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El Congreso aprueba la ley que limita la justicia universal con el clamor en contra de la oposición

  • La oposición lamenta una decisión que "revuelve a inocentes en la tumba"  
  • La atribuyen a la "debilidad gubernamental" y al chantaje de las potencias
  • PP: "Es nuestra propuesta con realismo, sin demagogia ni cuentos chinos"

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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con la vicepresidenta del Congresoy varios ministros, en el pleno del Congreso.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con la vicepresidenta del Congresoy varios ministros, en el pleno del Congreso. EFE EFE

El Congreso ha aprobado, con los únicos votos del PP -180 votos a favor y 137 en contra-, la proposición de ley que modifica el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que restringe las condiciones en las que un juez español puede investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional, es decir, la limitación de la llamada justicia universal.

La reforma supone que solo se puedan investigar y enjuiciar en España delitos graves cometidos fuera del territorio nacional como los de genocidio y lesa humanidad cuando la causa se dirija contra españoles o extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho o cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. Ello cuando se haya interpuesto querella por el agraviado por el Ministerio Fiscal.

En la práctica abre la puerta al archivo de las 12 causas abiertas en la Audiencia Nacional, en cuanto el Senado ratifique los cambios, y lleva a su sobreseimiento si no se demuestra que satisfacen los nuevos requisitos.

Todos los grupos de la oposición han coincidido en clamar contra el fin de la Justicia universal y han coincidido en que este es un día "triste" para la Justicia, en el que "muchos inocentes se revolverán en sus tumbas, mientras que los criminales suspirarán aliviados". A sus juicio, ha ganado el "dinero" y los intereses de potencias extranjeras mientras que "la Justicia ha quedado muda, sorda y ciega".

La Cámara Baja ha debatido este jueves las tres enmiendas de  totalidad de PSOE, UPyD y ERC y las 31 enmiendas al articulado que han sido presentadas por la oposición, después de que el PP haya impuesto una tramitación de urgencia en lectura única a su proposición de ley para ventilarla cuanto antes y remitirla de inmediato al Senado.

Este proceder, calificado de "sumarísimo", ha suscitado la crítica de los grupos, que han retado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presente en el debate a tener el "valor" de pedir los informes preceptivos a los órganos consultivos. "El Gobierno ha utilizado al Grupo Popular y este se ha ofrecido gustosamente a ser su alfombra", ha dicho la diputada de UPyD Irene Lozano.

Lo atribuyen a la presión de potencias como China

Los portavoces han atribuido esta iniciativa a la "debilidad gubernamental" y al "chantaje" de potencias como China, mientras que  han coincidido en que los nuevos requisitos son de "imposible" cumplimiento, lo que conduce a la práctica derogación de la jurisdicción universal. Varios grupos han considerado que la aplicación retroactiva de la norma roza la inconstitucionalidad.

El portavoz de Justicia del PP, José Miguel Castillo Calvín, ha defendido la tramitación que ha seguido esta ley, apuntando que el PSOE ha recurrido "docenas de veces" a esta vía. Como ejemplo, ha señalado que la reforma de la justicia universal de 2009 no contó con los informes del Consejo de Estado, el Consejo Fiscal o el Consejo General del Poder Judicial.

PP: "Con nuestra proposición se instruirá todo aquello que se pueda juzgar"

En su opinión, la regulación actual no cumple con las expectativas  de las víctimas y su proposición refuerza la persecución de los delitos de violencia de género, delincuencia sexual infantil o trata  de seres humanos. "Con nuestra proposición se instruirá todo aquello que se pueda juzgar. Esa es nuestra propuesta con realismo y sentido común, sin demagogia ni cuentos chinos", ha remachado.

Por su parte, el portavoz de Justicia del PSOE Julio Villarrubia ha advertido de que la iniciativa del PP deja sin tutela a víctimas españolas, al limitar las investigaciones a los países que han ratificado los Convenios Internacionales de derechos humanos o eliminar la denuncia o la acción popular en estas investigaciones.  "Hoy es un día muy triste para los que creemos en los derechos fundamentales", ha remachado. 

"¿Acaso se creen jueces o dioses?"

"¿Se imaginan una ley que obligara a cerrar el caso Bárcenas o el caso Urdangarin?", ha cuestionado el diputado de ERC Joan Tardá, para  preguntar a la bancada 'popular' si acaso se creen "jueces o dioses". "Su mayoría absoluta no está por encima de la separación de poderes. Queda claro que ha hablado el dinero y ha enmudecido la Justicia", ha  remachado.

"Sentimos pena, vergüenza e  indignación por vender a precio de saldo la impunidad de crímenes internacionales", ha remachado.

"Hoy muchos inocentes se revolverán en sus tumbas en el Sáhara, en el Tibet, en Guantánamo, en Ruanda, se revolverán en sus tumbas José Couso o Ignacio Ellacuría. Hoy muchos criminales suspirarán aliviados en sus guaridas. Hoy muchas personas decentes sentiremos vergüenza al ver que esta infamia se aprueba con los votos del PP, que quiere una Justicia local, ciega, muda, sorda, coja y manca", ha enfatizado el  parlamentario de Compromís-Equo Joan Baldoví.

El portavoz del PNV en Justicia, Emilio Olabarria, ha clamado contra la "felonía" y la "fechoría" perpetrada por el partido que  sustenta al Gobierno a través de un procedimiento 'exprés', que debería ser examinado por el Tribunal Constitucional.

El portavoz de Justicia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares, ha denunciado que el carácter retroactivo de la norma supone un "escarnio" para las víctimas. "Hoy es un día  vergonzoso y vergonzante. A mí me gustaría que el ministro que, es  tan gallardo para atribuirse la responsabilidad de otras normas, lo  fuera también en esta. Es una ley taimada, hecha a sabiendas de que  vulnera las formas democráticas más básicas", ha remachado.

El diputado de CiU Jordi Jané ha coincidido también en apreciar la "dudosa constitucionalidad" la aplicación retroactiva de la ley y ha emplazado al PP a reconsiderar su propuesta.

Doce causas abiertas en la Audiencia Nacional

En este momento, la Audiencia Nacional tiene abiertas una docena de causas en las que investiga delitos cometidos fuera del territorio nacional y que en virtud de la reforma, quedarán sobreseídas hasta que no se demuestre que cumplen los nuevos requisitos.

Entre ellas, destacan una querella contra cinco exlíderes comunistas chinos, entre ellos el expresidente Jiang Zemin y el ex primer ministro Li Peng, por el supuesto genocidio en el Tíbet en los años 80 y 90 [el abogado José Luis Esteve, que ha redactado la querella, la explica al programa La hora de Asia de RNE]. Como consecuencia, la Audiencia emitió una orden de busca y captura internacional para Jiang Zemin, que provocó la reciente queja del gobierno chino.

También se abrieron causas para establecer la responsabilidad de tres militares estadounidenses en la muerte del cámara español José Couso en Irak en 2003,  o de cuatro guardias de las SS nazis en los campos de concentración por el maltrato a unos supervivientes españoles de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial.

La muerte del jesuita español Ignacio Ellacuria en El Salvador en 1989 y el genocidio en Ruanda y en el Sahara son otras de las causa abiertas.

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