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Ricard Pagès ha declarado en la Audiencia Nacional que el Banco de España tenía todos los datos de los sueldos de los directivos y los seguros vinculados a sus contratos. También ha reconocido que se realizaron aportaciones económicas a los fondos de pensiones. Según la Fiscalía, Pagés orquestó un entramado de pólizas y planes de pensiones que permitía a la dirección cobrar indemnizaciones millonarias cuando dejaban el cargo. Los otros tres exdirectivos en el banquillo han asegurado que todos los seguros eran legales y que sus derechos eran los mismos que los del resto de trabajadores.

Primer juicio por apropiación indebida y administración desleal de antiguos responsables de Cajas de Ahorros. En el banquillo de la Audiencia Nacional se sientan cuatro exdirectivos de Caixa Penedés. La Fiscalía pide que devuelvan más de 15 millones de euros cobrados indebidamente de un seguro que les blindaba al cesar en sus cargos. Además el Ministerio Público pide tres años de prisión para los exdirectivos Manuel Troyano, José Abella y Joan Caellas y tres años y medio de cárcel para el ex director general de Caixa Penedès, Ricard Pagès.

El fiscal acusa a cuatro exdirectivos de Caixa Penedés de adjudicarse de forma irregular pensiones por un valor superior a los 31 millones y medio de euros cuando estaban al frente de la caja. La entidad necesitó ayuda pública para evitar la quiebra y en 2010 tuvo que fusionarse con otras para formar el Banco Mare Nostrum, que recibió 915 millones de euros en ayudas públicas. El primero de los imputados en declarar, José Abella, cuyo plan de pensiones ascendía a 5.700.000 euros, ha señalado que "no cometió ninguna irregularidad y que su contrato estipulaba que se podía jubilar a partir de los 60 años". También ha argumentado que la cuantía de las pólizas del seguro que cobraron en concepto de indemnización, fue fijada por una empresa externa.

La española Deoleo, con marcas como Carbonell y Koipe, es la principal envasadora mundial de aceite. Cuatro cajas -Bankia, CaixaBank, BMN y la Kutxa- quieren vender su participación en la aceitera y, como sus acciones superan el 30% del total, quien las quiera tiene que quedarse con toda la empresa.

Un juzgado de lo Social de Barcelona ha sentenciado que el expresidente de Catalunya Caixa Adolf Todó y el ex consejero delegado Jaume Masana deben ser readmitidos en sus cargos o bien ser indemnizados con 600.000 euros cada uno por despido improcedente. El ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha dicho que se va a recurrir la sentencia.

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha alegado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que la venta de preferentes estaba autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España y que él no se puede responsabilizar de la falta de información que los directores de sucursal dieran a sus clientes. Además, ha afirmado que ser minorista o jubilado no implica ser un "ignorante financiero". Y que en todo caso eran "responsables" de lo que firmaban.

La Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia han sido las más castigadas por la crisis -en el periodo comprendido entre el segundo trimestre de 2008 y el primer trimestre de 2013-, mientras que el País Vasco, Madrid, Navarra y Castilla y León, han sido las menos perjudicadas, ha informado la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas). Así, en el último numero de Papeles de Economía Española, editado por Funcas y dedicado a la economía de las regiones españolas durante la crisis, asegura que existen diferencias "considerables" entre las comunidades, lo que supone que habrá que "priorizar" distintas políticas dependiendo de la situación de cada autonomía. Además, considera que las comunidades de Aragón, Cataluña, La Rioja, Galicia, Extremadura, Cantabria, Asturias, Baleares y Canarias, han sufrido un impacto intermedio.

La crisis de la Caja de Ahorros del Mediterráneo ha costado 5.250 millones a las arcas del estado. La CAM fue intervenida por el FROB en julio de 2011 y cinco meses después era vendida por un 1 euro al Banco Sabadell. Los directivos que llevaron a la CAM hacia la bancarrota tienen abiertos varios procesos judiciales. Como otras cajas, su expansión tuvo mucho que ver con los proyectos urbanisticos.