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Un total de 133 controladores están acusados del delito de abandono de la función pública por el caos aéreo del puente de diciembre de 2010, 119 han alcanzado un pacto con la Fiscalía. El portavoz del sindicato USCA, Daniel Zamit, niega que los controladores se asentaran de sus puestos de trabajo y que los militares controlaran aviones civiles.

La Abogacía del Estado se ha convertido, sin quererlo, en ficha clave en las negociaciones de investidura de Pedro Sánchez. PP y Ciudadanos denuncian presiones hacia este organismo, mientras que el Gobierno en funciones defiende su independencia. Su sede se encuentra en el Ministerio de Justicia y su misión es la de representar y defender al Estado y a todos los funcionarios en causas derivadas de su trabajo. También proporciona asistencia jurídica al Estado y a otras instituciones públicas y promociona la investigación y difusión de cuestiones jurídicas.

La Abogacía del Estado sigue sin presentar su informe sobre Oriol Junqueras tras la sentencia de Luxemburgo y eso aleja la posibilidad de que haya una investidura este fin de semana. El que sí ha presentado sus alegaciones hoy es Junqueras. El líder de ERC pide su liberación inmediata y la nulidad de la sentencia y, además, que se resuelva de manera urgente. Su defensa insiste en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja claro que Junqueras tenía inmunidad y que, sin autorización del Parlamento Europeo, el Supremo no lo puede mantener en prisión.

El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, ha asegurado que el Alto Tribunal debería dejar al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras tomar posesión de su cargo como europarlamentario, tal y como recoge la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En declaraciones a Los Desayunos de TVE, el magistrado emérito ha explicado que mantenerlo en prisión supondría "ignorar la escala de valores de la Constitución" y ha recordado que "uno de los valores supremos es el de la libertad".

Para Martín Pallín, Junqueras solo podría cumplir condena, aunque sea firme, si el Supremo pide un suplicatorio al Parlamento Europeo y éste lo concede.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este jueves que recurrirá la sentencia condenatoria por desobediencia y pedirá a los grupos del Parlament que lo ratifiquen en el cargo, porque, ha remarcado, a él "no lo inhabilitará un tribunal con motivaciones políticas". Torra ha comparecido en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat para valorar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que le ha condenado a año y medio de inhabilitación por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos antes de las elecciones generales del 28A.