Enlaces accesibilidad
arriba Ir arriba

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha reunido en Barcelona con el conseller de Acción Climática, David Mascort, para tratar e intentar paliar los efectos de la sequía que sufre Cataluña, donde más de 200 municipios están en emergencia desde el viernes, incluida el área metropolitana de la ciudad Condal. Ribera ha anunciado la construcción de dos desalinizadoras en Cataluña para que estén en pleno funcionamiento en 2028 y 2029, además del ya anunciado proyecto de mandar barcos con agua desde la desalinizadora de Sagunto a partir del mes de junio.

El responsable de aguas de Greenpeace en España, Julio Barea, ha analizado en una entrevista en el Canal 24 Horas la decisión del Gobierno de mandar barcos a Cataluña y de la creación de dos nuevas desalinizadoras en la región para dar solución al problema de la sequía.

Barea ha calificado la decisión de mandar barcos con agua desde Sagunto, Valencia, a Cataluña de "parche" y cree que la construcción de las dos nuevas desalinizadoras de agur no llegarán a tiempo: "Es un proyecto que tardará años".

En Las mañanas de RNE, Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, ha exigido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que dé explicaciones sobre el informe del fiscal del Tribunal Supremo que se opone a investigar a Carles Puigdemont por terrorismo en la causa de 'Tsunami Democràtic'.

Gamarra ha reclamado "transparencia en relación con las informaciones que se han publicado" y que se aclare en qué consistió la reunión con el fiscal general del Estado, quien, según la secretaria general del PP, es quien debe dar cuentas de la misma en el Congreso de los Diputados. Gamarra ha avanzado que si el fiscal general del Estado no compareciera por iniciativa propia, el PP "la solicitará". "Si se habla de dos informes con un cambio de posición en un asunto de tanta trascendencia [...] no puede quedar ninguna duda sobre la imparcialidad de quien va a firmar ese informe", insiste la número dos del PP.

Gamarra argumenta que su partido no es quien debería calificar si hubo terrorismo en el procés “por el respeto a la separación de poderes”, sino que deberían ser los tribunales. Además, añade que la ley de Amnistía no debería seguirse tramitando porque fue rechazada, y desde su partido seguirán reiterando “que se cumpla la legalidad”. Tras este rechazo, Gamarra defiende que el PSOE debería retirar la ley y “desistir en este intento al final de entregar impunidad a un grupo de políticos a los que se les sitúa por encima de la ley, con la única finalidad de garantizarse su apoyo parlamentario”.

En cuanto a la votación del techo de gasto que se realizará el martes en el Congreso, la secretaria general del PP afirma que su partido se opone a esta política económica que propone el PSOE: “Que el gobierno siga gastando a costa de los españoles no es el mejor camino”, sentencia. 

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023, Pablo Bustinduy, ha señalado este lunes en La Hora de La 1 que las tarjetas monedero que el Consejo de Ministros aprobó hace dos semanas comenzarán a funcionar en mayo y se destinarán a familias con hijos "por los altos índices de pobreza infantil" y que permitirán a las familias que tengan acceso a los productos que necesitan cuando van al supermercado, como los productos frescos, pero al mismo tiempo seguirán funcionando los bancos de alimentos. Bustinduy también ha anunciado que el Gobierno prevé retomar "en las próximas semanas" la ley de familias cuya aprobación quedó truncada por la convocatoria electoral y, como ya se había anunciado, incluirá que habrá "avances en protección jurídica" para "muchos tipos de familias que no estaban reconocidas", entre otras cosas, "la equiparación de las parejas de hecho con los matrimonios y la protección reforzada para familias monoparentales" que "en su mayoría son monomarentales". Preguntado por los dos centros públicos especializados en el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que van a crear en Extremadura y Asturias, ha dicho que son "pioneros" y que van a permitir generar "conocimiento e innovación", aunque al mismo tiempo ha admitido la sensación de que "llegan tarde" en el acompañamiento a las familias. La idea, según ha asegurado, es que "se puedan replicar en otras partes". En relación con la ley de amnistía, que la semana pasada tumbó el Congreso con el voto en contra de Junts per Catalunya, ha dicho que "parte de la derecha" no tiene "interés en que se resuelva el conflicto" y que hay "actores" que "no quieren colaborar a cambiar de fase". En su opinión, el conflicto en Cataluña "nunca debió resolverse a través de los tribunales". Foto: EFE/Zipi.

