Griñán, presidente de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013, fue "plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó" al conceder las subvenciones de los ERE a través de las transferencias de financiación. El expresidente, que fue consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009 antes de relevar a Manuel Chaves, asumió "la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados".

"Era destinatario de los informes de control financiero permanente de las empresas públicas y en particular del IFA", por lo que "tuvo conocimiento de las deficiencias detectadas".

Petición de la Fiscalía: 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por delito continuado de prevaricación y seis años de prisión e inhabilitación por 20 años por delito de malversación.

Guerrero fue director general de Trabajo entre 1999 y 2008. Participó en las modificaciones que introdujeron el uso inadecuado de las transferencias de financiación y elaboró las memorias para justificar dichas modificaciones que incrementaron los fondos para transferencias. "Fue quien generó el déficit, al contraer obligaciones muy por encima del crédito presupuestario", afirma la sentencia, que dice que el acusado "concedía subvenciones al margen de cualquier cobertura presupuestaria, lo que se vio agravado por la utilización de los denominados "pagos cruzados".

Petición de la Fiscalía: 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por delito continuado de prevaricación y ocho años de prisión e inhabilitación por 20 años por delito de malversación.

José Antonio Viera, consejero de Empleo entre 2000 y 2004, fue quien en el año 2000 ideó el sistema de pago de los ERE en Andalucía. Impulsó las modificaciones presupuestarias en los años 2000 y 2001 para clasificar lo que eran subvenciones como transferencias de financiación. Rector del IFA desde 2003, junto con Antonio Fernández tomó la decisión de sustraer del conocimiento de este todas las ayudas sociolaborales, según el tribunal, "por lo que, dado que las cuantías totales de las ayudas solían superar con creces el límite competencial de 1,2 millones de euros, evitaban que tuviera que ser después autorizado por el Consejo de Gobierno de la Junta".

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El tribunal afirma que Fernández, que fue viceconsejero de Empleo, presidente del IFA y después consejero de Empleo de 2004 a 2010, participó en la ilegalidad de los hechos "disponiendo y permitiendo que el director general de Trabajo dispusiera de los fondos vinculados al programa 31L con fines ajenos al fin público al que estaban destinados", aunque "era conocedor de que el director general no era competente para dar las ayudas".

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Viceconsejero de Empleo (2004-2010), Barberá, que firmó las alegaciones de su consejería al informe sobre el cumplimiento del IFA, "tenía perfecto conocimiento de cómo se articulaban las ayudas, concedidas por la Dirección General de Trabajo, limitándose el IFA" al pago, así como también "de las deficiencias e irregularidades denunciadas por la Intervención". "Una vez que Juan Márquez fue nombrado director general de Trabajo, conoció todo lo que se daba, y a quién se daba, pues ponía el Vº Bº en cada una de las órdenes de pago que se enviaban a IDEA", señala la sentencia.

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Sucesor de Francisco Javier Guerrero como director general de Trabajo, Márquez "siguió concediendo ayudas utilizando el mismo mecanismo de su antecesor", dice la sentencia, es decir, "con conocimiento de que la transferencia de financiación no era el instrumento adecuado, sin cumplir procedimiento alguno y sabiendo que no iban a ser objeto de fiscalización previa". "Era plenamente conocedor de que carecía de la competencia para conceder estas ayudas, a pesar de lo cual siguió concediéndolas", añade.

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Consejero de Innovación entre 2004 y 2009, era también presidente del IFA, posteriormente IDEA. Recibía los informes de control financiero permanente del IFA en los que se dejaba claro que la financiación de IDEA para hacer estos pagos no debía realizarse mediante transferencias de financiación y que tampoco podía utilizarse IDEA como entidad colaboradora, así como que IFA contrajo obligaciones de pago que superaban el límite de los créditos aprobados. Pese a todo ello, participó en la aprobación de los presupuestos que permitieron que Empleo siguiera tramitando los expedientes de gastos de transferencias de financiación, vulnerando el régimen legal de estas.

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Viceconsejero de Innovación (2005-2010) y vicepresidente del IFA-IDEA, participó en los acuerdos en materia de modificaciones presupuestarias, anteproyecto de presupuestos y acuerdos de control financiero, en las que se redujeron partidas de subvenciones para incrementar otras "legalmente inapropiadas para ello", y también conoció el informe del interventor general que decía que el IFA no podía intervenir como entidad colaboradora.

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Director general de la agencia IDEA (2004-2008), Serrano era responsable de formular las cuentas anuales, que él mismo podía firmar, y que recogían los apuntes contables de las transferencias de financiación. El tribunal le condena por continuar el sistema utilizado desde antes de su llegada, "incluyendo los pagos derivados de los convenios particulares, cuyo importe llegaba vía transferencia de financiación, en el apartado 'otros gastos de explotación', es decir, como gastos ficticios". "A pesar de tomar conocimiento de cómo se estaban concediendo las ayudas en la Dirección General de Trabajo", añade, "continuó con la firma de los convenios".

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Secretario general técnico de la Consejería de Empleo en dos etapas, participó en cinco modificaciones presupuestarias para allegar fondos a IFA y que esta pagara las ayudas de Empleo. La sentencia le considera consciente de la "patente ilegalidad" de sus actos, pero no puede concluir que "asumiera la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados".

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Viceconsejera de Economía y Hacienda (2004-2009) y consejera de Hacienda (2009-2013), Martínez Aguayo "fue destinataria de los informes de control financiero permanente del IFA", "por lo que tuvo conocimiento de las deficiencias detectadas" en estos, afirma la sentencia.

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