Palomares, 60 años del accidente radiactivo y de una limpieza pendiente: "Solo hay que dar la orden"
- Dos bombas termonucleares esparcieron material radioactivo tras un accidente de aviones de EE.UU.
- Ecologistas en Acción ha demandado al Ministerio de Transición Ecológica y pide que se encargue de la limpieza
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Dos aviones de Estados Unidos, un bombardero B-52 y otro de tipo cisterna KC-135 se encontraban en pleno vuelo de repostaje a unos 6.000 metros de altura sobre Palomares cuando ambos aparatos colisionaron. Siete de los once tripulantes perdieron la vida. Los restos del accidente quedaron esparcidos en un radio de varios kilómetros, entre ellos, las cuatro bombas termonucleares que portaban, dos de las cuales se rompieron liberando plutonio, un material altamente radioactivo y nocivo para la salud.
Lo más urgente tras el rescate de los tripulantes y la extinción de las llamas era localizar los dos artefactos que habían caído del aparato. Se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda formado por autoridades y personal civil de la zona al que se sumaron efectivos estadounidenses. La búsqueda se prolongó durante casi tres meses, hasta que se logró localizar el proyectil que había caído en el mar gracias al testimonio de los pescadores.
De entonces, las imágenes que más se recuerdan son las del baño que el entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, y el embajador de EE.UU. en España, Angier Biddle, se dieron en la playa de Quitapellejos para demostrar que no existía radioactividad cincuenta días después del accidente aéreo.
El ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga y el embajador de Estados Unidos Angier Biddle Duke, hablan con la prensa tras el baño en las aguas de Palomares. EFE/Luis Alonso
El hallazgo en el mar del segundo proyectil fue posible 80 días después gracias al testimonio de un pescador, Francisco Simó, patrón del barco Agustín y Rosa que fue testigo del accidente, y tenía ubicada la zona donde se encontraba el proyectil en aguas del municipio murciano de Villaricos.
“Se habrían tirado bastante más tiempo buscándola“
"No me podía equivocar, sabía que era algo útil, sino se habrían tirado bastante más tiempo buscándola, se hubiera tardado bastante", afirmaba Simó en declaraciones a RNE, al reconocer que estaba "seguro" de dónde había caído la bomba en unas declaraciones realizadas en la Embajada de Estados Unidos en Madrid durante una recepción al pescador celebrada en 2016 para rendirle homenaje por su ayuda en la localización del artefacto al cumplirse medio siglo del accidente.
Un "laboratorio a cielo abierto" y un acuerdo con EE.UU.
Las Fuerzas Armadas estadounidenses identificaron la zona afectada por la contaminación radiactiva, denominada Línea cero, sobre terrenos de cultivo que habían resultado contaminados por los nueve kilos de plutonio que liberaron las bombas y que en la actualidad se encuentra vallada.
En un primer momento, EE.UU. destinó unos 80 millones de dólares a los trabajos iniciales de recuperación del suelo superficial y de las cosechas y se llevaron 4.810 bidones, 1.400 toneladas de tierra y restos vegetales que fueron transportados por mar al país norteamericano donde quedaron depositados en el centro de reprocesamiento de materiales nucleares Savannah River Facility (Carolina del Sur) el 8 de abril de 1966.
Tras esa primera intervención, se firmaron acuerdos entre el Departamento de Energía de EE.UU. y la Junta de Energía Nuclear, y dio comienzo el Proyecto Índalo para el seguimiento de los efectos sobre la población, el suelo, la fauna y flora.
El letrado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, cuenta a RTVE.es que este acuerdo firmado el 25 de febrero de 1966, también llamado Otero-Hall, se mantuvo en secreto hasta 2009 para "investigar las consecuencias de la radiactividad en los seres humanos y en medio ambiente en general", pero acabó abandonándose al perder interés EE.UU., que ya conocía las consecuencias de la radiactividad, y al comenzar la burbuja inmobiliaria en 2003.
Ese acuerdo significó que Palomares se convertía en "un laboratorio a cielo abierto", apunta Domínguez, como llegaron a reconocer dos magistrados de la Audiencia Nacional en su voto particular ante la primera demanda que interpuso la organización ecologista, en el que consideraban que se había investigado "sobre seres humanos sin su consentimiento, lo cual es un delito muy grave".
Transcurrido casi medio siglo del accidente, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, España llegó a un acuerdo con Washington el 19 de octubre de 2015 por el que la administración estadounidense se comprometía a llevarse la tierra contaminada al desierto de Nevada.
