Dimite el jefe de gabinete de Industria de Alicante por la polémica sobre adjudicaciones de vivienda protegida

• Miguel Ángel Sánchez dice que no tiene vínculos jurídicos ni patrimoniales con la VPO de Alicante
• Alega el impacto personal que la "exposición mediática" está teniendo en su entorno familiar

Vista del Residencial Les Naus en Alicante Joaquín Reina Joaquín Reina / Europa Press

Nuevo capítulo en la polémica sobre la adjudicación de vivienda pública en Alicante con la dimisión, esta tarde, del jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Miguel Ángel Sánchez. Es la tercera dimisión en relación con este escándalo, tras la renuncia de la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Rocío Gómez y la que fuera la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman. La polémica saltó hace una semana cuando se desveló que la concejala de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, era propietaria de un piso en un bloque de viviendas de protección oficial.

Sánchez ha hecho constar a través de un escrito entregado a la consellera que no tiene ninguna vinculación jurídica, patrimonial ni administrativa con la promoción de vivienda protegida de Alicante, y que fue adjudicada a una persona ajena a su responsabilidad profesional; también hace constar que no ha intervenido directa ni indirectamente en ningún procedimiento relacionado con dicha adjudicación, que pertenece por completo al ámbito privado de terceros.

Asimismo, Sánchez ha explicado que, en una decisión estrictamente personal y ante el contexto mediático que se ha generado en los últimos días, ha decidido renunciar a su puesto tras regresar de la misión institucional que la Generalitat desarrolla hasta este domingo en China.

El motivo, según argumenta, es "la creciente exposición mediática en torno a este asunto, así como el impacto personal que está teniendo sobre mis hijas menores y mi entorno familiar", lo que "me llevan a considerar que lo más responsable, en este momento, es dar un paso al lado de manera voluntaria ante la exposición mediática generada por una situación plenamente ajena, con el único objetivo de proteger a mi familia y evitar que esta circunstancia pueda ser utilizada malintencionadamente para proyectar dudas o generar ruido sobre la acción del Consell".

La izquierda y Vox piden la dimisión del alcalde

Los partidos de la izquierda en el ayuntamiento de Alicante, el PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem, y también Vox, han exigido la dimisión del alcalde de la ciudad, Luis Barcala, del PP, para asumir sus responsabilidades políticas por las irregularidades en la adjudicación de viviendas públicas protegidas (VPP) en la Playa de San Juan.

Una petición que el PSOE ha justificado por estar "bajo sospecha" en este supuesto caso "de corrupción". Los socialistas han señalado que esta legislatura es la del "pelotazo de la vivienda" y que Barcala es el máximo responsable político en un caso donde "hay demasiadas preguntas sin respuestas" ante la posibilidad de que hubiera información privilegiada para la elección de los adjudicatarios, y le ha exigido que aclare si hay más personas cercanas al PP beneficiarios ya que "Alicante no merece esto".

El portavoz de Compromís ha declarado sentir "vergüenza" por lo sucedido y ha pedido al alcalde que vaya al juzgado para declarar lo que sabe en torno a las irregularidades. Por su parte, desde EU-Podem han asegurado que lo sucedido "no es un error puntual" sino la aplicación "consciente y voluntaria del modelo de vivienda del PP" y ha concluido exclamando "váyase".

A la petición de dimisión del alcalde del PP también se ha adherido posteriormente Vox, partido en el que se apoyan los populares en el consistorio, que gobiernan en minoría a falta de un concejal para la mayoría absoluta. Su portavoz ha instado a Barcala a que aclare cuándo supo que la concejala de Urbanismo era adjudicataria antes de concluir que debe asumir sus responsabilidades "y tiene que dimitir".

El alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, ha pedido "disculpas" a los ciudadanos por el "escándalo" de las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan.

El regidor de Alicante pide disculpas

El alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, ha pedido "disculpas" a los ciudadanos por el "escándalo" de las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan. "Son unas situaciones que nos tienen que avergonzar", ha reconocido en un pleno extraordinario y urgente celebrado este jueves en el consistorio después de que lo haya solicitado la oposición.

Además, el regidor ha jurado que no se detendrá hasta que esas estas sean para las personas que las merecen. Cuando termine la investigación en curso, ha dicho, exigirá que "quienes ilegítimamente hayan adquirido la vivienda, la pierdan", al ejercer el derecho de retracto por fraude de ley, de manera que "nadie que no esté legitimado a una vivienda le quite a otro que sí".

Barcala, que ha declarado que comparte que lo sucedido le parece "repugnante e indignante", no se ha pronunciado por la petición de dimisión pedida por el resto de portavoces.

La polémica por las VPP ha salido a la luz tras tener conocimiento de que la exconcejala de Urbanismo en el Ayuntamiento Rocío Gómez; los dos hijos de la también dimitida directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y un arquitecto municipal están entre los adjudicatarios de VPP. Por estos hechos han dimitido Gómez, Pérez-Hickman y el jefe de Gabinete de la Conselleria de Industria, Miguel Ángel Sánchez.

El primer edil, que ha hecho un repaso de todas las fechas relativas a este caso, ha señalado que el tema de la vivienda es el que "más preocupa a las personas" y se ha referido a este caso como "un escándalo que abarca al tema de la vivienda" y "con suelo puesto a disposición por parte del ayuntamiento" para que "aquellas personas que tuvieran derecho a acceder a esa vivienda" lo hicieran.

"Si ese principio se ha quebrado, tenemos la responsabilidad de perseguir a quien haya infringido la ley y restablecer lo que tenía que haber sido el objetivo", ha afirmado Barcala, quien ha dicho que estas son situaciones "que nos tienen que avergonzar" y ha expresado "indignación", al tiempo que ha pedido "disculpas a todos los alicantinos que se sientan en este momento preocupados" e "inquietos" y "quieran respuestas".