Tras la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, ya han empezado a correr los dos meses que la ley da a los jueces para aplicar la norma. En esa aplicación podrían interponerse las cuestiones prejudiciales o de inconstitucionalidad que han planteado los tribunales. María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y juez decana de Madrid, ha expresado en una entrevista en 24 horas de RNE que aplicar la ley también supone interpretarla, ya que sino no puede aplicar. "Plantear una cuestión prejudicial no quiere decir que no apliques la ley porque es la propia aplicación de la ley y el complimiento que tenemos como jueces a la hora de aplicar una norma", ha señalado.
El Gobierno prevé que la norma beneficiará a alrededor de 400 personas, aunque algunos colectivos tienen dudas de si quedarían o no cubiertos. En este sentido, los jueces señalan que las leyes tienen diferentes interpretaciones y, después de que los fiscales del 'procés' se hayan opuesto a amnistiar la malversación por utilizar fondos públicos para el 1 de octubre, María Jesús del Barco, también considera que hay ciertas dudas. "La definición de la malversación, y lo que es el delito de malversación, difiere de lo que dice la amnistía (...) Sobre esto ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo, diciendo que no es preciso para que exista delito de malversación que exista ese ánimo de lucro particular, o que se haya lucrado la persona condenada o acusada, pero es lo acorde con la normativa europea", ha explicado.
