El excomisario José Villarejo, que ha declarado este viernes como imputado en la Audiencia Nacional por la 'operación Kitchen', ha ratificado su versión ante el juez Manuel García Castellón. A su salida, ha dicho ante los medios que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy tenía un "interés personal" en la presunta operación parapolicial y ha asegurado que le mantenía informado de la misma a través de mensajes de móvil.
También ha justificado que entraba en secreto por el garaje a la sede del PP a reunirse "ni se sabe" cuántas veces con la exsecretaria general del partido María Dolores de Cospedal porque "el trabajo de inteligencia tiene estas cosas".
Y ha asegurado que la entonces vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, "estaba informada al igual que el presidente del Gobierno", ya que era "responsable máxima del CNI" (en la época de Rajoy, el Centro Nacional de Inteligencia dependía de Defensa y de la Vicepresidencia). Dice que tanto es así, que le acompañó al despacho de Rajoy en el Congreso para revisar si había o no algún micrófono para escucharle.
El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha relatado ante el juez que investiga la Operación Kitchen, Manuel García Castellón, varios episodios que vivió durante su etapa en prisión preventiva en 2013 en la que sufrió, asegura, una persecución orquestada por el Ministerio del Interior. En su declaración, que estaba bajo secreto de sumario y a la que ha tenido acceso TVE, el extesorero cuenta que intentaron envenenarle.
Foto: EFE/Juan Carlos Hidalgo
El inspector jefe de la UDEF y principal investigador del caso Gürtel, Manuel Morocho, relató el pasado martes ante el juez que investiga la Operación Kitchen que recibió presiones para que el entonces presidente del Gobierno Mariano "Rajoy no apareciese en el informe". Así consta en el audio de su declaración, al que ha tenido acceso RTVE.
Morocho asegura ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que todavía hoy existen presiones como las que sufrió. En el audio narra la oferta que le propuso el exjefe de la UDEF José Luis Olivera para que se trasladase a Lisboa y dejase la investigación, y cómo en plena conversación el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, llamó para preguntar si había aceptado la oferta. Este jueves Olivera fue imputado en la causa.
En su declaración, Morocho relata presiones y sugerencias de retoques de sus informes para que restara importancia a la supuesta contabilidad b del Partido Popular y preguntas constantes a partir del ingreso en prisión de Bárcenas. Un panorama "desolador" según el juez García-Castellón.
La declaración de Morocho continuará este viernes.
FOTO: Manuel Morocho, en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la Operación Kitchen, el pasado mes de marzo. EFE/ Juan Carlos Hidalgo
El inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que dirigió la investigación de la trama Gürtel, Manuel Morocho, expuso el pasado martes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que sus mandos en la Policía le pidieron quitar nombres de responsables políticos del Partido Popular de sus informes, entre ellos el del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que él preveía citar respecto de documentos relativos a "determinadas contraprestaciones".
FOTO: Manuel Morocho, en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la Operación Kitchen, el pasado mes de marzo. EFE/ Juan Carlos Hidalgo
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado la apertura de juicio oral contra el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, sus 7 hijos y otras 11 personas entre ellas su exmujer, Mercé Gironés. Pedraz les imputa delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y delito de frustración de la ejecución. También están imputados los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Claverol y Carlos Vilarrubí.
El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, obre judici oral contra l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley, els seus 7 fills i 11 persones més per formar presumptament una organització criminal que s'hauria enriquit durant dècades amb suposades activitats corruptes aprofitant la seva posició política.
Pedraz ha demanat a la família que dipositi 7,5 milions d'euros per cobrir les eventuals responsabilitats civils i seu en el banc dels acusats a tota la família, excepte la dona de l'expresident, Marta Ferrusola, a qui va exonerar pel seu estat de salut després que la defensa presentés un informe mèdic en què al·legava que patia demència severa, així com altres 11 persones, entre aquestes, Mercè Gironès, l'exdona del primogènit dels Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, i diversos empresaris.
