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Organizaciones agrarias piden más flexibilidad para poder cosechar en momentos de riesgo extremo de incendio

  • Agricultores de la Región protestan con tractores por las pérdidas que, aseguran, sufren por estas restricciones
  • La Junta se reunirá este viernes con ASAJA y UPA para tratar este asunto
Concentración de tractores John Deere y Claas, y una cosechadora Claas Lexion 540, en una protesta de agricultores en Guadalajara, Castilla-La Mancha.
Un grupo de trabajadores del campo protestan con sus vehículos agrícolas en Guadalajara
David Sánchez - RTVE Cuenca

“Estamos perdiendo tiempo y nos está costando la salud”. Así resume un agricultor el estado de ánimo del sector en esta publicación en redes sociales de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara. Rechazan la actual normativa que impide cosechar cuando el Índice de Propagación Potencial de Incendios es extremo o muy alto. El objetivo de la norma es evitar incendios forestales.

El malestar con esta normativa se está convirtiendo en protestas improvisadas. Este miércoles, cerca de medio centenar de tractores han cortado la A-2 en Guadalajara en municipios como Alcolea del Pinar o Molina de Aragón. Unas protestas que pueden extenderse a la provincia de Cuenca a partir de este viernes si la reunión prevista entre la Junta y las organizaciones agrarias fracasa.

¿Qué es el Índice de Propagación Potencial de Incendios?

Tal y como explica la web del Infocam, el Índice de Propagación Potencial de Incendios o IPP es “un indicador que determina la intensidad, el desarrollo y la dificultad de extinción que un incendio forestal podría llegar a alcanzar en un momento y lugar determinados”.

La Junta lo publica todos los días por la tarde en un mapa de colores establecido mediante un algoritmo que tiene en cuenta 5 niveles, del más bajo al más extremo. En función del nivel de riesgo, el mapa del Infocam pinta cada municipio y cada comarca del color correspondiente al nivel de riesgo.

Ese mapa de colores impide ciertas labores cuando el Infocam indica un riesgo muy alto o extremo de propagación de incendios forestales.

La Orden 76/2026, de 26 de mayo, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, establece en su artículo 19 las prohibiciones y limitaciones condicionadas al nivel de IPP diario. Entre ellas, está el uso de “maquinaria y equipos en los terrenos forestales y en la zona de influencia de 400 metros alrededor de ellos cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas”.

Las reivindicaciones del sector

El sector cerealista reclama que las cosechadoras sean excluidas de esta normativa y critica que la publicación del IPP por la tarde les impide organizarse para el día siguiente.

UPA señala que esta norma provoca “pérdidas económicas irreparables para cientos de explotaciones familiares”, especialmente en las provincias de Guadalajara y Cuenca, que están en verano al final de la cosecha.

ASAJA calcula que esas pérdidas ascienden a 6 millones de euros sólo en la provincia conquense, donde, según esta organización agraria, todavía queda el 50% del cereal por cosechar.

Las organizaciones agrarias acusan a la Junta de no escuchar sus propuestas para sustituir el IPP por otro sistema que les permita seguir cosechando sin las restricciones actuales. Entre esas medidas, ASAJA pide que se utilicen los indicadores de la AEMET para fijar el nivel de riesgo o que se gestione mediante el SIGPAC (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas) la delimitación de franjas de 10 metros libres de vegetación alrededor de las masas forestales.

Reunión entre la Junta y las OPAS

Este viernes 17 de julio, la Consejería de Desarrollo Sostenible y las organizaciones agrarias UPA y ASAJA se reunirán para tratar estas quejas.

La Junta ha anunciado que se plantea publicar el IPP por la mañana y por la tarde con la intención de que los agricultores puedan trabajar con mayor precisión. Una medida que rechaza de plano el presidente de ASAJA en Castilla-La Mancha, José María Fresneda, que insiste en que las protestas se extenderán a la provincia de Cuenca si la Junta insiste en esa vía.

Por su parte, UPA denuncia que la situación es insostenible para el sector por pérdidas económicas de 500 kilos por hectárea.