El Tribunal Supremo ha hecho pública la sentencia por la que anula el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. En ella, censura que la razón que dio el Gobierno es "confusa" y "contraria a la función de la Policía Judicial" porque la jueza del caso 8M dio "la orden expresa" de "absoluta reserva" en la investigación de las manifestaciones feministas de 2020.
En el informativo 24 horas de RNE, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ha reconocido que le hubiera gustado otra sentencia y que no comparte algunas de sus razones. Sin embargo, señala que el Tribunal Supremo "deja claro que no hubo desviación de poder" e insiste en que la pérdida de confianza es suficiente para la destitución: "La cuestión es esgrimir la causa objetiva de esa pérdida de confianza". Además, niega otras motivaciones: "Yo no he hecho ninguna imputación, simplemente he dicho que entiendo que la gestión de los fondos reservados era mejorable".
Preguntado por la corrupción en la Guardia Civil investigada en el caso Cuarteles, responde que "son hechos graves, pero absolutamnete puntuales, nunca generalizados". Por otro lado, niega rotundamente que la Guardia Civil y la Policía Nacional estuviesen preparados para la detención de Clara Ponsatí en caso de que no lo hiciesen los Mossos d'Esquadra y destaca la buena coordinación con el cuerpo catalán.
El Partido Popular ha vuelto a pedir al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, su dimisión por el "arbitrario" cese del coronel Diego Pérez de los Cobos en 2020 después de la sentencia del Tribunal Supremo, que lo ha anulado. El ministro ha respondido que cumplirá con la sentencia del Alto Tribunal cuando la reciba, pero ha advertido de que "la pérdida de confianza" que motivó el cese aún se mantiene.
Los TEDAX de la Guardia Civil cumplen 50 años y hacen un recorrido por su historia. Se crearon para hacer frente a ETA y se curtieron en la época más sanguinaria de la banda. Por aquel entonces los llamaban artificieros y tenían muy pocos medios a su alcance.
En la actualidad hay drones y robots y la mayoría de las incidencias están relacionadas con artefactos de la guerra civil. Localizan a diario granadas, proyectiles de artillería y bombas de aviación que tienen que destruir.
Un juzgado de Madrid ha abierto una investigación por la llamada Operación Cataluña, sobre presuntas maniobras de grupos policiales dirigidos por el Ministerio del Interior para desacreditar al independentismo. Lo ha hecho raíz de una querella presentada por el expresidente del Barça Sandro Rosell, que pasó por la cárcel para finalmente ser absuelto. En el informativo 24 horas de RNE, hemos entrevistado a su abogado, Pau Molins, que afirma que "a través de actividades delictivas y aprovechándose de los mecanismos del Estado, se dedicaron a montar una causa judicial". Basa sus acusaciones en las declaraciones del excomisario Villarejo en un programa de TV3, que empujaron a Rosell a iniciar la causa judicial, que fue rechazada por dos juzgados hasta que finalmente ha sido admitida a trámite en Madrid. "Hasta ahora, la justicia española no ha tenido mucho interés en aclarar las implicaciones de esta trama político-policial", asevera Molins.
