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El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, ha insistido hoy en que el informe del caso Gürtel que mostró en el Parlamento y que estaba bajo secreto de sumario, llegó a su despacho en un sobre anónimo. Luna se ha sentado hoy en el banquillo de los acusados por un presunto delito de encubrimiento por no revelar quién le facilitó ese informe.

En la Audiencia Nacional, segunda sesión del juicio que se sigue contra el expolicía Miguel Planchuelo por dos atentados cometidos por los GAL en el sur de Francia. Hoy, entre los testigos, uno de los mercenarios, que según la acusación, fue el autor material de los hechos.

En la Audiencia Nacional ha arrancado este lunes el último juicio pendiente de los GAL. El acusado es el expolicía Miguel Planchuelo por participar, presuntamente, en los atentados cometidos en 1986 en dos bares del sur de Francia. Plachuelo lo ha negado y ha asegurado que el Gobierno autorizó el secuestro de Segundo Marey.

Por ese caso ya están condenados él y la cúpula del Ministerio del Interior.

Entre los testigos, ha declarado el expolicía, Jose Amedo, condenado en su día por los atentados que se juzgan. A Amedo le han preguntado si en otoño de 1983 estudiaban crear los GAL. "No nos hubiéramos metido en esto si no tuviéramos la seguridad de que era una decisión de Felipe González, José Barrionuevo (...) con el consentimiento de cargos de Vizcaya, como Txiki Benegas, Ramón Jaéregui y Damborenea", ha declarado.

Cometieron sus delitos en un centro de detención que fue clave en el conocido como "Plan Cóndor", la represión coordinada por las dictaduras militares del Cono Sur.

El Tribunal Suprem ha hecho pública la decisión que impedirá que Sortu pueda presentarse a las próximas elecciones. Algo que no comparten siete de los dieciseis magistrados.

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Condenan a Antonio Sánchez Serrano, portero de la discoteca el Balcón de Rosales, a 15 años de cárcel por la muerte de Álvaro Ussía, en 2008. La sentencia le considera culpable de homicidio con el agravante de abuso de autoridad. La pena para los otros dos porteros juzgados es de cinco años como cómplices del crimen.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que las actas de ETA están llenas "mentiras, manipulaciones y omisiones" y ha reprochado al PP que "solo" saquen a la luz los papeles de la banda terrorista "cuando pueden hacer daño al Gobierno".

Rubalcaba ha respondido así a las acusaciones del diputado 'popular', Ignacio Gil Lázaro, que ha aprovechado una pregunta sobre el caso Faisán para asegurar al vicepresidente del Gobierno que "las actas de ETA le ponen contra las cuerdas".

Gil Lázaro ha exigido a Rubalcaba, ante las "ignominias" de los documentos de la banda terrorista y el chivatazo de Faisán, lo siguiente: "Diga la verdad, pida perdón y márchese a su casa".

Gabriela Bravo, en RNE, defiende "el absoluto rigor e imparcialidad"del Tribunal Supremo en el juicio contra Garzón. La portavoz del órgano de Gobierno de los jueces reconoce la presunción de inocencia del magistrado al tiempo que expresa su confianza en el trabajo del Supremo, Además, lamenta que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no salga adelante en esta legislatura. Por último, niega que haya politización en el CGPJ: "Los vocales nos debemos a la ley, la Constitución y la sociedad, no a los partidos políticos¿.

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, explica las razones por las que se ha podido ver un vídeo del jefe del comando Vizcaya, Arkaitz Goikoetxea Basabe, en el que admite que le ordenaron matar a un edil socialista.

"El que esto se incorpore como una prueba más del acto del juicio oral está admitido por el órgano judicial, en este caso por el Tribunal -afirma-. Hoy en día ya no nos tenemos que sorprender tanto con las declaraciones firmadas porque se graba todo".

Añade que una grabación otorga mayor seguridad jurídica que unas declaraciones registradas en un acta (29/03/11).

Ha sido para la audiencia preliminar del caso Mediatrade, en el que está acusado de apropiación indebida y fraude fiscal. La audiencia se ha celebrado a puerta cerrada. Ahora la jueza deberá decidir si le envía o no, a juicio.