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La ONU condena los abusos de derechos humanos cometidos en Myanmar hacia la población rohingyá

  • La resolución, no vinculante, denuncia detenciones arbitrarias torturas, violaciones y asesinatos
  • Naciones Unidas pide al Gobierno del país que tome medidas urgentes para combatir la incitación contra el odio

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Un hombre camino con su hijo en uno de los puntos de tránsito establecidos por Naciones Unidas en Bangladesh
Un hombre camino con su hijo en uno de los puntos de tránsito establecidos por Naciones Unidas en Bangladesh

La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado una resolución de condena contra Myanmar por abuso de los derechos humanos en forma de detenciones arbitrarias, torturas, abusos sexuales y muertes de minorías étnicas como la población musulmana rohingyá.

La resolución, aprobada por 134 votos a favor por 38 en contra con 28 abstenciones, no es vinculante, pero pretende hacer un llamamiento al Gobierno de Myanmar a que tome medidas urgentes que combatan la incitación contra el odio hacia los rohingyás en los estados de Kachin, Shan y Rajine y a que faciliten las condiciones necesarias para "su retorno seguro, voluntario, digno y sostenible".

Más de un millón de rohingyás esperan en campos de concentración en Bangladesh

El éxodo de la población rohingyá, en particular, es una de las crisis humanitarias más importantes del mundo, iniciada en agosto de 2017, cuando más de 700.000 personas tuvieron que huir del Ejército de Myanmar.

Actualmente, en torno a un millón de rohingyás se encuentran en campos de refugiados de Bangladesh a la espera de que el Gobierno del país convenza a la comunidad internacional de que existen condiciones seguras para su retorno, algo de lo que ni observadores ni ONG están convencidos.

Myanmar acusada de genocidio ante la CIJ

El Ejército y el Gobierno de Myanmar aseguran, por su parte, que el éxodo comenzó por culpa de grupos insurgentes rohingyá. De hecho, la líder 'de facto' del Gobierno de Myanmar y Premio Nobel de la Paz 1991, Aung San Suu Kyi aseguró que la reciente denuncia de Gambia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el supuesto genocidio contra la minoría rohingya es "incompleta y engañosa".

Suu Kyi, en cambio, sí ha reconocido abusos de las Fuerzas Armadas y ha prometido depurar responsabilidades.