de la luz.