El Tribunal Superior de Justicia de Catalñua asegura que el entonces presidente de la Generalitat Artur Mas y sus consejeras eran plenamente conocedoras de la prohibición del Tribunal Constitucional respecto a la celebración de la consulta soberanista del 9N de 2014. Y que hubo una "consciente resistencia" a acatarla. Avala la instrucción del juez que apunta a delitos de desobediencia y prevaricación.
Todos en el PP coinciden en que la exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá ha hecho lo correcto abandonando el partido tras abrir causa el Tribunal Supremo contra ella por presunto blanqueo de capitales. Respetan su presunción de inocencia y recuerdan que aún no ha ido a declarar.
En Génova no hay dudas. Rita Barberá debe dejar su acta de senadora. El candidato a lehendakari, Alfonso Alonso, espera que la decisión sea inminente, y sino que sea la dirección del PP quien dé el paso.
Podemos cree que Rita Barberá "está avergonzando a los valencianos y a los españoles" y que los ciudadanos esperan su dimisión. Ciudadanos pedirá también que la senadora del PP abandone su escaño, en cumplimiento del acuerdo de investidura que firmaron con el PP, a lo que la diputada Alicia Sánchez-Camacho responde que el acuerdo se respetará porque fue "la palabra" que dio el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Por su parte, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, advierte de que hay que esperar a pedir responsabilidades cuando Barberá esté encausada en juicio penal.
El Tribunal Supremo se hace cargo de la investigación contra la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá porque, como senadora, es aforada. Dice el auto que los hechos analizados podrían ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales. Y añade que "resulta imprescindible continuar la investigación sobre los mismos y sobre la participación de Rita Barberá".
Se investigan ingresos del partido en 2003, 2010 y 2011 por un importe de hasta 200.000 euros, así como donaciones de mil euros por parte de concejales y asesores al PP que presuntamente se les devolvía en billetes de 500. El juez instructor será el que fuera fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido.
Según la declaración de la víctima de la violación de los pasados sanfermines sobre las 3 de la mañana del 7 de julio inició una conversación con uno de los acusados en la Plaza del Castillo. Después él y sus cuatro amigos se ofrecieron a acompañarla hacia el coche donde ella tenía intención de dormir. Según la joven en el camino la obligaron a entrar en un portal a la fuerza agarándola por las muñecas. Dentro la joven afirma que la obligaron a realizar varios actos sexuales que los acusados grabaron con sus móviles. Cuando terminaron le quitaron el teléfono móvil a la víctima y abandonaron el portal. En cuanto la joven pudo vestirse, salió al exterior y se puso a llorar hasta que dos desconocidos la atendieron y llamaron a la policía. Los abogados de la defensa intentan demostrar que no fue una violación colectiva sino que hubo consentimiento por parte de la joven de 18 años. Entre otras cosas alegan que las penetraciones no le provocaron heridas.
Los cinco acusados de violar a una joven durante las pasadas fiestas de San Fermín han declarado ante el juez por videoconferencia desde los centros penitenciarios en los que están ingresados desde el pasado mes de julio. Han intentado convencer al instructor de que la relación sexual fue consentida. El abogado de la víctima cree que es una estrategia de defensa y asegura que las pruebas contra ellos son contundentes.
