Los cinco detenidos por la UCO en Almería, en la segunda fase de la operación mascarillas, han sido puestos en libertad tras declarar ante el juez. Entre ellos están el presidente y el vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería y el alcalde de Fines. Hay al menos diez investigados en este caso.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), al vicepresidente, Fernando Giménez (PP), y al alcalde de la localidad almeriense de Fines (PP), Rodrigo Sánchez y otras cuatro personas cuyos nombres no han trascendido. Están acusados de delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales y pasarán el jueves a disposición judicial. El Partido Popular les ha suspendido cautelarmente de militancia.
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El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha propuesto sentar en el banquillo al exministro de Transportes y diputado por Valencia, José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama por la parte de la causa centrada en presuntos contratos irregulares de mascarillas.
El instructor ha dictado este lunes un auto, al que ha tenido acceso RTVE, de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) por presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
En el mismo, da diez días de plazo a la Fiscalía y a las acusaciones populares —lideradas por el PP— para que presenten sus peticiones de archivo o sus escritos de acusación, así como la práctica de diligencias complementarias. Foto: Diego Radamés / Europa Press
La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto este miércoles a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina de los delitos de estafa agravada en el caso mascarillas, y condena al primero a tres años y ocho meses de cárcel y a una multa millonaria por fraude a Hacienda y falsedad en documento oficial.
Los magistrados condenan a Luceño por un delito contra la Hacienda Pública a la pena de tres años de prisión y al pago de una multa de 3,5 millones de euros, así como a indemnizar a la Agencia Tributaria con la cantidad de 1,35 millones. Y a ocho meses prisión y multa de 12.000 euros por falsedad en documento oficial. Sobre el delito del que han sido absueltos, el tribunal considera que no engañaron al Ayuntamiento de Madrid porque no hay pruebas de que ocultaran que se iban a llevar 6 millones de euros en comisiones.
La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto este miércoles a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina de los delitos de estafa agravada y falsedad documental, en el caso sobre la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en pandemia por la que cobraron seis millones de euros.
No obstante, ha condenado a Luceño por fraude a Hacienda y falsedad en documento oficial.
Algunas decisiones políticas tomadas durante la pandemia y fraudes relacionados con la gestión han acabado años después en los tribunales. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el primer decreto del estado de alarma, fallo que fue revocado el pasado diciembre al cambiar la mayoría del tribunal.
También las irregularidades en la adquisición de mascarillas o PCR en los peores momentos de la pandemia han llenado un importante capítulo judicial por el cobro excesivo de comisiones. Algunos juicios que hoy se están llevando a cabo tienen su origen hace cinco años, cuando estalló la crisis del covid-19.
El empresario Alberto Luceño ha asegurado en el juicio por el caso mascarillas que sin la intervención de Luis Medina, su socio en la compraventa de material sanitario, no hubieran conseguido el contrato con el Ayuntamiento de Madrid: "Si él no me facilita el negocio, no hay negocio. Por eso cobra". Con esta afirmación, el empresario ha descargado toda la responsabilidad contra Medina, a quien atribuye tanto el alto precio de las mascarillas como las comisiones que recibieron los dos acusados, que ascienden a seis millones de euros. A este respecto, Luceño ha dicho que Elena Collado, responsable de compras del Ayuntamiento, "nunca" le preguntó si iban a cobrar comisiones.