Sin embargo, el memorándum alcanzado no suponía ninguna vinculación jurídica y establecía que España se encargaría de la limpieza y EE.UU. se quedaría con las tierras radiactivas. El documento, firmado por el entonces ministro de Exteriores, José Manuel Margallo y el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, nunca se llegó a desarrollar.
Cuando todavía se encontraba en el Gobierno de Estados Unidos, comunicó a España que estaba dispuesto a negociar la limpieza de la contaminación nuclear provocada por el accidente entre dos aviones en la localidad almeriense de Palomares hace 57 años, según fuentes del Gobierno a RTVE.es.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez hizo un intento de reactivar el expediente el 15 de mayo de 2023 cuando en la Casa Blanca se encontraba Joe Biden, pero desde entonces no ha habido ningún avance para la limpieza de la zona.
Ecologistas en Acción: "Está ya todo preparado, no tienen más que dar la orden"
La Audiencia Nacional rechazó en 2021—con dos votos particulares en contra— fijar un plazo para ejecutar la limpieza definitiva de las 40 hectáreas de suelo contaminado con plutonio y americio en Palomares. Y desestimó un recurso impulsado por Ecologistas en Acción tras incorporar al procedimiento el Plan de Rehabilitación de Palomares (PRP), que había sido aprobado en 2010 y que el Consejo de Ministros había desclasificado, bajo condiciones, en noviembre de 2020.
En ese Plan, cuenta a RTVE.es el abogado de Ecologistas en Acción, "está ya todo preparado, no tienen más que dar la orden" desde el Ministerio de Transición Ecológica y reto Demográfico para ejecutar ese plan que existe desde 2010 y contempla un coste de 31 millones de euros.
El Gobierno es quien tiene la competencia en materia de limpieza y gestión de residuos radiactivos desde que en 2022 se reformó la Ley de Energía Nuclear a través del decreto en el que se aprobó el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania en marzo de 2022. "Solo falta la orden del Gobierno, dura tres años, lo tienen todo calculado está todo estudiadísimo", denuncia el letrado.
Ese Plan de Rehabilitación "no es complicado", explica Domínguez, consiste en la utilización de carpas con presión negativa que impiden que salga fuera la tierra contaminada. Gracias a este sistema no sería necesario almacenar los 50.000 metros cúbicos de tierra que hay que limpiar: se analizarán en las carpas, se limpiarán y solo habrá que almacenar en bidones unos 6.000 metros cúbicos, desechando la parte que no está contaminada.
"El problema que hasta ahora han mantenido es que no limpian porque los americanos no quieren llevarse el plutonio. Entonces está clarísimo que ahora con Trump en la Casa Blanca no se lo van a llevar. Nosotros la solución que ponemos es que lo guarden en Hornachuelos, en el cementerio nuclear de El Cabril o que hagan un almacén temporal individualizado (ATI) en Palomares como tienen todas las centrales nucleares, no que estén esperando a que EE.UU. acepte llevárselo porque puede tardar 20 años o 200", apunta el letrado.
Más recientemente, Ecologistas en Acción ha denunciado que hay un proyecto de construcción de 1.600 viviendas cerca de la zona contaminada por el accidente nuclear de Palomares, cuyas obras consideran que podrían remover partículas radiactivas de americio (el material en el que acaba derivando el plutonio) y supondría duplicar la población actual que no llega a 2.000 habitantes. "Si construyen, no van a limpiar", advierte el abogado de Ecologistas en Acción, que alerta sobre la peligrosidad del americio.
La exposición de los habitantes de Palomares a la radiación
La exposición de los cerca de 2.000 habitantes de Palomares a las radiaciones sigue en la zona por la presencia de americio es real, asegura el letrado de Ecologistas en Acción José Ignacio Domínguez.
El Consejo de Seguridad Nuclear ha reconocido que hay plutonio y americio, pero sostiene que no hay riesgo para la población. El letrado de Ecologistas en Acción afirma que esto no tiene sentido, porque equivaldría a decir que son materiales que no perjudican a la salud. El CSN dice que la contaminación "está dentro de los límites establecidos", señala el letrado, pero suponen una radiación equivalente a 200 radiografías al año.
Ecologistas en Acción ha analizado en un laboratorio la presencia de americio en una calle del municipio y ha encontrado 400 bequereles por gramo de americio 241, pero como no dejan hacer estudios epidemiológicos no se han podido recoger datos sobre las consecuencias que está teniendo sobre la salud, denuncia.
La ONG insiste en que hay que "olvidarse de los americanos" y ponerse manos a la obra para aislar la tierra que sigue contaminada para evitar que 60 años después la población siga recibiendo los efectos del material radiactivo. "Si no protestan no van a limpiar, eso está claro", se lamenta.
