En Cataluña, la Fiscalía pide diez años de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat Artur Mas y nueve para las consejeras Irene Rigau y Joana Ortega. Les acusa de desobediencia grave y prevaricación por seguir adelante con la consulta del 9N, a pesar de estar suspendida por el Tribunal Constitucional.
Artur Mas ha dicho que considera un "honor" ser procesado por la consulta. La vicepresidenta del Gobierno en funciones respeta la decisión de la Fiscalía y ha afirmado que "nadie está por encima de la Ley".
La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat Artur Mas y nueve para las consejeras Irene Rigau y Joana Ortega. Les acusa de desobediencia grave y prevaricación por mantener, conscientemente, la consulta del 9-N.
Un juzgado de Familia de Alicante ha ordenado a la Generalitat Valenciana que devuelva a la abuela materna a una menor de 5 años, hija de una víctima mortal de la violencia machista registrada en Orihuela en agosto de 2014. El auto, notificado este viernes a las partes y al que ha tenido acceso Efe, critica la actuación de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas después de que el pasado mayo decretara el acogimiento de la menor con una familia externa, ya que no valoró las nuevas circunstancias que rodean a la niña y la medida ha provocado que "salga de su núcleo familiar de manera brusca e inesperada". La abuela, Maruja Cuenca, se ha mostrado satisfecha ante las cámaras.
De hecho, según la juez, la decisión de la Conselleria es "totalmente opuesta a la recomendada por la psicóloga" que actuó como perito en este expediente y que proponía "soluciones familiares frente a institucionales y las permanentes frente a las temporales", teniendo en cuenta la corta edad de la menor. Por el contrario, la magistrada del juzgado de Primera Instancia 8 alicantino considera que sí ha quedado acreditado "el desequilibrio emocional que está sufriendo la menor cuando se tiene que despedir de su abuela y su hermano (fruto de una relación anterior de su madre) al acabar las visitas".
La exalcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, ha sido condenada a 17 años de cárcel y a multas de 9,9 millones de euros por cinco delitos en el mayor caso de corrupción urbanística enjuiciado en Aragón. La Audiencia de Zaragoza hace pública este jueves la sentencia del macrojuicio de La Muela, en el que se sentaron en el banquillo 36 personas, entre ellas la exalcaldesa del Partido Aragonés.
Los testigos que asistieron a la macrofiesta del Madrid Arena, en la que murieron cinco jóvenes, relataron ante el juez del caso el caos y la masificación que vivieron aquella noche del 1 de noviembre de 2012. El promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores, principal acusado es muy distinta. El empresario no fue capaz de dar una cifra del número de entradas que se vendieron.
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado este martes a cuatro años de prisión al promotor y principal acusado por la tragedia del Madrid Arena, Miguel Ángel Flores, por la muerte de cinco jóvenes ocurrida en la macrofiesta de Halloween del 1 de noviembre de 2012 al considerarle el "máximo responsable". Por contra, en la sentencia del caso, la Sección Séptima de la Audiencia absuelve a los responsables del equipo médico en la fiesta del Madrid Arena Simón Viñals y su hijo Carlos así como al exjefe de la Policía Municipal de Madrid Emilio Monteagudo.
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado este martes a cuatro años de prisión al promotor y principal acusado por la tragedia del Madrid Arena, Miguel Ángel Flores, por la muerte de cinco jóvenes ocurrida en la macrofiesta de Halloween del 1 de noviembre de 2012, mientras que absuelve tanto al exjefe de la Policía Municipal de Madrid Emilio Monteaguado, así como al equipo médico que estaba al cargo del Madrid Arena aquella noche. Así consta en una sentencia que se ha notificado a todas las partes y en la que los magistrados de la Sección Séptima consideran al dueño de la empresa que organizó la fiesta mortal máximo responsable de la tragedia.
El titular del juzgado de instrucción número 4 de Pamplona ha decidido mantener en prisión provisional sin fianza a los cinco acusados de la violación de una joven en San Fermín. El magistrado considera que sus declaraciones exculpatorias se contradicen con las grabaciones que ellos mismos realizaron.