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Tras decretarse el estado de alarma en España, muchas empresas han recurrido a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) durante el parón de su actividad comercial. Por ello los trabajadores se preguntan cómo deben actuar y los derechos que tienen ante esta situación. Debido a las medidas extraordinarias impulsadas por el Gobierno, todos los empleados cuya empresa se haya sujeto a esta medida durante el cierre temporal de los establecimientos podrán cobrar la prestación por desempleo tengan o no el mínimo de tiempo cotizado. Además, serán las propias empresas las que tengan que hacer los trámites

Italia da 72 horas para que cierren actividades no esenciales, un plazo excesivo para los sindicatos que creen que no se está protegiendo a los trabajadores. Deben parar las obras en curso, la minería, parte del textil y actividades en fábricas y oficinas, según informa el corresponsal de TVE, Lorenzo Milá.

El Gobierno ha aprobado esta semana una batería de medidas para contrarrestar el impacto económico del coronavirus. Entre las más destacas, se ofrecerá la prestación por desempleo a autónomos y afectados por ERTEs, se facilitará la obtención de liquidez a las pymes y se concederán moratorias en el pago de hipotecas. En total, el Ejecutivo movilizará 200.000 millones de euros, casi un 20% del PIB.

El Gobierno movilizará200.000 millones de euros, casi un 20% del PIB español, parareducir el impacto económico de la crisis del coronavirus en las empresas y en los trabajadores. Más de la mitad de ese dinero será público, para apoyar la liquidez y para medidas "para las familias vulnerables, para proteger a todos los trabajadores, para proteger a las empresas y autónomos y para apoyar la investigación científica y médica".

El impacto que puede causar el coronavirus en el tejido empresarial español resulta incalculable e impredecible. “Evidentemente va a ser grande”, auguraba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras declarar este sábado el estado de alarma en España, una medida excepcional que no solo obliga a los 46 millones de españoles a permanecer en sus domicilios salvo causas de fuerza mayor, sino que también ha delimitado la actividad de muchas empresas, que se han obligado a echar el cierre y despedir a sus empleados.