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Violencia de género

Los jueces tildan de "ataque directo" a su independencia las "denuncias sistemáticas" sobre maltrato judicial

  • Las cuatro asociaciones de jueces defienden los juzgados especializados
  • Colectivos de mujeres denuncian que hay víctimas que sufren maltrato judicial
  • Jueces: "Obtener justicia no es sinónimo de que nos den necesariamente la razón"

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Las cuatro asociaciones de jueces se defienden de las acusaciones de maltrato judicial a víctimas de violencia de género
Las cuatro asociaciones de jueces se defienden de las acusaciones de maltrato judicial a víctimas de violencia de género

Las cuatro asociaciones de jueces han defendido este miércoles la labor de los magistrados que ejercen en los juzgados de violencia sobre la mujer y han advertido a los colectivos de mujeres que han anunciado que a partir de ahora van a llevar ante la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial los casos de supuesto maltrato judicial que sufren las víctimas de violencia de género de que "tratar de influir en las resoluciones judiciales a través de denuncias sistemáticas (...) constituye un ataque directo a la independencia judicial y, por ende, al normal funcionamiento de la democracia".

La Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y Jueces para la Democracia, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han respondido así en un comunicado al anuncio hecho el lunes por Mujeres Progresistas, Asociación de Mujeres Juristas Themis, Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Fundación Mujeres, Asociación de Mujeres Opañel y Comisión de Investigación de Malos Tratos.

Obtener justicia no es sinónimo de que nos den necesariamente la razón

"Obtener justicia no es sinónimo de que nos den necesariamente la razón", han subrayado las cuatro asociaciones de jueces, que recuerdan que todas las resoluciones judiciales en materia de violencia de género sobre la mujer son susceptibles de recurso ante el órgano superior colegiado: "Es a través de los recursos ordinarios como las resoluciones judiciales que se reputan desfavorables, deben ser impugnadas".

En el comunicado hecho público este miércoles "muestran públicamente su apoyo a todos los miembros de la carrera judicial que imparten justicia en los juzgados especializados y "especialmente" al titular de Sagunto (Valencia) y la magistrada de Arganda del Rey (Madrid), contra los que los colectivos de mujeres han interpuesto ya sendas quejas ante el CGPJ.

Piden amparo al CGPJ para estos jueces

En este sentido, reclaman al Consejo General del Poder Judicial "que ampare a quienes se sientan perturbados en su independencia judicial como consecuencia de la presentación de quejas que ataquen su función jurisdiccional".

No obstante, las cuatro asociaciones de jueces subrayan que "el trato desconsiderado" de quienes acceden a los órganos judiciales "siempre es susceptible de ser denunciado ante el CGPJ, especialmente si quien no es atendido con el debido respeto es víctima de un delito.

El trato desconsiderado siempre es susceptible de ser denunciado ante el CGPJ

En el comunicado defienden que los titulares de los juzgados especializados "gozan de una formación específica sobre la materia" y subrayan que "España es referente internacional por contar con este tipo de órganos judiciales especializados".

Las asociaciones de jueces insisten en que "los miembros del Poder Judicial gozan de independencia, imparcialidad y sometimiento exclusivo al imperio de la ley" y que esta imparcialidad "les obliga" a que "ante cualquier indicio de delito, deban adoptar medidas de investigación del mismo, con independencia de si el resultado judicial posterior es condenatorio o no". "Una instrucción penal no es solo correcta si el imputado resulta condenado, puesto que muchos son los factores que pueden llevar a la absolución y que deben ser valorados por el órgano enjuiciador (distinto del instructor)", añaden.

Víctimas que salen imputadas tras denunciar al maltratador

Aunque la nota de los jueces no hace mención a ningún caso en concreto, este último párrafo hace alusión a Isabel López, la víctima de malos tratos que el pasado lunes -arropada por los colectivos de mujeres citados arriba- anunció que iba a presentar una denuncia contra la juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Arganda del Rey ante el CGPJ.

López denunció a su maltratador en abril de 2014 tras una paliza y salió del juzgado también imputada, con una orden de alejamiento mutua y la obligación de entregar a su bebé de 18 meses a su expareja al ser fin de semana. La juez admitió la denuncia que él impuso contra Isabel por unos arañazos. Tras tres años de proceso, él fue condenado a 2 años, 9 meses y un día de prisión por maltrato y ella, absuelta.

El caso de Isabel es puesto como ejemplo por los colectivos de mujeres sobre la estrategia de la doble denuncia que utilizan muchos maltratadores cuando son denunciados. Una estrategia sobre la que el propio Consejo General del Poder Judicial advierte en su guía de violencia de género, que recomienda "cribar la racionalidad de la denuncia cruzada" antes de imputar "sorpresivamente a quien ha comparecido como víctima".

Los colectivos de mujeres, "cansadas" de alertar de falta de formación

Las asociaciones feministas que han anunciado que a partir de ahora van a llevar ante el CGPJ los casos de presunto "maltrato judicial" a víctimas de violencia de género subrayaron el pasado lunes que estaban "cansadas" de alertar sin resultado de la falta de formación en violencia de género de muchos jueces, incluso en los juzgados especializados, y de la existencia de magistrados con "prejuicios" sobre estas mujeres maltratadas.

Como ejemplos del "maltrato judicial" pusieron la aceptación de las denuncias cruzadas o del Síndrome de Alienación Parental (SAP), no reconocido científicamente y que se basaría en la idea de que la mujer manipula a los hijos para que no quieran estar con el padre. La guía del CGPJ también alerta sobre el pretendido SAP.

La asociaciones de mujeres también ven maltrato judicial en la forma de interrogar a las víctimas de violencia de género, exigiéndolas que "vayan al grano o se ciñan al delito" cuando después de años de maltrato se atreven a denunciar.