La Abogacía pide 62 años de cárcel para Bárcenas y considera "acreditada" una caja B en el PP

Considera acreditada la existencia de una caja B

En su escrito de acusación, la Abogacía considera acreditado que Luis Bárcenas y el también extesorero Álvaro Lapuerta llevaron una contabilidad paralela o caja B en el Partido Popular.

"Consta acreditada la llevanza por parte del imputado Luis Bárcenas prevaliéndose al efecto de sus cargos de gerente y tesorero de la formación política -puestos que ocupó desde el año 1990 hasta el 2009- junto con el imputada Álvaro Lapuerta, quien fuera tesorero del PP hasta el año 2008- de una contabilidad paralela o "Caja B"- denominación atribuida por no aparecer asentados los pagos que integrarían la misma en los libros contables, ni declarados a la Hacienda Pública - del referido partido político entre los años 1990 a 2008".

Según la Abogacía, los líderes de la trama Gürtel, Correa y Crespo, distribuían las comisiones por las labores de intermediación de los considerados como autores, una retribución que en el caso de Bárcenas se entregaba tanto en efectivo como "en forma de viajes y servicios turísticos enmascarados a través de presuntas facturas ficticias", así como de regalos.

Para ocultar la procedencia del dinero, bien obtenido a través de la trama Gürtel o de la caja B del PP, Bárcenas y su mujer crearon "un entramado financiero constituido en entidades bancarias suizas", donde el extesorero llegó a acumular 42 millones de euros.

Montoro y Cospedal niegan que se acredite una caja B

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha negado este miércoles que la Abogacía del Estado haya dado por acreditado que el PP contaba con una caja B. "Eso no es así, entiendo que no es así". "Lo están dando otra vez como titular pero no es así, sencillamente. Léanse el contenido de los informes al respecto", ha aconsejado a los periodistas.

Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha insistido también este miércoles en que no hubo caja B en el PP, recalcando que la Abogacía del Estado señala que fue Bárcenas quien, valiéndose de su condición de gerente y tesorero, llevó una contabilidad paralela.

"Si hay una caja B, no es del PP, sino de la persona que la llevaba", ha insistido Cospedal.

Pide 90 años de cárcel para Correa y Crespo

Además de los 62 años que pide para Bárcenas, la Abogacía del Estado solicita 16 años de cárcel para el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, 11 años y medio para López Viejo y 7 años y 11 meses para Rosalía Iglesias, en su caso como autora y también cooperadora en los delitos de su marido.

En cuanto a los cooperadores necesarios, reclama para Correa y para el considerado número dos en Gürtel, Pablo Crespo, sendas penas de 89 años y seis meses como colaboradores en todos los delitos de Bárcenas, López Viejo y Ortega.

Además acusa a los también extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís de cooperar en los delitos de Bárcenas y pide para el primero una pena de 13 años y 9 meses y para el segundo dos años y seis meses de prisión, misma pena que reclama para el considerado testaferro de Bárcenas, Iván Yáñez.

Los cooperadores necesarios son, según el escrito, Francisco Correa, Pablo Crespo, los extesoreros del PP Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta, José Luis Izquierdo, Isabel Jordán, Álvaro Pérez 'El Bigotes', Alicia Mínguez, Javier Nombela, Teresa Gabarra, Luis de Miguel, Antonio Villaverde, Jacobo Ortega, Carmen Rodríguez Quijano, Jacobo Gordón e Iván Yáñez.

Reclama 11,2 millones a Bárcenas

Lo que sí reclama en concepto de responsabilidad civil son 11,2 millones de euros a Bárcenas, al que le atribuye 17 delitos fiscales por el IRPF y el Impuesto de Patrimonio de los años 2000 a 2009, 1,9 millones a López Viejo, a Ortega 1,2 millones y a Rosalía Iglesias 267.319 euros.

En 2009, al estallar el caso Gürtel, Bárcenas, ayudado por Yáñez y Sanchís, "procedió a desplegar una compleja operativa de ocultación de los fondos que tenía en Suiza al objeto de impedir su descubrimiento e incautación y de desvincularlos de su origen".

El delito de estafa procesal del que acusa al matrimonio Bárcenas se basa en el intento de hacer aflorar esos fondos ilícitos bajo la "excusa" de que derivaban de operaciones de compraventa de cuadros, que no se han podido acreditar.

El escrito no hace referencia a las responsabilidades civiles del PP y la exministra de Sanidad Ana Mato como partícipes a título lucrativo, que sí les atribuía la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación.