La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido este martes dar "ya" ayudas directas a las empresas porque con los ERTE "no es suficiente" para "mantener la estructura productiva" y se ha mostrado confiada en que el Gobierno "lo va a trabajar" y "va a avanzar" con medidas en ese sentido.
"Hay que tomar ya medidas que ayuden directamente a las empresas. Hablo de los costes fijos. Tenemos que contener el riesgo del sistema productivo que tenemos en muy malas condiciones: el sector de la hostelería, servicios, cultura, agencias de viaje... Necesitan algo más que ERTE. O hacemos esto o van a caer", ha avisado la ministra en una entrevista en La Noche en 24 horas.
A pesar de su papel esencial a la hora de desinfectar las distintas estancias de los hoteles u otros establecimientos, las 'kellys' -término por el que se conoce coloquialmente a las camareras de piso- siguen agravando su situación de precariedad laboral. La portavoz de las 'kellys' de Benidorm, Yolanda García, ha explicado en La Tarde en 24 Horas que a pesar de formar parte de "la estructura de un hotel" les siguen externalizando, y a pesar de haber acudido al Congreso, "no se nos ha tomado en cuenta".
García denuncia "abusos de los contratos parciales" que lo único que hacen es obligarles a realizar "una carga laboral inasumible a costa de nuestra salud". En su queja añade que según distintos informes técnicos de prevención laboral, el 67% de estas trabajadoras sufren dolencias crónicas y que, aun así, "no hay ninguna enfermedad reconocida en nuestro sector".
El paraguas de los ERTE ha cubierto a un 18% más de trabajadores en febrero y de ellos, más de la mitad de esas personas se dedican al turismo. El sector lleva perdidos cerca de 77.000 millones de euros desde el comienzo de la pandemia. Dori es camarera en un hotel de Benidorm. Lleva casi un año de ERTE y se siente privilegiada. “Tengo compañeras que lo están pasando muy mal”, admite. Miguel es empleado en un hotel actualmente cerrado. Tampoco ha tenido problemas con la prestación y espera trabajar a partir de mayo. Desilava trabajaba como en el servicio de hamazas y sombrillas de la playa y tuvo bastantes dificultades para cobrar el ERTE.
Informa Ana María Llacuna
El mercado laboral se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus como reflejan los últimos datos de paro disponibles. Los mayores de 50 años no encuentran trabajo con facilidad. Uno de cada cuatro personas en busca de empleo tiene más de 50 años. Estos trabajadores senior denuncian que son rechazados solo por su edad sin tener en cuenta su experiencia. Foto: EFE/ Raúl Sanchidrián
Los trabajadores públicos temporales en fraude de ley han vuelto a movilizarse este lunes, 15 de febrero, en 40 ciudades españolas para mostrar su rechazo a la precariedad laboral en el sector público. Quieren denunciar así el "incumplimiento" de la normativa laboral por parte de las administraciones públicas al mantenerles en "abuso de temporalidad" por permanecer más de tres años como trabajadores interinos. Estas movilizaciones coinciden con el primer aniversario de la creación de la Plataforma Estatal de Temporales Públicos en Fraude de Ley-Movimiento Independiente #15F.
Todo a expensas del documento de resumen que emita el Gobierno y que necesita el visto bueno de las cúpulas. Por eso, quizá, nadie habla de principio de acuerdo, pero sí de acercamiento. Gobierno y agentes sociales coinciden: la mayoría de los repartidores que trabajan para plataformas tendrán la consideración de asalariados, algo que de entrada no convence a buena parte del colectivo que así se lo ha hecho saber por carta a la ministra de Trabajo. Hay acuerdo en el gran titular, es lo que dicen los tribunales e inspección, otra cosa es determinar cómo las empresas argumentan que un trabajador es autónomo.
Fuentes próximas a la negociación han dicho a Radio Nacional que CEOE quiere cambios en la subcontratación de autónomos. En contra de la norma también casi 1.000 restaurantes que han pedido al Gobierno una ley que no dañe aún más a la hostelería. Informa Esperanza Martín.
