España y el Reino Unido han anunciado un acuerdo sobre Gibraltar por el que desaparece la verja del peñón. Bruselas lo califica de hito "histórico" que pone fin al limbo en el que quedó este enclave tras el Brexit.
Unas 15.000 personas atraviesan cada día la verja de Gibraltar, que lleva ahí más de 40 años. Según el acuerdo anunciado hoy, los trabajadores de ambos lados de la frontera igualarán sus derechos laborales: pensiones y subsidio por desempleo.
Pero muchos no descorchan aún esa botella. Llevan demasiado tiempo esperando una noticia que no acababa de llegar. "Hay que estudiar bien los detalles para poder decir 'tenemos un acuerdo'", dice una trabajadora británica que reside en España.
Durante los cinco años de negociaciones, cuatro Gobiernos diferentes han pasado por Londres sin lograr cerrar el acuerdo sobre Gibraltar. Finalmente, ha sido el primer ministro laborista, Keir Starmer, quien ha dado el visto bueno definitivo, en un contexto favorable marcado por el reciente fortalecimiento de las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea y tras un nuevo pacto comercial, de defensa y pesca firmado semanas atrás.
El Ejecutivo de Starmer ha atribuido el estancamiento previo al ejecutivo conservador, al que acusa de haber dejado sin resolver el problema del Peñón. Según el actual Ejecutivo británico, el acuerdo con España no solo garantiza la estabilidad económica de Gibraltar y su estilo de vida, sino que también elimina los controles fronterizos y evita largas colas, ofreciendo una solución práctica para los ciudadanos.
Tras más de tres años de negociaciones, España y el Reino Unido han alcanzado un acuerdo histórico sobre el estatus de Gibraltar, el último gran asunto pendiente del Brexit. Este pacto elimina la Verja que separaba la Línea de la Concepción del Peñón, permitiendo la libre circulación de personas y mercancías, con igualdad de condiciones fiscales y una futura unión aduanera. De esta forma, Gibraltar pasará a formar parte del espacio Schengen, y se implantarán controles de pasaporte tanto por parte de las autoridades españolas como por la policía local gibraltareña en el puerto y el aeropuerto.
El acuerdo, cerrado en Bruselas con representantes de España, Reino Unido, la Unión Europea y Gibraltar, marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre Gibraltar y la UE. Aunque no resuelve la cuestión de la soberanía, se salvaguardan las posiciones de ambas partes al respecto. Desde el Gobierno español se celebra como un avance beneficioso para los ciudadanos, mientras que la oposición expresa reservas y exige que el pacto pase por las Cortes Generales.
La llamada 'Ley Bolaños' ha provocado que este miércoles, en distintos puntos de nuestro país, cinco asociaciones de jueces y fiscales hayan salido a las calles para denunciar las presiones a las que se enfrentan en su profesión y reclamar la independencia judicial. En el informativo de '24 Horas de RNE', hablamos sobre este revuelo con Luis Ortiz Vigil, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).
Vigil considera que el señalamiento de jueces por críticas a autos, como en el caso de Ángel Hurtado, es "absolutamente prescindible y hace un flaco favor a la ciudadanía". Por ello, añade: "Debería hacerse pedagogía por parte de todos los poderes del Estado para explicar que el normal funcionamiento de la justicia es un beneficio para todos"
En estos momentos, según detalla el representante de la AJFV, "existen mecanismos disciplinarios contemplados en la Ley Orgánica del Poder Judicial", que prevén "la posible imposición de sanciones por faltas de diversas categorías, según el tipo de infracción en que se pudiera haber incurrido". Sobre esta cuestión, Ortiz Vigil apunta además que el Código Penal contempla mecanismos que podrían "castigar a un juez que hubiera llegado a cometer un delito", y añade que "estos mecanismos constituyen una garantía para el ciudadano de que quien pudiera haber perpetrado algún tipo de infracción de esa naturaleza sería convenientemente castigado".
