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Hace un año que Carles Puigdemont pisaba España por primera vez en siete años con una orden de detención en su contra y con la amnistía aprobada pero fuera de su amparo. Subió a un escenario cerca del Arco del Triunfo de la ciudad condal para dar un discurso de apenas 5 minutos y volver a huir sin ser visto. Se activó la ‘Operación jaula’ en toda la comunidad, pero no tuvo éxito. Puigdemont apareció dos días después en Waterloo y hoy, un año después, sigue en Bélgica reclamando que se le aplique la amnistía.

El diario El País reveló las denuncias de tres mujeres del sector audiovisual que se confesaban víctimas de violencia sexual por parte de Carlos Vermut, director de cine. En Las Mañanas de RNE hablamos con Ana Marcos, periodista de El País que participó en la investigación y escribió el libro 'A mí no me ha pasado nada. Por qué normalizamos la violencia sexual contra las mujeres'. "El objetivo era entender que esto nos puede pasar a todas. No son casos extraordinarios", explica Marcos, que confiesa que cuando publicaron el caso pensó que podría pasar algo similar a lo que ocurrió en Estados Unidos con el caso de Harvey Weinstein y comenzar un "Me too" español. Marcos explica las razonas por las que según ella, eso no se ha producido. "En el sector audiovisual hay muchísimo miedo. Es un sector precario y pequeño. Además hay una reacción contra el feminismo desde la ultraderecha que quiere quitarnos estos espacios para conversar sobre estos temas". Entrevista completa en RNE Audio.

Mariola Guevara, delegada del Gobierno en Murcia, ha calificado en una entrevista en 'La Hora de la 1' de “despropósito” lo que se está viviendo en Jumilla. Para la delegada, la prohibición de actos religiosos en centros deportivos, que acogían celebraciones islámicas, en la localidad tiene un “efecto discriminatorio claro” y asegura que a algunos pueblos de la Región de Murcia los están utilizando, haciendo referencia a Vox y al PP, como “conejillos de indias”. “Somos un laboratorio de la extrema derecha donde quieren confrontar, donde quieren romper nuestra convivencia, algo que no podemos permitir en una democracia como la que tenemos”, ha dicho Guevara.

La vuelta del PSC al Govern de Catalunya cumple su primer aniversario. Albert Dalmau, conseller de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya analiza este primer año de legislatura en Las Mañanas de RNE. "Cataluña ha abierto una nueva etapa. Hemos conseguido algunos de los objetivos que nos marcábamos". Aunque entre esos objetivos pendientes se encuentra el sistema de financiación singular que se demanda para Cataluña donde el conseller insiste en que se debe adaptar a sus características, pero que no se trata de un privilegio. "Buscamos un sistema de financiación que atienda mejor a las necesidades de Cataluña para acometer cómo prestamos una mejor sanidad y educación". Y rechaza que esta petición se desligue del ámbito nacional. "Nosotros no hacemos política para ir en contra de nadie en el conjunto de España".

Durante este primer año el Govern no ha aprobado aún los presupuestos, pero Dalmau asegura que reabrirán el debate. "Vamos a empezar ese diálogo a la vuelta de verano. Cuando uno empieza una negociación lo hace desde posiciones más alejadas". Una de las medidas estrella de Illa es la ampliación del aeropuerto del Prat que todavía no se ha llevado a cabo y presenta la contraria de Esquerra y Comuns. "Nuestra responsabilidad es gobernar y no vamos a renunciar a nuestro programa electoral", sostiene el conseller, que concluía expresando la voluntad del PSC en cuanto a la ley de amnistía. "Queremos que la ley de amnistía se aplique para todo el mundo y cuanto más rápido mejor".

La comunidad islámica recibe con preocupación la decisión del Ayuntamiento de Jumilla y considera que actúa por interés electoral. Creen que se envía un mensaje peligroso a la sociedad, que podría incitar a la xenofobia y que se les trata como ciudadanos de segunda.

La Conferencia Episcopal se suma a la postura de la Comisión Islámica. Ambos recuerdan que la libertad de culto es un derecho constitucional y que incumplirlo atenta contra los derechos fundamentales de cualquier persona. Los vecinos de Jumilla, en su mayoría, creen es una decisión política que no responde a un problema real de convivencia.

Foto: Marta Fernández / Europa Press

El debate político se centra este jueves en la polémica moción aprobada en Jumilla, en Murcia. El Gobierno cree que el veto a las celebraciones musulmanas demuestra que el PP se ha dejado arrastrar por Vox a una deriva extremista, y advierten de que van a vigilar los discursos de odio. Los 'populares' niegan que la medida tenga carácter xenófobo.

La alcaldesa del municipio, Seve González, asegura que en la moción, que solo afecta al uso de los espacios deportivos, "no aparece en ningún caso la palabra musulmanes, comunidad islámica y prohibición. Lamentamos que de manera intencionada se haya querido tergiversar". Además, asegura que hay otras instalaciones municipales disponibles

Pero Vox lo explica muy claro: "Yo no voy a ir a decirle a nadie qué tiene que rezar. Lo que sí voy a decir es dónde tiene que rezar. (...) Yo si quiero rezar, me voy a la iglesia", dice el portavoz del partido en Jumilla, Juan Agustín Carrillo. Foto: EFE/Marcial Guillén

La alcaldesa de Jumilla, Seve González, ha dicho este jueves que las limitaciones en el uso de los espacios deportivos aprobadas en el pleno del 28 de julio no afectan al resto de instalaciones municipales, y estarán a "disposición de toda la sociedad, incluida la musulmana, para cualquier actividad o acto siempre que se cumpla la normativa".

