La primera reacción del PSOE sobre la sentencia deL 'caso de los ERE' no ha llegado hasta la tarde. El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha subrayado que este caso "no afecta ni al Gobierno ni a la dirección del PSOE" y ha recalcado que el PSOE andaluz ya depuró responsabilidades.
La sentencia del 'caso de los ERE' y sus condenas a diecinueve exaltos cargos socialistas en la Junta de Andalucía ha desencadenado una oleada de reacciones políticas. La más destacada la del PSOE de Andalucía, que se reafirma en su defensa de los que fueran sus máximos dirigentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Además de las consecuencias penales, el caso de los ERE ha tenido también consecuencias políticas, ya que ha supuesto el fin de la carrera de dos presidentes socialistas de la Junta andaluza, Griñán y Chaves... Y desde que estalló el caso, el PSOE fue perdiendo apoyos en Andalucía, hasta acabar pasando a la oposición...
La sentencia del 'caso de los ERE' considera que se hizo un uso indebido del sistema por el que los gobiernos socialistas de la Junta repartieron casi 800 millones de euros en ayudas públicas durante una década.
Según el juez, no se fiscalizó ni una sola de esas ayudas a empresas en crisis. Y añade, que eso favoreció un descontrol absoluto y la presencia de intrusos a la hora de recibier las subvenciones.
La instrucción del caso de los ERE, cuya primera sentencia se ha dado a conocer este martes con seis años de cárcel para el expresidente andaluz José Antonio Griñán y nueve de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, comenzó en enero de 2011 cuando la jueza Mercedes Alaya, que investigaba entonces el caso Mercasevilla, abrió unas diligencias nuevas tras detectar en varios expedientes de regulación de empleo 'intrusos' que, sin haber trabajado en las empresas, estaban cobrando prejubilaciones a cargo de ayudas públicas que se habían dado presuntamente sin cumplir la legalidad.
La Audiencia Provincial de Sevilla ha comunicado a los 21 exaltos cargos de la Junta de Andalucía investigados en la pieza política de los ERE sus condenas. La pena más alta ha sido para Antonio Fernández, exconsejero de empleo, condenado a casi 8 años de cárcel. Después vienen las condenas de los subdirectores generales de trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, de más de 7 años de prisión. El expresidente José Antonio Griñán ha sido condenado a 6 años de cárcel y su predecesor Manuel Chaves a 9 años de inhabilitación.
Son las penas más destacadas de un caso que ha condenado a la cúpula del gobierno andaluz durante dos décadas. Según se da por probado en la sentencia, los condenados hicieron un sistema fraudulento que buscaba evitar los sistemas de control establecidos que además produjo un daño importante a las arcas públicas. Según establece el auto, “los condenados eran plenamente conscientes de la ilegalidad de sus actos”.
La Audiencia de Sevilla ha condenado al expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán a 6 años de cárcel por un delito de malversación y a 15 años de inhabilitación por otro delito de prevaricación por el ‘caso de los ERE', y a su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, a 9 años de inhabilitación por prevaricación.
El exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías -mano derecha en el gobierno andaluz de Chaves- y la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra Magdalena Álvarez también han sido condenados a 9 años de inhabilitación por prevaricación dentro del mismo caso, cuya sentencia se ha hecho pública este martes.
Sigue en directo y minuto a minuto la sentencia del 'caso de los ERE'
La Audiencia de Sevilla ha condenado al expresidente andaluz José Antonio Griñán a seis años de prisión y 15 años de inhabilitación. El otro expresidente juzgado en este caso, Manuel Cháves, también ha resultado condenado a nueve años de inhabilitación. Los 1.700 folios de la sentencia de los ERE de Andalucía se han conocido este martes tras ser notificada a partir de las 12.00 horas a los acusados. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla había convocado para esa hora a los procuradores y los 21 acusados para notificarles el fallo que afecta a 21 exaltos cargos de la Junta de Andalucía. La sentencia del tribunal presidido por el magistrado Antonio Calle Peña se pronuncia por unanimidad sobre una década de ayudas adjudicadas presuntamente mediante un sistema "opaco, injusto y arbitrario". El fallo llega casi once meses después de acabar el juicio y más de una semana después de la celebración de las elecciones generales del 10 de noviembre.