Por último, Luis Ortiz Vigil valora cuál es la situación actual en el acceso a la carrera judicial: "Creemos que se pone en serio riesgo el Estado de Derecho con esa rebaja de la excelencia" y por eso reclaman "un procedimiento sosegado, tranquilo y ordinario, en el que se hable con rigor y técnica sobre cómo debe ser el acceso a la carrera judicial, y que nos lleve hacia una justicia moderna".
El municipio de Figueruelas en Aragón, recibirá a más de 2.200 habitantes chinos para trabajar en una fábrica dedicada a la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. Este proyecto es una colaboración entre el grupo automovilístico neerlandés Stellantis y la empresa China CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited ), especializada en la fabricación de baterías litio-ion.
El arribo de este número de trabajadores chinos va a prácticamente triplicar la población del lugar, que cuenta con poco más de 1.200 vecinos empadronados, alterando por completo su demografía, economía y su vida social. El futuro cambio poblacional del municipio supondrá un auténtico desafío demográfico, social y tecnológico.
Sara Martín, secretaria general de UGT en la factoría de Aragón, exige "que se cumplan, cuanto menos, los mínimos legales marcados en nuestra regulación española". Asegura que estos trabajadores, "por mucho que vengan de fuera", tendrán que adaptarse.
A pesar de todo, la tarea no es sencilla en un municipio como en tantos de España, donde apenas hay ofertas de viviendas disponible. "Tenemos que hacer un trabajo ímprobo y urgente para dotarnos de soluciones habitacionales de viviendas para la gente", afirma el alcalde de la localidad aragonesa, Luis Bertol.
Por otro lado, el grupo automovilístico neerlandés, busca alojamientos en Zaragoza, donde han subido los precios de los alquileres han subido más de un 10% en el último año.
"Estamos muy tranquilos", asegura Bertol. "Vamos a aportar todo lo que podamos desde el Ayuntamiento y añade que no dudan en ningún momento que la compañía y los dirigentes "están haciendo las cosas muy bien". Afirma que "no es la primera vez que lo hacen y tienen experiencia y que no van a dejar absolutamente al azar".
Sin embargo, aún está por ver si estos trabajadores llegarán y se quedarán en una comunidad despoblada como Aragón. El territorio no es problema, pero otra cosa son los planes de la multinacional.
España, Reino Unido y Gibraltar han anunciado haber alcanzado un acuerdo "histórico" para la gestión de la relación entre la colonia británica y la Unión Europea (UE) tras el Brexit. En la reunión han participado los ministros de Exteriores de España y el Reino Unido, José Manuel Albares y David Lammy, así como el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Maros Sefcovic.
Ante este acuerdo, el alcalde de La Línea de la Concepción, José Juan Franco Rodríguez, ha indicado que es este municipio el que ha quedado "afectado". "La conclusión principal es que estamos ante algo histórico por lo que tenemos que estar contentos, [aunque] hay cuestiones que no se han tenido en cuenta", ha subrayado. Entre los temores del alcalde de este municipio gaditano se encuentra la posibilidad de una fuga de población a Gibraltar tal "como ya tuvimos en 1969", así como "un pico en los precios de la vivienda en el campo de Gibraltar".
"Se nos prometió un plan especial que cristalizó en 2018 y que los resultados ahí están, igual que con la propuesta de la ciudad autónoma", ha reclamado Franco Rodríguez. "No hay una ciudad en ningún país de España en el que 11.000 personas vayan a trabajar cada día al extranjero, por lo que hay prever una solución sui generis", ha advertido.
España, la Unión Europea y Reino Unido han alcanzado un acuerdo histórico sobre el estatus de Gibraltar tras el Brexit. Manuel Triano, secretario del Grupo Transfronterizo y secretario general de CCOO en el Campo de Gibraltar, celebra esta noticia en el informativo '24 Horas de RNE'. Aunque hay que esperar a conocer los detalles y la letra pequeña, "hoy estamos muy satisfechos, porque nos sentimos corresponsables de este acuerdo", asegura Triano.
El secretario del Grupo Transfronterizo asegura que llevan mucho tiempo reclamando este acuerdo y defiende que son muchos los trabajadores que se beneficiarán de él. "Hay sectores en Gibraltar, fundamentalmente el de servicios y comercio, que van a ser los más beneficiados", apunta. Sobre el compromiso de igualdad en materia de fiscalidad, Triano considera que es positivo para que "ninguna de las dos partes cobre ventaja respecto a la otra". "Creemos que es importante que eso se haya culminado y no deja de ser la consecuencia lógica de pasos que se han ido dando en los últimos años".
