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Torres-Dulce reclama más fiscales en Anticorrupción ante el aumento de casos

  • Dice que el Ministerio Fiscal "comparte" la decisión de detener a Díaz-Ferrán
  • Pide una oficina de recuperación de activos para reintegrar lo defraudado

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El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, cree "imprescindible" aumentar la plantilla de la Fiscalía Anticorrupción ante el "evidente incremento de fenómenos de corrupción política, social y financiera", y ha reclamado la creación de una oficina de recuperación de activos para el reintegro de lo defraudado.

Torres-Dulce ha hecho esta petición de refuerzos durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso para informar de la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2011 y tras haber manifestado en declaraciones a los periodistas que el ministerio "comparte" la decisión de detener al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, por delitos de corrupción en el marco de la "operación Crucero".

El fiscal general del Estado ha señalado que la actual plantilla en Anticorrupción es "insuficiente" tanto en número de fiscales como de integrantes de las unidades auxiliares, compuestas por policías y miembros de la Agencia Tributaria, todo ello a pesar de haberse visto reforzada con una adscripción temporal y un delegado de los dos que ha pedido en Madrid y del refuerzo de la estructura territorial con secciones de delitos económicos.

Pide la creación de una oficina de recuperación de activos

En la lucha contra la corrupción, ha destacado la "activa" colaboración del Banco de España y ha señalado que también ha pedido la de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, además de resaltar que la Fiscalía General está liderando la creación de una Fiscalía Europea para luchar contra el fraude en las subvenciones comunitarias.

Además, ha anunciado que ha pedido al Ministerio de Justicia la creación "urgente" de una oficina de recuperación de activos para que los condenados por delitos de corrupción o narcotráfico reintegren a la sociedad los frutos de sus delitos, en el caso de los corruptos a la Hacienda Pública y en el de los narcos a las víctimas de la droga