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La Fiscalía pide 250 años de prisión para 34 acusados en el caso Guateque

  • Entre ellos, 19 funcionarios del Ayuntamiento de Madrid
  • Se investiga una trama de agilización de licencias municipales
  • El caso se destapó en 2007 y hay hasta siete tramas

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La Fiscalía pide más de 250 años de prisión para 34 acusados, entre ellos 19 funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, en el denominado caso Guateque, en el que se ha investigado desde 2007 una supuesta trama de corrupción para la agilización de la concesión de licencias municipales en Madrid.

El Ministerio Fiscal pide la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial a los 34 acusados por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, contra el patrimonio histórico, prevaricación urbanística y ambiental, falsedad en documento oficial, infidelidad en la custodia de documentos y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Las penas solicitadas por la Fiscalía para los procesados, que suman más de 250 años de prisión, oscilan entre los 31 años y los diez meses de cárcel.

El caso se destapó en noviembre de 2007

El caso Guateque se destapó en noviembre de 2007 con la detención de 16 funcionarios y técnicos del Ayuntamiento de Madrid.

La Fiscalía describe en su escrito de acusación siete tramas de "tráfico de sobornos y favores" para la agilización de expedientes urbanísticos, con funcionarios del Ayuntamiento de Madrid que "utilizaban sus cargos técnicos como medio para lucrarse".

Según el Ministerio Fiscal, determinadas empresas, profesionales y gestores que tramitaban licencias urbanísticas solicitaban determinadas cantidades de dinero a los promotores para destinarlas ilícitamente a distintos funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, destinados en Juntas de distrito, Gerencia de Urbanismo y el Área de Medio Ambiente.

Hasta siete tramas dentro del mismo caso Guateque

Una de las tramas hace referencia a la actuación de la empresa AB Sanz Escribano Ingenieros Consultores S.L., dedicada a la gestión de toda clase de obras.

Un testigo protegido, que tenía un bar-restaurante en el madrileño distrito de Chamberí, denunció que el acusado Antonio Sanz Escribano le pidió dinero para sobornar al funcionario Victoriano Ceballos Fernández, del Departamento de Evaluación Ambiental, que se enfrenta a una petición fiscal de 14 años de cárcel.

En otro caso, la acusada Carmen Eulalia Ibáñez Martín, técnica de la Gerencia de Urbanismo, hizo un informe negativo sobre una sala de fiestas, por lo que Sanz Escribano y Ceballos Fernández pidieron dinero a la promotora a cambio de un informe favorable.

La acusada Sara López Moreno, funcionaria de la Junta de Distrito de San Blas, aconsejó al propietario de una clínica que contratara los servicios de Sanz Escribano y éste último le abonó a López Moreno una cantidad de dinero para favorecer la marcha del proyecto.

El acusado Juan Antonio Montesinos, funcionario de la Junta de Distrito de Chamberí, recomendó al promotor de las obras de un restaurante en la calle Julián Romea que contratase a Sanz Escribano, quien pagó una cantidad de dinero a Montesinos para agilizar el expediente.

Una segunda trama gira en torno al gestor Benjamín Valledor Fernández, que sobornó a Ceballos Fernández para agilizar la tramitación de las licencias de dos bares-restaurantes en los distritos de Hortaleza y Fuencarral-El Pardo.

El tercer entramado corresponde a la sociedad AC 93 Proyectos y Obras S.L., la empresa de los acusados Santiago Castillo Morales y Carmelo García Sánchez, que se enfrentan a penas de 21 años de cárcel.

Entre los siete casos que se le atribuyen a esta empresa, figura el intento de obtener un soborno para la tramitación de una licencia de obras de la Clínica Ruber, que se repartirían con el funcionario de la Gerencia de Urbanismo, Fernando Ruiz Monzón.

La Fiscalía pide 7 años de prisión para cuatro directivos de la empresa Seguros Ocaso por contratar a AC 93 Proyectos y Obras S.L. para legalizar el uso para oficinas de dos edificios en las calles Princesa y Tutor.

La cuarta trama gira en torno a la sociedad Agustino Proyectos e Instalaciones S.L., que lideraba Eduardo Agustino Carrasco, que se enfrenta a 31 años y tres meses de prisión por diecisiete casos de corrupción.

La quinta trama recoge nueve casos relacionados con el trámite de evaluación de impacto ambiental de actividades, en los que está implicado el jefe del Departamento de Evaluación de Impacto Ambiental, Joaquín Fernández de Castro, que se enfrenta a 20 años y seis meses de cárcel.

La sexta trama reúne seis casos del funcionario Victoriano Ceballos Fernández para agilizar la tramitación de licencias urbanísticas en colaboración con una arquitecta.

La séptima trama incluye tres casos de sobornos a funcionarios municipales, sin la intervención de intermediarios, dos de ellos protagonizados por Ceballos Fernández y el tercero denunciado por la exconcursante del programa Gran Hermano Aida Nízar.

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