La defensa de la infanta Cristina critica al juez Castro los reproches "de carácter personal"

• La infanta acusa al instructor de atentar contra su derecho de defensa
• Creen que Castro le aplica "sistemáticamente" la doctrina menos favorable
• Recurren contra la negativa del juez a reducir su fianza, que fijó en 2,7 millones

La infanta Cristina a su llegada al funeral ortodoxo oficiado en Madrid por Kardam de Bulgaria, hijo de Simeón de Bulgaria.

Los abogados de la infanta Cristina ha lamentado los "reproches, incluso de carácter personal" hacia los letrados, que consideran que juez de Palma que investiga el caso Nóos, José Castro, emite en sus autos cuando la hermana menor del rey intenta ejercer de forma legítima su derecho de defensa. Consideran los representantes legales que Castro ha hecho "apreciaciones subjetivas" sobre ella que constituyen "un grave atentado a las garantías que debieran presidir el procedimiento y, en particular, el ejercicio del derecho de defensa".

"Exceden del cometido propio del órgano judicial instructor y, por tanto, se convierten en jurídicamente reprobables", sostienen Miquel Roca y Jesús-María Silva en su recurso de apelación contra la negativa del titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma de reducirle la fianza civil de 2,7 millones, como habían solicitado, cantidad a la que se adhirió también la Fiscalía.

Los letrados de la duquesa de Palma atribuyen al juez "contradicciones y excesos interpretativos" que les generan "una constante sensación de inseguridad jurídica y, por ende, una grave merma de su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva".

Lamentan que el juez haya apreciado "de forma sistemática" las circunstancias adversas pero no las favorables para la infanta Cristina, y acoger siempre como mejor doctrina y de aplicación al caso la interpretación menos favorable para ella.

Acusan al instructor del caso Nóos de contradecirse al negar en su momento su derecho a recurrir la fianza y reprenderles ahora, erróneamente a su juicio, por no haberla recurrido, y de hacer una "interpretación en contra de reo" al justificar el montante de la fianza en la consideración de que se puede aplicar a la infanta una agravante del delito fiscal de su marido que la acusación contra ella no considera.

Rebaten que se le niegue la atenuante de reparación de daño

Los defensores rebaten que Castro, "de forma más bien acusadora", niegue "la más mínima probabilidad" de que a la duquesa de Palma, "en el caso hipotético de condena, le fuera de aplicación la atenuante de reparación del daño", un propósito que, insisten, quedó de manifiesto cuando la imputada consignó 587.413 euros, que es la cantidad que la Fiscalía le atribuye como beneficiara a título lucrativo de los presuntos delitos de su esposo.

"Si la intención no hubiera sido la de reparar, obviamente, doña Cristina Federica de Borbón no se hubiera apresurado a realizar la consignación, y mucho menos en efectivo metálico, tan pronto como tuvo conocimiento de las responsabilidades civiles exigida por las únicas acusaciones legitimadas para el ejercicio de la acción civil", arguyen.

"Recurso al descrédito" de la conducta de la infanta

Roca y Silva lamentan que Castro emplee el "recurso al descrédito" a su conducta procesal y de la infanta, y les acuse de tratar de evitar que doña Cristina compareciera como imputada, algo que, según su argumentación, se contradice con la realidad, ya que la infanta anunció en un comunicado que acudía a declarar "voluntariamente" porque renunciaba a recurrir la citación que le había dirigido Castro a principios del año pasado.

"Después de responder de forma extensa y tajante al exhaustivo interrogatorio del instructor, se comprenderá que poco más cabía añadir por parte de doña Cristina Federica de Borbón y Grecia", dicen sus abogados.

Piden que se reduzca la fianza a 587.413 euros

La defensa de la infanta insiste en reclamar que se reduzca la fianza a Doña Cristina, por injustificada y "absolutamente desproporcionada", aunque en esta ocasión piden que se rebaje algo menos de lo que solicitaron inicialmente.

Si en el primer recurso pedían una rebaja de los 2.697.150 euros fijados por el juez a 449.525 euros (los 337.143 euros presuntamente defraudados a Hacienda por Urdangarin, más un tercio), ahora reclaman que la Audiencia de Palma la deje en 587.413 euros, que es la cantidad que consignó la infanta en el juzgado en diciembre.

Los abogados de la hermana del rey alegan que esta medida cautelar se debe ceñir a la probable responsabilidad civil y las costas procesales a las que debería hacer frente doña Cristina en caso de una sentencia condenatoria, "pero no a garantizar las posibles penas de multa".

Rechazan que la fianza se haya calculado a partir de la pena de multa solicitada por Manos Limpias y recuerdan que la acusación popular no está legitimada para ejercitar acciones civiles.

Creen que se deben tener en cuenta dos circunstancias atenuantes: que la infanta ya ha reparado el presunto daño y que está acusada como cooperadora en los delitos fiscales de su marido, no como autora. Por eso piden a la Audiencia que rebaje la fianza y la deje en los 587.413 ya satisfechos.