Más País presenta este viernes su plan para instaurar en España la jornada laboral de cuatro días a la semana. La propuesta de Más País contempla un proyecto piloto con varias empresas que recibirán 50 millones de euros del Fondo Europeo para comprobar si es viable o no trabajar 32 horas en siete días. Foto: iStock
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, niega que haya un colapso en el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) a la hora de pagar los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE). Entrevistada en Las cosas claras de TVE, Díaz sostiene que los 710.000 expedientes aprobados "se están cobrando puntualmente" y matiza que el SEPE no puede hacer los pagos hasta que las autoridades laborales de ámbito autonómico tramitan los ERTE, aclara que el convenio con los bancos permite que se cobren en el momento en el que llegan al SEPE sin esperar al día 10 de cada mes.
La crisis sanitaria y económica ha golpeado de lleno al sector de lasempleadas del hogar. Muchas han perdido su trabajo y se han quedado sin ingresos en medio de esta pandemia. Estas llegaron a ser más de medio millón, con alta o no en la Seguridad Social, pero se han quedado en mínimos: unas 380.000 según el dato más reciente de enero.
Que el centro de trabajo sea un domicilio particular pone muy cuesta arriba el trabajo de inspección, así que muchas, la mayoría mujeres (el 95%), trabajan en negro. Se calcula que 1 de cada 3 lo hacen. Es el caso de Laura, una empleada del hogar que trabajó en régimen de interna, y con la que hemos hablado en Las Mañanas de RNELas Mañanas de RNE. Ella trabajaba en una casa por un sueldo inferior al SMI sin estar dada de alta en la SS. "Nosotras tenemos un dicho", ha señalado Carolina Elías, presidenta de la Asociación para la Defensa de los y las Trabajadoras del Hogar y los Cuidados, "trabajo de interna, esclavitud moderna". Ha denunciado que el régimen de trabajo español permite esta práctica donde la empleada trabaja y vive en el mismo lugar de trabajo, dando lugar a jornadas en muchos casos de 24 horas.
El Gobierno ha puesto el foco en sacar a la luz la economia sumergida que hay en este sector. La Inspección de Trabajo ha iniciado esta semana un Plan de Actuación para reguralizar los salarios y cotizaciones a la Seguridad Social en esta actividad. "No descubro nada si digo que la condición de género comporta una grave discriminación laboral en España, y por lo tanto, el objetivo de la inspección con esta campaña intenta tener un impacto sobre esta circunstancia y tratar de contribuir a dignificar las condiciones de trabajo en el sector", ha dicho Héctor llueca, director de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social. El salario se encuentra por debajo del SMI actual, por lo que desde trabajo han remitido unas cartas informativas a los empleadores para solventar este problema que precariza aún más el sector. "Estamos convencidos de que (las cartas informativas) van a tener un impacto y van a lograr un elevado nivel de cumplimiento. Si persistieran las irregularidades, la Inspección de Trabajo tiene la obligación de actuar reglamentariamente", ha concluído.
Durante el confinamiento, más de 20.000 empleadas del hogar fueron despedidas y para ellas se habilitó un pago extraordinario. Elías ha recordado que más de 56.000 lo solicitaron, pero a más de 8.000 se lo denegaron, y otras tantas siguen a la espera de resolución. Estas trabajadoras pertenecen a un régimen especial de la Seguridad Social y pelean por una equiparación en derechos que el gobierno estudia. Elías ha señalado que es necesario que se tomen medidas rompedoras para garantizar unos cuidados de calidad a la vez que se garantizan unas condicioness dignas y justas para estas mujeres. Ha denunciado la desprotección que han sentido las trabajadoras del hogar durante esta pandemia, frente a sus condiciones laborales y sanitarias, debido a la falta de medios adecuados para realizar su trabajo sin riesgo de contagio.
Desde la Asociación piden que se les escuche para tomar las medidas pertinentes. Ayer el ministro Escrivá se reunía con ellas, aunque ha señalado que segirán sus reuniones con la Secretaria de Estado de Migraciones, de Seguridad Social y el Director Adjunto de Inclusión.
