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El secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez, el dirigente histórico de CC.OO. Rodolfo Benito, el socialista Ángel Gómez del Pulgar, del PSM, el jefe de gabinete de la secretaría de Estado de Hacienda, José María Buenaventura, y el gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Manuel José Rodríguez. han dimitido este viernes a raíz del caso de las tarjetas 'opacas' de Caja Madrid, que investiga a 86 consejeros y directivos de la entidad que habrían cargado en ellas gastos privados por valor de 15,2 millones de euros. Buenaventura y Rodríguez fueron propuestos por el Partido Popular. Ayer el fraude con las tarjetas ya provocó la dimisión de Carmen Cafranga, presidenta de la Fundación Caja Madrid y de Pablo Abejas, hasta ayer director general de economia de la comunidad. De los 86 consejeros que disponían de tarjetas de crédito opacas al fisco, 28 fueron nombrados a propuesta del Partido Popular; 15 por iniciativa del PSOE.; 4, por Izquierda Unida y 13 si sumamos patronal y sindicatos.

El escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid ha provocado cuatro nuevos ceses. Dos son sindicalistas, hay también un miembro del Partido Socialista de Madrid, y el ultimo, el jefe de gabinete del secretario de Estado de Hacienda.

Hacienda quiere lanzar un plan para analizar a todas las grandes compañías españolas, incluidas las del IBEX 35 para descartar fraudes e irregularidades en el uso de tarjetas de crédito para evitar operaciones opacas al fisco.

La Fiscalía Anticorrupción ve indicios de delito en el uso de las tarjetas de crédito por parte de directivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia, entre ellos Rodrigo Rato. La acusación se sustenta en un informe interno elaborado por Bankia, la entidad en la que se integró la parte financiera de la caja madrileña. 

 

Caja Castilla-La Mancha fue la primera en caer, hace más de cinco años. A partir de ahí, se fueron desplomando más entidades, hasta ocho, que el Estado rescataba a través del FROB. En total, las ayudas públicas superan los 61.000 millones, de los que la tercera parte se destinaron a salvar a Bankia.