Los 21 exaltos cargos de la Junta de Andalucía acusados ya han llegado a la Audiencia de Sevilla. En unos minutos les van a comunicar la sentencia de la pieza principal del caso de los ERE. Poco después de las 11:30 de esta mañana llegaba el expresidente andaluz y del PSOE Manuel Chaves, que se enfrenta a una pena de inhabilitación de diez años por un presuntos delitos de malversación y prevaricación. Su sucesor en la Junta, José Antonío Griñán, se enfrenta además de inhabilitación a pena de prisión de hasta seis años de cárcel.
Con las declaraciones de 150 testigos además de los acusados. Como resultado, los fiscales anticorrupción consideran que los 680 millones repartidos por los exdirigentes de la Junta de Andalucía eran ilegales.
Los expresidentes socialistas, en su defensa alegaron un total desconocimiento y aseguraron que la resposabilidad le correspondía a la Consejería de Empleo. La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para Manuel Chaves y 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para José Antonio Griñán.
La Audiencia de Sevilla comunicará este martes la sentencia sobre la llamada 'pieza política' del caso de los ERE, que juzga a 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por presuntamente haber creado y mantenido durante una década un procedimiento supuestamente ilegal para la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que habría permitido -según sostiene la Fiscalía Anticorrupción- el reparto "arbitrario" de hasta 680 millones de euros.
La Fiscalía sostiene que este sistema de concesión de ayudas "totalmente opaco", que eliminó "todos los mecanismos de control establecidos", era una situación "conocida y buscada" por los 21 acusados, que no hicieron nada para acabar con él a pesar de los informes de la Intervención General de Andalucía que advertían de las irregularidades. A pesar de sus informes, el interventor también está acusado porque el Ministerio Público cree que debió tomar medidas no solo advertir.
Durante el juicio, Chaves se defendió asegurando que sabía que se daban ayudas sociolaborales pero que no correspondía a su "ámbito político de decisión" cómo se adjudicaban. Griñán aseguró que desconocía el programa de ayudas y que "jamás" fue alertado de las irregularidades porque en ningún informe de la intervención se requería que él actuara como consejero de Hacienda.
Echando la vista atrás, la macrocausa de los ERE supuso un punto de inflexión en la vida política de Manuel Chaves y de su sucesor en la presidencia de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. A mediados de 2016, ambos pidieron la baja voluntaria como militantes del PSOE. Antes, ya habían dejado sus escaños como diputado en el Congreso y senador respectivamente. Los cargos institucionales los abandonaron para que su formación pudiera cerrar con Ciudadanos un pacto de investidura para la Junta.
Fue un paso atrás con el objetivo de evitar la aplicación del Código Ético del PSOE, que obliga a sus militantes a abandonar sus cargos orgánicos e institucionales de forma cautelar ante la apertura de un juicio oral.
Dos empresarios denuncian haber sufrido una extorsión por parte de los gestores de la empresa Mercasevilla. Es el año 2009 y la investigación llega al juzgado de Mercedes Alaya, que detecta diversas irregularidades, entre ellas un intruso en un expediente de regulación de empleo (ERE), una persona que se benefició de una prejubilación sin haber trabajado allí nunca.
Comenzaron las comparecencias de empresarios e intrusos en estas y otras empresas. En noviembre de 2011 la jueza Alaya desveló que pretendía seguir subiendo escalones en la pirámide de los ERE, en forma de antiguos cargos de la Junta de Andalucía.
En septiembre de 2013 les puso nombre: Chaves, Griñán, dos consejeros y tres exconsejeros, todos ellos aforados en ese momento.
La causa volvío definitivamente a los juzgados de Sevilla en octubre de 2015, pero Alaya había pedido el traslado a la Audiencia Provincial. Su sucesora dividió la causa de los ERE en tres partes. Una de ellas, la pieza política, se falla hoy.
