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El Consejo de Estado avala el plan del Gobierno de recortar el trasvase Tajo-Segura

  • Aprueba unánimemente el dictamen del decreto que aumenta el caudal ecológico del Tajo
  • Ante este órgano habían alegado la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, afectadas por la reducción del agua

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Imagen de archivo del trasvase Tajo-Segura a su paso por Orihuela
Imagen de archivo del trasvase Tajo-Segura a su paso por Orihuela

El Consejo de Estado ha dado su visto bueno al plan del Gobierno sobre el trasvase Tajo-Segura, que incluye elevar progresivamente el caudal ecológico del Tajo y reducir el agua que recibe el Segura. El pleno de este órgano consultivo ha aprobado por unanimidad este jueves el dictamen del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos, incluido el polémico recorte del trasvase, contra el cual se manifestaron miles de agricultores y políticos en Madrid la semana pasada.

El informe preceptivo del alto órgano consultivo incorpora los comentarios realizados por los consejeros y ya se ha enviado al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, según han confirmado a Europa Press fuentes del Consejo de Estado.

Una vez que el dictamen esté en el departamento que dirige Teresa Ribera, el Ministerio tendrá que estudiar e incorporar al proyecto de Real Decreto los comentarios de la institución. El siguiente paso será elevarlo al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y posterior remisión a la Comisión Europea, con retraso, ya que España debía haberlo hecho antes de finalizar 2022. Fuentes de esta cartera rechazan avanzar en qué fecha llegará el proyecto al Consejo de Ministros.

Alegaciones en contra de la Comunidad Valenciana y Murcia

El complejo expediente analizado por el Consejo de Estado sumaba entorno a 5.000 folios entre los que figura la polémica modificación de los caudales ecológicos del trasvase Tajo-Segura, que han sido criticados por Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía y defendidos por Castilla-La Mancha. La Generalitat de Ximo Puig había alegado contra el plan al considerar que tenía "defectos acaecidos en la tramitación del proyecto" en referencia al hecho de cambiar, posteriormente y sin aviso previo, un texto que fue sometido a votación y aprobado por el Consejo Nacional del Agua.

La Comunidad Valenciana denunciaba que el Ministerio había eliminado unilateralmente la disposición adicional novena, una salvaguarda para el futuro del trasvase que condicionaba el aumento ecológico al buen estado de las aguas del Tajo. Ribera, por su parte, negó que hubiera consenso sobre este punto y por tanto no se incorporó al plan. "En el último minuto hubo una propuesta de modificación de ese consenso y esa propuesta fue rechazada mayoritariamente por el Consejo Nacional del Agua", afirmó.

Además de Puig, los presidentes autonómicos de Murcia, Fernando López Miras, y Andalucía, Juanma Moreno, también pidieron audiencia al Consejo de Estado para hacer oír sus criticas al proyecto.

Castilla-La Mancha también alegó, pero para defender el aumento del caudal ecológico del Tajo, que pasará de los 6 hectómetros cúbicos de agua por segundo a su paso por Aranjuez actuales, a 7 hm³ y finalmente a 8,65 hm³ a partir de 2027.

Además de este punto, el Real Decreto contempla la planificación hidrológica de las demarcaciones Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar, así como de la parte española de los ríos internacionales, compartidos con Portugal: Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana; y con Francia: Cantábrico Oriental y Ebro.