La Fiscalía pide 18 años de inhabilitación para el exalcalde de Cádiz 'Kichi' por prevaricación y revelación de secretos

• También pide una multa de 18 meses con una cuota de 20 euros, 10.800 euros en total
• El fiscal señala la contratación de un asesor cuando el equipo del alcalde "tenía cubierto el cupo"

El exalcalde de Cádiz José María González, Kichi, a la salida del Juzgado de Instrucción número 2, en junio de 2024

La Fiscalía Provincial de Cádiz ha pedido 18 años de inhabilitación especial para cualquier cargo electivo para el exalcalde Cádiz José María González, Kichi, al que acusa de dos delitos continuados de revelación de secretos y de prevaricación por el desempeño que tuvo un asesor de su partido en el consistorio. Además, el fiscal solicita para el exregidor 18 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros, lo que suman 10.800 euros.

La Fiscalía también acusa en su escrito a David Navarro González Santos (entonces concejal del Área de Personal), José Vicente Barcia Magaz (jefe de Gabinete de Alcaldía), José Ramón Páez Pareja (asesor de Alcaldía) y Laura Jiménez Ortega (concejala Delegada del Servicio de Turismo) y al que fuera asesor de Por Cádiz Sí Se puede Fernando García Acuña.

La Fiscalía argumenta que "tenía cubierto el cupo de asesores"

Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, en 2018 el equipo del entonces alcalde "tenía cubierto el cupo de asesores" y urdió "un plan" para contratar como asesor jurídico del Grupo Municipal Por Cádiz Sí Se Puede a Fernando García.

El ministerio público argumenta que este asesor, contratado por el partido del equipo de gobierno (Por Cádiz Sí se Puede) entre abril de 2018 y abril de 2019, "no tenía la condición de funcionario público, personal laboral, ni personal eventual, accedió de manera continuada a la información de carácter reservado relacionada fundamentalmente con el área de contratación, que era gestionada por autoridades y funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Cádiz".

Además, asegura que dicho acceso a esa información y documentación reservada con la gestión de la cosa pública por parte de un tercero ajeno a la Administración "fue llevada a cabo por orden e indicación directa" del alcalde, los dos concejales (de Personal y de Turismo), el jefe de gabinete y el asesor del equipo de gobierno acusados. En este sentido, la Fiscalía detalla una serie de expedientes a los que esta persona tuvo acceso.

Según el ministerio público, el asesor "impartió instrucciones" a funcionarios públicos

Además, añade que esta persona contratada por el partido "impartió instrucciones a miembros del Consistorio que ostentaban la condición de funcionarios públicos, quienes reunían los requisitos académicos y experiencia profesional suficiente para no precisar la ayuda de terceros en el ámbito de actuación de sus competencias".

"Las decisiones, indicaciones e instrucciones con origen en este acusado, amén de modificaciones sobre expedientes, tenían carácter preceptivo en cuanto a su cumplimiento, extremos que debían ser acatados por los funcionarios, siendo éste respaldado en el ejercicio de sus funciones por los miembros acusados del equipo de gobierno", asegura la Fiscalía, que apunta que "lógicamente ningún documento obrante en el expediente municipal contiene la firma del acusado por más que los pliegos de condiciones hayan sido redactados bien de manera directa por parte del mismo, bien de manera mediata por el funcionario que finalmente lo firmaría y asumiría su autoría siguiendo las instrucciones impartidas por el acusado".

La Fiscalía recuerda que el acceso público a la información municipal que constituye la oferta pública de licitación no es accesible hasta el anuncio respectivo, para evitar que la oferta pública se dirija a determinados operadores económicos introduciendo requisitos que concurran en éstos y no en terceros. En este sentido, recuerda que la función de asesor político, de darse, no se encuentra asociada a la adopción de decisiones, impartir instrucciones u ordenar modificaciones, sino que se circunscribe al asesoramimento del político objeto del mismo, que finalmente firmaría y asumiría las decisiones.

La Fiscalía señala que la labor que desempeñó el asesor contratado por el partido "se centró en la confección y modificación de expedientes que comportaban licitaciones públicas de naturaleza municipal, y asociado a ello, el consecuente y habitual acceso a información restringida que posteriormente constituiría la base de la publicación de las distintas licitaciones públicas", detallando además en los pliegos y contratos de servicios en los que participó.

Además, segura la Fiscalía que la presencia de esta persona era "habitual en runiones en las que era convocado en presencia del equipo de gobierno y funcionarios públicos, así como otros actores, poniendo de relieve la relación directa y el respaldo institucional que recibía y por ende, ofreciendo la falsa sensación ante los funcionarios municipales de la presunta condición laboral de este, ya fuese como funcionario o asesor". Igualmente, la Fiscalía señala que funcionarios públicos recibieron correos de esta persona, como experto en licitaciones públicas, "recibiendo órdenes/instrucciones" y asegura que "todo ello se realizó con la connivencia de los acusados del equipo de gobierno", así como que "solicitaba información perteneciente al espectro municipal restringida e introducía cambios" e "impartía indicaciones de cómo debían acometer sus tareas funcionarios públicos"