Vecinos de Vitoria se han movilizado ante el desahucio de una familia con dos hijos menores, de ocho y diez años. Llevaban más de una década en la vivienda y dicen que pagaban todos los meses. Finalmente, les han desahuciado. El casero alega que quiere recuperar el inmueble.
Llevan en el piso 14 años y aseguran que siempre han pagado el alquiler. Al parecer, el propietario les obligó a abandonar la casa después de que la familia le pidiera realizar los pagos por transferencia, algo a lo que el dueño se negó. Ahora la familia no sabe dónde podrán vivir
Maricarmen permanece ingresada en el Hospital Gregorio Marañón 48 horas después de ser desahuciada. Su familia asegura que, por el momento, no dispone de una alternativa habitacional y muestra su preocupación por el estado físico en el que se encuentra. "La preocupación mayor en este momento, aparte de que Maricarmen está exhausta, cansada, agotada, es que no tiene ganas de comer", explica su primo, Vicente, en una entrevista concedida al programa de La 1 Mañaneros 360. La familia teme especialmente que esta falta de apetito pueda agravar su estado físico.
Vicente también ha querido agradecer el apoyo recibido durante las últimas semanas, especialmente al Sindicato de Inquilinas y a las personas que se han movilizado en Madrid y en otros puntos del país. "Su comportamiento, el trabajo realizado y el apoyo y solidaridad que ha tenido con mi prima es absolutamente para hacer un monumento", afirma.
Para la familia, el caso de Maricarmen trasciende su situación personal y refleja un problema más amplio de acceso a la vivienda. "El problema de Maricarmen no es solamente Maricarmen, es el de Paca, es el de Juani, es el de Mariano, que también los han desahuciado en situaciones similares", señala Vicente. El familiar considera que se trata de un problema estructural y reclama medidas frente a la presencia de fondos de inversión en sectores considerados básicos. "No se deben permitir los fondos buitre", sostiene. En su opinión, mientras estos fondos continúen operando en ámbitos como la vivienda, seguirán produciéndose casos similares.
"Esto, o se corta de alguna manera en todos estos ámbitos, o seguiremos teniendo casos de Maricarmen hoy, y mañana, y pasado", afirma.
Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada esta semana de la vivienda en la que llevaba 71 años viviendo, ha enviado su primer mensaje público después de ser trasladada al hospital Gregorio Marañón tras el desahucio. "No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya", ha declarado.
La anciana agradece el apoyo recibido durante las movilizaciones y, en especial, al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y a su abogada, Beatriz Duró. "Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás, pero eso no significa que no vaya a seguir luchando", señala.
Maricarmen asegura además que continuará colaborando con el movimiento por la vivienda pese a su edad y a sus problemas de salud. "Lo que quiero es que ese problema que tenemos con todos los fondos buitre se elimine de una vez por todas", afirma en su mensaje, en el que también anima a participar en la manifestación convocada este sábado 26 de septiembre a las 18.30 horas en la Puerta del Sol.
Fuentes del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos han confirmado que Maricarmen se encuentra bien, aunque continúa ingresada y sometida a pruebas médicas. Tras el desahucio tuvo que ser evacuada en camilla por el Samur y trasladada en ambulancia al Gregorio Marañón, donde permanece desde entonces.
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha recalcado en Las mañanas de RNE que el desahucio de Maricarmen es "un punto de inflexión" en el tema de la vivienda, y asegura que si se hubiera aprobado el decreto de vivienda este desahucio no se hubiera producido.
Bustinduy exige expropiar el piso deMaricarmen para devolvérselo y asegura que, aunque el desahucio haya sido legal, "el Gobierno tiene herramientas para hacer que esto no se quede así y creo que es nuestra obligación ejercerlas". Además, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, recalca que esta situación es una oportunidad para mandar un mensaje a los fondos buitre: "En este país no son bienvenidos".
Sobre la posibilidad de que el martes no salga aprobado el paquete de medidas de vivienda, Bustinduy rechaza pronunciarse sobre si abandonaría el Gobierno.
Ada Colau ha reclamado al Gobierno que el próximo decreto de vivienda sea "de máximos y no “de mínimos", y ha defendido que el PSOE debe cumplir su compromiso de hacer "el máximo esfuerzo" para garantizar el derecho a la vivienda. La exalcaldesa de Barcelona ha considerado que el desahucio de Maricarmen ha evidenciado un "fracaso colectivo", y ha pedido recuperar la moratoria para personas vulnerables, prorrogar los alquileres y regular los contratos de temporada. "Lo importante es que ha habido una lección popular a la impotencia de la política institucional”, ha señalado.
Colau ha defendido además la creación de un fondo público para adquirir viviendas en manos de fondos de inversión y evitar nuevos desahucios de personas vulnerables. Sobre la posibilidad de que Junts no apoye las medidas, ha reclamado que las iniciativas se presenten igualmente y que cada grupo parlamentario "se retrate" en el Congreso. También ha criticado la actuación del Ministerio de Vivienda ante los últimos desahucios, y ha sostenido que "no se ha hecho todo lo suficiente" para proteger a las personas afectadas.
Preguntada por su futuro político, Colau ha descartado volver a la política activa. Ha explicado que "no soy candidata a nada", y que no tiene intención de "liderar nada", aunque ha asegurado que seguirá defendiendo el derecho a la vivienda y que, si puede contribuir a que las izquierdas se organicen para frenar el avance de la extrema derecha, lo hará. "He defendido el derecho a la vivienda durante décadas, toda mi vida", ha afirmado.
El desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años en Madrid, ha actuado como desencadenante de una ola de protestas por el derecho a la vivienda en 16 ciudades. La indignación se suma a casos como el de Erandio (Vizcaya), donde un fondo ha adquirido 150 viviendas de alquiler. Allí, los inquilinos han presentado una demanda colectiva a la espera de ser declarados zona tensionada para frenar desalojos inminentes tras recibir ofertas de compra inasumibles. Las movilizaciones recorrieron ciudades como Bilbao, Santiago, Salamanca o Tenerife. En esta última, la presión social logró que el Gobierno canario paralizara el desahucio de una mujer con cáncer terminal.
Los vecinos de este bloque de viviendas van a protestar en la calle y defienden su derecho a quedarse. En total son más de 150 familias afectadas. El Gobierno Vasco ha dado prioridad a la declaración de Erandio como zona tensionada, pero probablemente no llegará hasta enero
El piso de Maricarmen lo compró una empresa, Urbagestión, que solicitó el desahucio. En el Telediario, nos hemos preguntado quiénes son los propietarios de las viviendas de alquiler en España, ya que una de cada cuatro personas vive en arrendamiento. Seis de cada 10 viviendas en alquiler son de multiarrendadores, aquellos que tienen en alquiler más de una casa . Son personas físicas, empresas, fondos de inversión o SOCIMI, que han aumentado su peso en el mercado del alquiler en los últimos años.
El caso de Maricarmen, el desahucio de una mujer de 87 años en Madrid, ha conmovido a todo el país, pero no es único: hay muchas otras Maricarmen en toda España, decenas de expulsiones a diario sin alternativa habitacional. En el primer trimestre de 2026 se dieron, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, 4.005 desahucios, una media de 44 al día.