La vida de Pablo Ibar vuelve a estar en manos del jurado que le declaró culpable el pasado enero. Debe decidir si le vuelve a condenar a muerte o a cadena perpetua y la vista ha comenzado con un revés para la defensa de Ibar.
El president de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, considera nula su causa por los lazos pero pagará "el precio que haga falta". Lo ha dicho tras declarar ante el TSJC en calidad de investigado al no retirar los lazos y pancartas en la campaña de las generales y tal y como le había ordenado la Junta Electoral Central.
Quim Torra declara en el TSJC en calidad de investigado por desobedecer a la Junta Electoral Central al no retirar los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat.
El español Pablo Ibar, de 46 años, afronta desde este miércoles la fase de sentencia del cuarto juicio en su contra, que puede llevarlo de nuevo al corredor de la muerte, en el que ya estuvo 16 años. La familia del español y los abogados no se reponen aún del fallo de culpabilidad del jurado, que consideran, desestimó las dudas que quedaron patentes en el juicio, la negligencias en la cadena de custodia de las pruebas y las irregularidades durante la investigación del triple crimen. La suerte de Ibar, sobrino del fallecido boxeador vasco José Manuel Ibar "Urtain", está de nuevo a partir de este miércoles en manos de los miembros del jurado, que decidirá entre la pena capital y cadena perpetua.
La Fiscalía ha llegado a un acuerdo con los principales acusados del llamado caso Cooperación -el exconseller Rafael Blasco y el empresario Augusto César Tauroni. Además, la Fiscalía también ha ultimado pactos con la mayoría de acusados.
Informa Miquél Martínez.
La justicia investiga tres geriátricos de Barcelona por presuntos malos tratos y abusos a los residentes. Los familiares denuncian, entre otras cosas, comida en malas condiciones, instalaciones precarias y falta de supervisión de la medicación. Hace dos años, los familiares ya hicieron soltar las alarmas. Ahora, la Generalitat ha denunciado ante la Fiscalía a tres geriátricos. En el último año la Generalitat ha abierto expediente sancionador a 20 centros residenciales de Barcelona por malas condiciones de higiene y una incorrecta administración de medicamentos.
Didier Lombard se convirtió en el presidente y director general de France Telecom a comienzos de 2005, unos meses después de su privatización.
La empresa tenía entonces 120.000 empleados, la mayoría funcionarios. Según su plan, había que despedir a 20.000 en tres años. "Lo haré de una forma o de otra, por la ventana o por la puerta", es una frase que atribuyen a Lombard. 35 empleados se quitaron la vida durante aquel tiempo. Algunos en su puesto de trabajo. Otros lo intentaron o cayeron en la depresión. Los magistrados no juzgan las decisiones empresariales, pero sí los métodos utilizados: traslados de ciudad obligatorios y continuos, objetivos imposibles de cumplir, degradación del salario y las condiciones de trabajo. El juez además deberá decidir si se trata de casos individuales trágicos o si todos los trabajadores de la empresa eran víctimas de ese acoso moral", explica uno de los abogados de la acusación. Un delito que en Francia está castigado con una pena de hasta un año de prisión y una multa de hasta 15.000 euros.
