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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid insiste en que los solicitantes de asilo tienen derecho a moverse por el territorio español sin restricciones geográficas. Por ello rechaza la inscripción "válido solo en Melilla" que expide la Administración Pública desde 2010 a quienes formalizan este trámite en la Ciudad Autónoma.

No es la primera vez que la justicia declara ilegales las prácticas que impiden a los solicitantes de asilo en Ceuta o Melilla trasladarse a la Península. Hay casi una decena de sentencias en este sentido. El Servicio Jesuita a Migrantes, que ha llevado el caso, cree que es grave que la administración mantenga esta práctica contraria a la ley, y esperan que la sentencia siente un precedente.

Según los últimos datos del INE (el Instituto Nacional de Estadística), los divorcios han descendido un 2,8% y la custodia compartida fue otorgada en el 34%. Pero en estas últimas horas debemos sumar nuevos datos que arrojan más luz sobre esta realidad que atraviesan numerosas parejas: Los divorcios sin acuerdo tardan en resolverse más de tres años y medio en juzgados de primera Instancia y en audiencias provinciales no especializadas en materia de derecho familiar. Son datos que se desprenden de un informe de la Asociación Española de Abogados de Familia, como ha explicado su presidenta María Dolores Lozano en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso.

Los bancos se juegan devolver entre 3.000 y 44.000 millones de euros. Sólo algunos afectados pueden exigir compensaciones: aquellos que no hayan reclamado a su entidad o que lo hayan hecho y estén pendientes de sentencia. Si la petición es denegada el camino continúa a través de la vía judicial. La decisión última depende de cada juez y de cada caso.

La sentencia parece salomónica porque complace tanto a las asociaciones de consumidores como a las entidades bancarias. Desde Asufin reconocen que habrá un nuevo colapso en los tribunales y los bancos tardarían en devolver el dinero entre cinco y ocho años. No obstante su presidenta Patricia Suárez anima a denunciar, convencida de que las sentencias cambiarán a partir de ahora en favor de los consumidores.

La banca está satisfecha con la sentencia europea porque cierra la puerta a demandas colectivas. En un breve comunicado, la AEB asegura que valida plenamente la utilización del índice IRPH y que en caso de que un juez pudiera considerarlo poco transparente, el efecto sería su sustitución por el IRPH para entidades, cuyo valor es prácticamente el mismo.

El juez Miquel Florit se enfrenta a una pena de inhabilitación de 42 años por haber requisado los teléfonos móviles de dos periodistas que investigaban un caso de corrupción en Baleares. Estos aseguran que han perdido la credibilidad y confianza de todas sus fuentes por la decisión del juez. La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden la absolución. El juicio se ha celebrado este jueves y ha quedado visto para sentencia.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ultima la creación de nuevos módulos específicos destinados a personas con discapacidad intelectual. Unidades, al menos, en Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid, que se unan a las dos ya dependientes de ese departamento en las cárceles de Segovia y Estremera. La Generalitat gestiona una más en Quatre Camins. El 86% de las personas con discapacidad intelectual en prisión no había tenido nunca contacto con el tejido asociativo, en ese ámbito, antes del ingreso en la cárcel. Por eso, destacan expertos y reclusos, es tan importante el trabajo de Plena Inclusión, la ONG de referencia en este ámbito. Los presos nos hablan también de la libertad y de lo que quieren para el futuro. Séptimo y último capítulo de la serie de los Servicios Informativos de Radio Nacional de España dirigida por Rafael Bermejo y realizada por Javier Monterde.

Nuestra jueza de referencia, Teresa Puchol (Ladycrocs en Twitter), nos aclara algunas cuestiones sobre los delitos contra la libertad sexual. Llegó la hora de zanjar esas dudas que a menudo salen en muchas conversaciones porque aprendemos nociones de Justicia de forma clara y sin tapujos.

El trabajo con las personas con discapacidad intelectual trata de evitar las "puertas giratorias", una cadena de entradas y salidas en prisión. La Constitución española dice que la cárcel debe orientarse a la reinserción social. Una preparación laboral es clave, pero hay que comenzar, a veces, con los hábitos sociales o la higiene. Nos lo cuentan presos y responsables. Además nos hablan de lo que podría denominarse una vulnerabilidad multiplicada: mujer, con discapacidad intelectual, presa... Sexto capítulo de la serie de los servicios informativos de Radio Nacional de España con la dirección de Rafael Bermejo y la realización de Javier Monterde.