Las temperaturas disparadas afectan especialmente a los trabajadores que realizan su labor en la calle. El Ministerio de Trabajo ha vuelto a exigir a las empresas que cumplan los requisitos de seguridad. El verano pasado, las infracciones en prevención se multiplicaron por siete y las multas rondaron el millón y medio de euros.
En 2024 hubo cuatro olas de calor y tres fallecidos en el trabajo debido a altas temperaturas. La normativa de prevención exige la protección de los trabajadores ante temperaturas extremas, este es su tercer año de aplicación.
Pero no todas las empresas cumplen, denuncian los sindicatos. Esperanza Sánchez, secretaria General del Sindicato del Hábitat de CC.OO., explica que "las empresas que no cumplan se denunciarán a la inspección de trabajo".
En 2024, Trabajo realizó más de 11.000 inspecciones, detectando 275 infracciones. Este año quiere reforzar los controles en los sectores con mayor riesgo de estrés térmico, como los trabajadores de agricultura y construcción, que se amplía a comercios, hostelería y ocio.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, afirma que "nadie tiene que correr riesgos por golpes de calor ni por nada, hay permisos climáticos", que podrían activarse con alerta roja. Los avisos por calor de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) obligan, según la normativa laboral, a adaptar las condiciones de trabajo. Se prevén reducciones, modificaciones de horario, o incluso la prohibición de determinadas tareas a determinadas horas.
Como "una solución práctica" ha nombrado el ministro de asuntos exteriores, David Lammy el acuerdo "histórico" alcanzado entre España, Reino Unido y Gibraltar.
El corresponsal en Reino Unido de Radio Nacional de España (RNE), Guillaume Bontoux, explica que a través de un comunicado oficial el Ministerio de Exteriores del país ha destacado la importancia de terminar con años de incertidumbre sobre el peñón y la necesidad de terminar con los "controles entre personas y mercancías" entre ambos estados, lo que se verá reflejado en la economía de los ciudadanos.
Según Bontoux, los británicos han celebrado este pacto porque se "permite proteger la soberanía" y se "garantiza la autonomía operacional completa de las instalaciones militares en el peñón".
Las principales fuerzas de la oposición, en este caso los conservadores críticos en un principio a este acuerdo no se han manifestado ni en favor ni en contra sobre el pacto firmado en Brúcelas, donde han participado los ministros de Exteriores de España y el Reino Unido, José Manuel Albares y David Lammy, así como el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Maros Sefcovic.
La edad media de las personas que adquieren una primera vivienda en España ha aumentado en los últimos años, situándose en la treintena. "Sin duda son datos muy preocupantes", ha afirmado el presidente de la Asociación de Agencias Inmobiliarias, José María al Alfaro. Añade que vivimos en una época en la que buena parte de la población no puede alquilar, se independizan más tarde y, los más afortunados, compran una vivienda con "la ayuda familiar".
El 70% de las personas que alquilan lo hacen en pareja, solo el 17% se aventura a hacerlo en solitario. Por otro lado, un 13% comparte piso, normalmente con amigos y un 7,5% entre familiares. Según explica Alfaro, los precios "están subiendo dos y tres veces más" en la periferia "que incluso en los centros urbanos".
Este alza de los precios está empujando los precios al alza. Este es el caso de las habitaciones que, en ciudades como Madrid, a 15 kilómetros del centro urbano, un alquiler habitacional puede llegar a costar más de 600 euros mensuales. Es "un extremo que nosotros jamás habíamos visto", afirma Alfaro.
Para alquilar un piso por debajo de 800 euros en ciudades como Madrid uno se tiene que ir a 25 o 30 kilómetros del núcleo urbano. "Se está generando una burbuja de potencial morosidad en el mercado del alquiler", afirma Alfaro y añade que tener que pagar tales cantidades de dinero para el alquiler, condiciona la calidad de vida de las personas.