González, que ha leído el contenido del texto aprobado a instancias de su partido, el PP, como enmienda a la moción de Vox que pedía la prohibición de actos religiosos de la comunidad islámica, ha insistido en que solo se autorizó una modificación de la ordenanza reguladora de las instalaciones deportivas, "sin vetos ni prohibición a nadie por su origen religioso".

"Cada espacio es para lo que es, e igual que si quiero rezar voy a la iglesia, si quiero jugar al tenis, voy a las pistas o si quiero celebrar una reunión iré a la sala de concejales", subraya por su parte el portavoz de Vox en Jumilla (Murcia), Juan Agustín Carrillo.

Foto: EFE/Marcial Guillén

En Estados Unidos se bebe mucho vino español, concretamente una cantidad que ascendió a 330 millones de euros en 2024. Para muchas bodegas, es el mercado internacional más importante y temen que la entrada en vigor de los aranceles impuestos por Donald Trump les haga perder cuota de mercado.

"El mercado norteamericano no está preparado para asumir una subida de precios", explica a TVE Íñigo Rubio, director de Bodegas Manuel Quintano, en Labastida (Álava). Por ello, ya están negociando con los importadores para recortar márgenes y tratar de absorber, a medias, la subida. "Si cada uno pone de su parte, se puede llegar a un acuerdo", señala Rubio.

En Menorca, los exportadores de queso de Mahón ya lo hicieron durante el anterior Gobierno de Trump, porque fue durante poco tiempo, y ahora aseguran que no lo pueden asumir. "No podemos aguantar tres años bajando nuestro beneficio", cuenta a TVE Juan Bosco Triay Barber, presidente de la Denominación de Origen Queso de Mahón de Menorca. Por ello, intentarán aumentar las ventas en otros mercados.

Todo el sector agroalimentario está pendiente todavía de la letra pequeña del acuerdo alcanzado entre Trump y la Unión Europea y sus excepciones. "Estamos esperándolo con muchas ganas y que sigamos teniéndolo, ojalá, el vino y el aceite tengan un arancel al 0%", indica Manuel Zambrano Medina, portavoz de Cooperativa Viñaoliva en Almendralejo, en Badajoz.

El sector ve complicado sustituir el mercado estadounidense por otro. La estela mundial de los aranceles de Trump va a dejar una competencia feroz, ya sea dentro como fuera de la Unión Europea.

Foto: GETTY

Este miércoles han entrado en vigor los aranceles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado mes de abril y sobre los cuales ha estado negociando con varios países en las últimas semanas. Esto podría afectar a industrias españolas como la del cerdo ibérico.

Estados Unidos es actualmente el primer destino fuera de la Unión Europea en cuanto a exportación de jamones y paletas curadas de España, como explica a TVE Raúl García, presidente de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASCI). "Cualquier acción sobre las exportaciones nos va a afectar", indica, aunque reconoce que "no tenemos capacidad para cuantificarlo". Por ahora, estima que "va a haber un encarecimiento de los productos y previsiblemente se verá afectado el consumo y nuestro volumen de exportaciones".

Hasta el momento, explica que la aplicación de los aranceles del 10% por parte de Washington a todos los productos que entran en su país "no ha tenido mucho efecto" porque parece que los fabricantes y la cadena de comercialización han sido capaces de absorber dicho gravamen. Ahora, con un arancel total del 15% —un 5% más al impuesto hasta ahora— a productos de la Unión Europea, podría repercutir algo más, pero el escenario aún está marcado por la incertidumbre. "No lo sabemos, pero en algún momento va a tener repercusión en cuanto a la capacidad de compra del consumidor norteamericano", ha expresado García.

Lo que sí ha asegurado el experto es que el incremento del precio derivado del gravamen lo asumirá el consumidor estadounidense porque, aunque en la cadena comercial se puede absorber una parte, al final acaba repercutiendo también en el precio final del producto.

Foto: GETTY

Crece la polémica por el veto del ayuntamiento de Jumilla a las fiestas musulmanas. El Gobierno dice que la moción aprobada por PP y Vox es racista y anuncia que vigilará de cerca los discursos de odio. El PP contesta que es inaceptable que se le presente como un partido xenófobo: "Respetamos las creencias de todos"

La Comisión Islámica considera que la decisión es un "paso atrás", una falta de respeto que achacan a la ignorancia y creen que lo único que se busca es conseguir un puñado de votos. La Conferencia Episcopal también rechaza el veto a las fiestas religiosas y recuerda que existe libertad de culto recogida en la Constitución y que es un derecho fundamental. Dicen que si las restricciones buscan proteger el bien común, deberían extenderse a cualquier tipo de manifestación y no solo a las religiosas.

Foto: Antonio Sempere / Europa Press