El expresidente filipino Duterte comparece en la CPI acusado de crímenes de lesa humanidad en su guerra contra las drogas
- Ha asistido a una vista preliminar del proceso judicial, que comienza formalmente el próximo 30 de noviembre
- El exmandatario ha tratado de evitar comparecer personalmente en el proceso alegando deterioro cognitivo y de memoria
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte se ha sentado este miércoles, finalmente, en el banquillo ante la Corte Penal Internacional (CPI), que le juzga por crímenes contra la humanidad durante su guerra contra las drogas como alcalde de Davao, primero, y presidente de Filipinas después, entre 2011 y 2019. Se ha tratado de una audiencia preliminar cuyo objetivo ha sido dictaminar las formas que tendrá el proceso judicial teniendo en cuenta la elevada edad del exmandatario y su deterioro cognitivo y mental. El inicio formal del proceso judicial tendrá lugar el próximo 30 de noviembre.
Durante la audiencia, la fiscalía y sus testigos han esgrimido sus argumentos a favor de que el acusado asista a este proceso de manera presencial y no por videoconferencia desde la prisión como ha pedido su defensa. "Estamos contentos de que finalmente haya comparecido y de que parezca estar bien. De hecho, parece que ha ganado peso", declaró por videoconferencia Llore Pasco, cuyos dos hijos murieron durante la guerra contra las drogas de Duterte. Por su lado, la defensa del exmandatario, ha rechazado los tiempos del proceso: "Si tuviera un cliente más joven y saludable, solicitaría aplazar el juicio seis meses" ha declarado Peter Haynes, portavoz del equipo, calificando de "enorme e imposible" la cantidad de documentación presentada por la Fiscalía y afirmó que su equipo nunca podría examinar decenas de miles de pruebas a tiempo.
Por su parte, la jueza presidenta del tribunal, Joanna Korner, ha pedido a los fiscales que busquen formas de acortar el juicio, debido a la edad y el estado de salud del acusado. "Es importante que este juicio se celebre lo antes posible", ha sentenciado, instando a las partes a limitar el número de testigos y centrarse en las pruebas fundamentales. También ha reiterado que Duterte deberá estar presente, salvo nuevas excepciones concedidas por salud o voluntad propia validadas por la Corte.
“Es importante que este juicio se celebre lo antes posible“
A pesar de ser solo una audiencia preliminar, había una gran expectación por esta vista, ya que se trata de la primera comparecencia presencial del exmandatario desde que fuese detenido el pasado 11 de marzo de 2025 en Manila. Ataviado con un traje oscuro y una camisa blanca, el exmandatario, de 81 años, ha llegado a la audiencia sin mostrar, al menos por el momento, signos de evidente deterioro cognitivo o de memoria que le impidan afrontar el juicio. Ha permanecido sentado y en silencio, bebiendo agua durante las vistas. Tan solo se puso de pie y saludó con la mano a sus familiares, que se encontraban en la zona destinada al público.
El fin de un largo proceso
Traer a Duterte ante el CPI ha sido un proceso largo y complejo que ha requerido de la colaboración de diferentes entidades. Tras ser acusado formalmente por La Haya en 2018, al año siguiente Duterte, por aquel entonces todavía en el poder, sacó a Filipinas del Estatuto de Roma para así esquivar la imputación. Sin embargo, la Corte se reservó el derecho a juzgar todos los delitos cometidos por el mandatario hasta su salida del Estatuto, el 16 de marzo de 2019.
Con Duterte ya fuera del ejecutivo, en 2025 la CPI trató de arrestarlo. Para ello tuvo que contar con la colaboración del vigente presidente del país y opositor político del exmandatario, Ferdinand Marcos Jr., con quien el ahora detenido había mantenido una buena relación hasta unos años antes (subió al poder en 2022 apoyado por la propia hija del expresidente Sara Duterte). La operación tuvo lugar en marzo de 2025, cuando un avión fletado específicamente para ese propósito trasladó y extraditó al acusado desde Manila a La Haya.
Ya encarcelado, el último resquicio al que el exmandatario se aferró para evitar comparecer ante el tribunal fue su deterioro cognitivo y de memoria. Durante los días posteriores a su arresto, Duterte alegó estar demasiado "viejo, cansado y débil" para asistir al juicio. "No deseo asistir a procedimientos judiciales que olvidaré en cuestión de minutos. Pido a la Corte que respete mi paz dentro de la celda en la que me ha colocado. He aceptado el hecho de que podría morir en prisión", dijo tras su ingreso en el centro penitenciario. Su abogado apuntó entonces que los expertos que el CPI había designado para evaluar a su cliente habían determinado que sufría un "deterioro" en las "capacidades visoespaciales" y que en las pruebas neurológicas había obtenido un "0" en fluidez lingüística.
Con todo, en enero el tribunal finalmente falló a favor de la fiscalía, que alegaba que "no existía causa razonable" para que Duterte no compareciese personalmente ante el tribunal.
Crímenes contra la humanidad
La Fiscalía de la CPI acusa a Duterte de tres cargos de crímenes de lesa humanidad por crear, financiar y armar escuadrones de la muerte que tenían como objetivo a vendedores y consumidores de narcóticos. Lo consideran "plenamente responsable a título individual" como "coautor indirecto, por haber 'ordenado, inducido o instigado' la comisión de asesinatos". Según el escrito presentado en septiembre, el exmandatario era consciente de que bajo su autoridad se cometerían "crímenes violentos, incluidos asesinatos".
De esta forma, la Fiscalía ha sostenido que entre 2011 y 2019 Duterte operó primero a nivel local a través del Escuadrón de la Muerte de Davao, cuando era alcalde de dicha ciudad, y posteriormente a nivel nacional mediante una "red nacional de policías, agentes antidroga y sicarios" reclutados durante su presidencia (2016-2022).
La policía filipina ha informado de que alrededor de 6.200 filipinos murieron durante las operaciones antidroga del Gobierno entre 2016 y 2022. No obstante, los grupos de derechos humanos de Filipinas sostienen que hasta 30.000 personas murieron en la denominada "guerra contra las drogas", la mayoría de ellas personas empobrecidas de zonas urbanas, señala Human Rights Watch (HRW).
El modus operandi consistía en oficiales de la Policía Nacional Filipina o fuerzas paramilitares que allanaban viviendas por la noche sin orden judicial, arrestando y luego ejecutando a sospechosos. En algunos casos, incluso llegaban a presentar pruebas falsas para justificar sus actos. Un número muy pequeño de los miles de casos ha sido investigado o procesado, y solo cuatro de ellos resultaron en condenas, todos contra agentes de policía de bajo rango, por ejecuciones extrajudiciales.
