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Los bolivianos dirán el 10 de agosto si quieren o no a Evo en en Gobierno

  • Es la primera vez que Bolivia celebra un referéndum revocatorio de este tipo
  • La consulta se celebra a propuesta del propio Evo Morales por la crisis que afronta el país
  • Para que el "no" sea válido, habrá de superar el porcentaje de votos que Evo obtuvo en 2005
  • Además de a Morales, cuestionará a su vicepresidente y a varios gobernadores regionales

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El presidente de Bolivia, Evo Morales ha promulgado la ley que convoca para el 10 de agosto un referéndum para revocar o ratificar su mandato, el de su vicepresidente y el de los gobernadores regionales.
El presidente de Bolivia, Evo Morales ha promulgado la ley que convoca para el 10 de agosto un referéndum para revocar o ratificar su mandato, el de su vicepresidente y el de los gobernadores regionales.

Ya hay fecha para el referéndum en el que los bolivianos ratificarán o no el mandato de su presidente Evo Morales, el de su vicepresidente, Álvaro García Linera, y el de los prefectos (gobernadores) regionales.

Morales ha promulgado este lunes la ley de convocatoria del referéndum revocatorio, que supone un hito en la historia del país, ya que es la primera vez que Bolivia celebrará una consulta de estas características.

"No tengo miedo al pueblo: que diga su verdad y nos juzgue", subrayó Morales tras promulgar la ley, cuatro días después de que el Senado decidiera inesperadamente aprobarla, al rescatar una iniciativa que partió del propio presidente en diciembre pasado.

Fue Morales quien envió al Congreso a finales de 2007 el proyecto de ley para celebrar la consulta, cuando el país vivía un conflicto vinculado a la redacción de una nueva Constitución. La Cámara de Diputados aprobó la norma en enero y pasó al Senado, controlado por la oposición, donde quedó estancada varios meses.

Tiempos de cambios 

El referéndum da un nuevo giro a la complicada crisis de Bolivia, marcada en los últimos meses por el enfrentamiento entre la refundación del país a través de la nueva Constitución que impulsa Morales y los procesos autonomistas que han iniciado varias regiones opositoras, a los que se opone el Gobierno.

El gobernante indígena ha aceptado "con satisfacción" someterse a una consulta que se celebrará prácticamente en el ecuador de su mandato y con un "récord" de permanencia en el sillón presidencial si se compara con sus cuatro antecesores inmediatos.

Morales ha hecho este lunes un llamamiento a la comunidad internacional para que envíen observadores al referéndum, al tiempo que pidió a la Corte Nacional Electoral que articule un proceso "transparente".

También los gobernadores

El referéndum incluye a los gobernadores de los nueve departamentos del país, cinco de los cuales están gobernados por la oposición: Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba.

Sobre otro departamento, Chuquisaca, la convocatoria plantea dudas por estar regido por un prefecto interino nombrado por Morales después de que el titular, huyera del país en noviembre, tras unos disturbios en su capital, Sucre, que dejaron tres muertos y 300 heridos durante los trabajos de la Constituyente.

De hecho, se ha fijado la fecha del 29 de junio para celebrar elecciones en este departamento con el fin de elegir prefecto. En cualquier caso, el 10 de agosto se preguntará a los bolivianos si están de acuerdo, por un lado, con "la continuidad del proceso de cambio" encabezado por Morales y su vicepresidente, y por otro con la de los gobernadores.

El no debe superar los resultados electorales

La ley promulgada por Morales establece que para revocar los mandatos hace falta que el "no" supere tanto el porcentaje de apoyo obtenido en los comicios de 2005, en los que fueron elegidos Morales, el vicepresidente y los prefectos, como el número absoluto de votos.

En el caso de Morales y García Linera tendrían que dejar los cargos si el "no" es superior al 53,7% de apoyo que consiguieron en 2005 y a los 1.544.374 votos que cosecharon.

Si los bolivianos decidiesen revocar su mandato, Morales debe convocar elecciones generales en un plazo de tres a seis meses. Si son los gobernadores los que no resultan ratificados, el presidente designaría a un sustituto en funciones hasta que se celebrasen elecciones departamentales.