El Gobierno pretende ingresar algo más de 128.000 millones de euros el año que viene, casi un 1% más de lo previsto para 2013. La mayoría de ese dinero, como es habitual, llega de los impuestos. Este año no subirán, ha confirmado el Ministro de Hacienda.
Las pymes cuyo volumen de negocio anual sea inferior a los dos millones de euros abonarán el impuesto cuando cobren toda o parte de la factura o al año siguiente de hacer la operación. Además, los mayores de 30 años pagarán una cuota reducida a la Seguridad Social durante tres años. Por otra parte, la ley de emprendedores prevé deducciones en el impuesto de sociedades si se invierten beneficios o en investigación y desarrollo.
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha anunciado este jueves una reducción progresiva de impuestos municipales en la capital del Estado, desde el impuesto de circulación hasta la tasa de basuras, durante el trieno 2014-2016. Se iniciará el próximo año con una bajada de la tasa de basuras hasta un 12%. La alcaldesa, que ha reconocido que esta rebaja es "muy pequeña" y "a largo plazo", ha dicho que si ahora se empieza a aliviar "la carga fiscal de ciudadanos y empresas se creará empleo y se aumentará el consumo".
Además, el ejecutivo presentará a final de mes el recurso contra esta decisión de Bruselas. Esta tarde, tras una reunión celebrada con representantes del Gobierno, comunidades autónomas, sindicatos y patronal, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha dicho que el sector se beneficiará de préstamos ICO "a unos intereses inferiores" a los de mercado.
El Gobierno prepara ya el recurso ante el Tribunal Europeo contra la decisión de Bruselas de exigir a los astilleros la devolución de las bonificaciones fiscales. La decisión cuenta con el respaldo de las tres comunidades autónomas afectadas, empresarios y sindicatos.
El Gobierno ha acordado con las comunidades autónomas afectadas (Asturias, Galicia y País Vasco), la patronal de los astilleros Pymar y los sindicatos UGT y CC.OO. la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la decisión de la Comisión Europea (CE) de devolver los beneficios fiscales a la financiación de la construcción naval del periodo 2007-2011.
