Primeras multas de 30.000 euros por el incumplimiento de la ley de vivienda en Cataluña
- Las sanciones se han impuesto a tres grandes tenedores, propietarios de más de 10 viviendas
- A fecha de 1 de julio de este año hay seis resoluciones cerradas y 654 expedientes en tramitación
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
La Generalitat ha impuesto tres multas de 30.000 euros cada una, a tres grandes tenedores (personas físicas o jurídicas que tienen más de 10 viviendas o una superficie construida de más de 1500 metros cuadrados) por incumplimientos de la ley de vivienda en Cataluña. Se trata de tres sanciones que ya han sido notificadas a los interesados. Se encuentran con el expediente cerrado otras tres sanciones a 1 de julio de 2026.
La Agència de l'Habitatge de Catalunya es el ente encargado de fiscalizar el cumplimiento de la ley de vivienda. Ha dictado seis resoluciones sancionadoras, ya cerradas, y mantiene 654 expedientes en tramitación.
Medidas para contener el precio del alquiler
En marzo, a raíz del desahucio del bloque de la calle Sant Agustí, la Generalitat anunció que abriría un expediente a la empresa que quería transformarlo en una covivienda y avanzó que ya tenía 423 diligencias previas abiertas y 22 expedientes en fase de sanción.
A finales de abril, el número de expedientes en trámite ya subía hasta los 529, de los que un 89 % se encontraban en la fase de diligencias previas. En ese momento, según informó la Generalitat, un 79 % de los expedientes eran a propietarios que se habían saltado los topes del alquiler. Otras irregularidades investigadas eran la repercusión indebida de los gastos de gestión inmobiliaria o en la formalización del contrato de alquiler, así como la falta de constancia de la condición de gran tenedor o del precio. Dos meses más tarde, ya se han impuesto las primeras seis multas.
Multas de 3.000 a 900.000 euros
Las multas previstas por incumplir la ley de vivienda en Cataluña, la primera comunidad autónoma en aprobar su régimen sancionador, oscilan entre los 3.000 y los 900.000 euros, en función de la gravedad de la infracción.
El Govern aprobó en 2025 este régimen sancionador mediante un decreto ley pactado con los comunes, y el Parlament lo convalidó con los votos de PSC, ERC, Comuns y la CUP. Junts, PP, Vox y Aliança Catalana votaron en contra.
En el acuerdo de presupuestos, el grupo parlamentario que encabeza Jéssica Albiach también acordó con el ejecutivo catalán crear una Dirección General de Disciplina que persiga a quienes incumplan la ley de vivienda, tras el refuerzo de 100 inspectores de vivienda más, acordado a finales de 2025.