Íñigo Errejón, que se ha estrenado esta semana como portavoz de Sumar, está convencido de que habrá Ley de Amnistía porque "no hay alternativa a este Gobierno". "Junts cometió un grave error el pasado martes, pero tiene que salir adelante", expresa en el programa 'Parlamento' de Radio 5. Cree que no se debe frivolizar con la palabra "terrorismo" y que debe haber una discusión jurídico técnica para ver si se puede retocar ese asunto en la ley, pero dice que al Gobierno "no se le puede criticar por su firmeza, se demuestra que hay límites".

Preguntado sobre si, en la postura de Junts, está pesando demasiado el futuro de Puigdemont, dice que "lo que está pesando es la competición electoral con ERC y tener en el horizonte las elecciones catalanas". Sobre si servirá la mediación de Reynders para renovar el CGPJ, el portavoz de Sumar asegura que "me da vergüenza que para que el PP cumpla la Constitución, haya que cogerse un avión a Bruselas".

Sobre su interlocución con Podemos, Errejón dice que todos los votos son imprescindibles y que "Sumar habla con todos con toda normalidad y lo vamos a seguir haciendo". Avisa que "esta es una legislatura en la que toca mucha mano izquierda, mucha flexibilidad, hablar mucho y no llevar las cosas al último minuto".

El vicepresidente y portavoz de JxCat, Josep Rius, ha asegurado que ahora se abre "una oportunidad" para seguir negociando con el PSOE la ley de amnistía. En una entrevista en La Hora de La 1, ha señalado en que la ley tal como está ahora redactada dejaba mucha gente fuera, por lo que ha insistido en que debe "incluir" a todos los afectados y que "sea de aplicación inmediata. En cuanto a si su 'no' puede hacer peligrar la legislatura y el Gobierno, Rius ha avisado de que "la legislatura avanzará a medida que los acuerdos (con el PSOE) vayan avanzando".

FOTO: Josep Rius, en un acto del partido. EFE/Quique García

Pilar Alegría, portavoz del Gobierno y ministra de Educación, habla en Las Mañanas de RNE tras la reunión del PP y del PSOE con Didier Reynders para desatascar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Defiende que esta mediación tiene que ser la oportunidad definitiva para renovar el mandato, caducado desde hace 5 años. “La voluntad de este Gobierno es llevar esta renovación de manera normalizada, pero nos hemos encontrado esta oposición clara del PP. La prioridad es devolver la normalidad institucional al CGPJ y a partir de ahí abrir un proceso de debate y diálogo sobre esa nueva fórmula”, explica la ministra.

Tras el ‘no’ de Junts a la Ley de Amnistía, Alegría explica que el Gobierno aún tiene “muchos planes por delante para estos tres años y medio, y muchos objetivos por desplegar para seguir ensanchando los derechos de los ciudadanos y apostar por mejorar la convivencia en nuestro país”. Sostiene que seguirán dialogando con todas las fuerzas políticas “a excepción de Vox”, para seguir aprobando “leyes muy importantes para los ciudadanos”, y los Presupuestos Generales, para que empiecen a tramitarse en este primer trimestre.

En materia educativa, Pilar Alegría destaca el diálogo entre las administraciones de las comunidades autónomas para regular el uso de los teléfonos móviles en los colegios. “Es importante que las normativas que se están planteando en las CCAA tienen el mismo objetivo común que las medidas que trasladó el Gobierno”, sentencia.  

El 'no' de Junts a la ley de amnistía este martes en el Congreso abre un nuevo tiempo para negociar. Son 15 días hasta que se celebre un nuevo pleno, pero ninguna de las partes se mueve de sus posiciones. El Gobierno insiste en que su ley es constitucional y que las enmiendas que pide Junts no lo son. El partido de Carles Puigdemont insiste en que la amnistía debe ser "integral" y avisa al Gobierno de que podría retirarle su apoyo.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ve “margen” para negociar con Junts la ley de amnistía tras el ‘no’ de este partido en la votación de este martes en el Congreso, pero ha avisado a la formación de Carles Puigdemont de que la ley que salga de la Cámara Baja debe tener plena “seguridad jurídica”: “No cualquier texto de amnistía es constitucional”.