Cobo acusa a González de usar un informe "manipulado" como "arma" contra Gallardón

• Apunta que detrás de las 16 correcciones del informe estaba Ignacio González
• El 'número dos' de Gallardón afirma que este se oponía a privatizar el Canal
• Dice que la filial colombiana del Canal fue "un pelotazo" para los madrileños

Cobo declara en la Audiencia Nacional como imputado en el caso Lezo

Manuel Cobo, el que fuese número dos del expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón, ha acusado al también expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González de usar un informe "manipulado" sobre la compra presuntamente fraudulenta de la colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II como "arma contra Gallardón, que se oponía a la privatización del Canal (de Isabel II)".

El exconsejero de Presidencia de Gallardón ha hecho estas manifestaciones al término de su declaración como investigado en la Audiencia Nacional ante el juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, en la que ha defendido la legalidad de la adquisición, que supuso "un pelotazo" para los madrileños.

Un día antes de que declare el propio Gallardón, Cobo ha querido desvincular algunas operaciones presuntamente lideradas por González e investigadas en Lezo de la adquisición por 73 millones de euros de Inassa, "una compra para suministrar agua en Colombia", que fue aprobada en 2001 por el Consejo de Gobierno de la Comunidad, que dependía "de un gran presidente".

Para el exconsejero madrileño, la compra de la brasileña Emissao, con la que presuntamente González se repartió 5,4 millones de dólares en comisiones con otros socios, no tiene "nada que ver" con la operación de Inassa.

Alberto Ruiz-Gallardón y Manuel Cobo han sido llamados a declarar por el 'caso Lezo' EFE/Ballesteros

Informe "manipulado" con 16 versiones distintas

Ha criticado que la acusación contra Gallardón y buena parte de sus exconsejeros parta de varias conversaciones pinchadas entre González y el exministro Eduardo Zaplana -en prisión por el caso Erial- y de un informe "manipulado" de Cuatrecasas, que cuenta con 16 versiones distintas.

Una copia de este informe, ha dicho, fue hallada por la Guardia Civil en la casa de González y otra en la del exgerente del Canal Idelfonso de Miguel -también investigado en esta causa- y supuso, para ellos, "un arma contra Gallardón", contrario a privatizar el Canal.

Además, según Cobo, la segunda versión de este informe contaba con anotaciones manuscritas del entonces gerente ordenando que se eliminase la información que hacía referencia a que el Canal era una empresa "de gran prestigio".

Con todo ha desvinculado al despacho de la operativa, asegurando que esta manipulación la permitió una persona --sin dar más detalles al respecto-- y que le consta que hay empleados del bufete muy "cabreados" con lo ocurrido.

"Nada delictivo" en la compra de Inassa

Para Cobo, "no hay nada delictivo" en la compra de Inassa, con la que "los madrileños han ganado más de 200 millones de euros" y que contó con el aval de los técnicos del Canal, "personas que se fueron" cuando acabó la etapa de Gallardón y su Gobierno en la Comunidad "porque no les gustó lo que vieron en el Canal", que pasó a presidir Ignacio González.

"Hasta el momento en el que estuvimos en la Comunidad, (el Canal) era un ejemplo de empresa potente, de empresa técnicamente magnífica, una envidia en el mundo, por eso era buena la operación en Colombia", ha dicho, para añadir a continuación: ¿Que después han ocurrido cosas? Que lo explique Ignacio González", se ha justificado.

Ha defendido también el procedimiento de compra a través de una empresa panameña que, según el juez, contravino "de plano" los acuerdos del Consejo de Administración del Canal y de la Comunidad, y ha dicho que dicha sociedad se disolvió automáticamente con la compra de la colombiana.

El juez citó el martes al exconsejero de Medio Ambiente y expresidente del Canal Carlos Mayor Oreja, a Cobo para un día después y al propio Ruiz-Gallardón para este jueves, todos ellos por integrar el Consejo de Gobierno que respaldó la compra de la colombiana. Se trata de unas diligencias que acuerda después de haber escuchado, también como investigados, a todos los miembros del consejo de Administración del Canal, que igualmente reivindicaron la idoneidad de esta inversión.