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El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha activado este martes la Carta Democrática Interamericana por la crisis política que sufre crisis políticaVenezuela, un paso sin precedentes que justifica en la "alteración del orden constitucional" y que abre la puerta a la suspensión del país como Estado miembro.

Almagro es el primer presidente que pone en marcha ese proceso contra la voluntad del Gobierno del país afectado, puesto que, hasta ahora, tan solo Honduras había sido suspendida en 2009, tras el golpe de Estado que desalojó del poder al presidente Manuel Zelaya. La decisión final, en cualquier caso, queda en manos de la Asamblea General, donde se requiere el voto favorable de dos tercios de los países miembros.

La decisión del presidente de la OEA se basa en el artículo 20, que autoriza al secretario general o a cualquier Estado miembro a pedir la convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un país de la organización "se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático".

Amira, de nacionalidad libia, tuvo que huir de su país por la persecución sufrida por sus creencias y activismo en favor de los derechos humanos de las mujeres, y que lleva dos años y dos meses esperando su resolución. Durante los primeros seis meses obtuvo una ayuda, pero al cabo de ese tiempo se quedó en la calle sin más recurso que los 340 euros que se entrega en concepto de "ayuda de salida". AUTOR: Amnistía Internacional.

La suspensión de Venezuela como miembro de este foro ha provocado un agrio debate entre el secretario general, Luis Almagro, y el presidente Nicolás Maduro. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, activó hoy la Carta Democrática del organismo para Venezuela, un paso sin precedentes que abre un proceso que podría llevar a su suspensión del ente. En un informe de 132 páginas publicado hoy, Almagro recurre al artículo 20 de la Carta para "solicitar la convocatoria de un Consejo Permanente de los Estados miembros entre el 10 y el 20 de junio de 2016", un procedimiento que "deberá atender a la alteración del orden constitucional y cómo la misma afecta gravemente el orden democrático" de Venezuela.