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El consejo de Ministros ha dado luz verde al reglamento de la ley de víctimas del terrorismo. Tendrá carácter retroactivo, y amplía el importe de las indemnizaciones.

El titular de Interior ha querido dejar claro que los terroristas nunca se podrán beneficiar de las ayudas. La ley nació a propuesta de todos los grupos que la aprobaron por unanimidad en las Cortes en 2011.

Jorge Fernández Díaz ha dicho que para continuar con el consenso el reglamento que desarrolla esa ley ha contado con la participación de las principales asociaciones de víctimas. Y ha justificado el retraso de un año y medio porque asegura que se necesitaban reformas puntuales y precisión para que los beneficiarios estén claros.

En el País Vasco, el Lehendakari ha pedido un acuerdo de convivencia entre todos los partidos políticos. Lo ha hecho en el acto de entrega del premio Ilustres de Vizcaya a todas las víctimas. El PP no ha acudido porque quería que este reconocimiento fuese solo para las víctimas del terrorismo.

La Comisión de Interior del Congreso ha aprobado una proposición en la que defiende "la necesidad de esclarecer todos y cada uno de los crímenes cometidos por ETA" que siguen sin resolver, "de modo que las víctimas puedan recibir justicia". La proposición no de ley es consecuencia de una enmienda de modificación presentada por el PP a una iniciativa originaria de UPyD en la que se solicitaba al Gobierno que se esclarezcan 326 crímenes sin resolver perpetrados por la banda terrorista. El texto reconoce "el sacrificio y la generosidad de las víctimas del terrorismo, cuyo ejemplo y confianza en la Democracia y en los instrumentos del Estado de Derecho han permitido que España están más cerca del fin de ETA". También insta al Ejecutivo "a que continúe desarrollando cuantas actuaciones sean precisas para promover y lograr la resolución de los crímenes cometidos por ETA y la identificación de sus autores, teniendo presente que la colaboración de los terroristas presos, en los términos que establece la ley, es la vía más adecuada para que no exista ningún tipo de impunidad".

En la Audiencia Nacional la fiscalía pide para los miembros de ETA, Daniel Pastor, Íñigo Zapiraín y Beatriz Etxebarría, 45 años de cárcel por asesinato terrorista y estragos.

Los fallecidos eran Richard Martin, de ocho años. Krystle Campbell, de 29 años, gerente de un restaurante. Y la tercera víctima mortal era una universitaria china que la prensa de su país identifica como Lu Lingzi.

En Estrasburgo, los jueces de la gran sala del Tribunal de Derechos Humanos han estudiado el recurso del Gobierno contra la derogación de la Doctrina Parot. Durante dos horas han escuchado a todas las partes.