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El Gobierno quiere el mayor consenso para aplicar el 155 aunque no descartan la celebración de unas elecciones autonómicas. 

Los socialistas reconocen que no es lo deseado pero afirman que no pueden dimitir de sus responsabilidades. Para Ciudadanos, la solución pasa por las elecciones. 

Podemos condiciona su participación en la comsiión en la que se va a debatir la reforma de la constitución a que no se aplique el 155 y a que la Generalitat no declare la independencia. Y avisa a PP y PSOE de que no pueden hacer cambios por su cuenta.

El Gobierno insiste en que Puigdemont tiene su última oportunidad.
Fuentes cercanas al Presidente señalan que si el presidente de la Generalitat convoca elecciones autonómicas el Ejecutivo podría paralizar el 155.

Un mecanismo que supone aplicar unas medidas que se aprobarían en un Consejo de Ministros aún sin fecha y posteriormente, aprobarlas en el Senado.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apuntado que si no hay una "pronta solución" a la situación en Cataluña el Gobierno bajará la previsión de crecimiento económico para 2018, que actualmente está en el 2,6%.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que 2018 debía ser un buen año para el crecimiento y el empleo, pero los acontecimientos que se están viviendo en Cataluña hacen ser "más prudentes".

El Ministerio de Hacienda ha presentado un informe al Consejo "de cara a la remisión a Bruselas del plan presupuestario" para 2018 ante la falta de proyecto de cuentas.

  • Permite reforzar la coordinación entre administraciones en caso de crisis graves
  • El Gobierno arbitraría medidas y tendrían que acatarse, incluyendo a los Mossos
  • No requiere tramitación parlamentaria, tan solo publicar en el BOE un real decreto
  • Es uno de los instrumentos jurídicos que sopesa el Gobierno de Mariano Rajoy

El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha pasado de puntillas sobre una posible reunión del Consejo de Seguridad Nacional, el órgano encargado de aplicar la Ley de Seguridad Nacional, una de las opciones que se barajan si se produce la declaración unilateral de independencia de Cataluña: "Yo creo que la ultima vez que se reunió fue en el mes de mayo e ignoro si en estos momentos está previsto alguna reunión más", ha comentado.

El Gobierno ha aprobado hoy un mecanismo de control de pagos para Cataluña, de forma que el Estado sustituirá a la Generalitat en los pagos, para garantizar los servicios públicos y que no se destine "ni un euro" a financiar "una actividad ilegal" como el referéndum secesionista del 1 de octubre.

El Ejecutivo ha dado 48 horas de plazo al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria sobre todo el presupuesto catalán, que no esté vinculado a servicios públicos fundamentales, como nóminas, sanidad, educación y servicios sociales.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que la receta para hacer frente al terrorismo yihadista pasa por la "unidad política de los demócratas" y por "aparcar las diferencias", porque, ha señalado, es lo que "nos hace grandes y fuertes frente a los asesinos". Así lo ha afirmado en rueda de prensa este viernes después del primer Consejo de Ministros tras el doble atentado en Cataluña. A su juicio, "la unidad política de los demócratas provoca la desesperanza de los criminales". Y ha añadido que dicha unidad es "lo que merecen las víctimas, lo que quieren los ciudadanos y lo que evita que las sociedades democráticas se desestabilicen cuando hay este tipo de ataques".

Los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils serán este viernes objeto de debate en el Consejo de Ministros que encabeza el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El gabinete evaluará la situación actual tras los ataques terroristas que han causado 15 muertos y más de un centenar de heridos. El Consejo de Ministros recupera su agenda una semana después de los atentados. Lo hace después de que el pasado día 16 se reuniera de forma extraordinaria para abordar la crisis de los trabajadores del aeropuerto catalán. Será la primera reunión del Ejecutivo de Rajoy en su jornada habitual tras el parón estival. Todo a un día de la visita del propio Rajoy y parte de sus ministros a la manifestación contra el terrorrismo convocada en Barcelona.

El Gobierno ha aprobado la puesta en marcha de un laudo arbitral de obligado cumplimiento para solucionar el conflicto del aeropuerto de Barcelona-El Prat. "Dado que ya no hay otra vía que el arbitraje, el Gobierno, después de analizar la situación el Consejo de Ministros, ha acordado establecer un arbitraje obligatorio como medio para solucionar la huelga", ha anunciado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario celebrado este miércoles por la tarde, el titular de Fomento ha explicado que las partes tendrán un plazo máximo de 24 horas desde la notificación del acuerdo para elegir a un mediador.
En el caso de que no lo consigan, Fomento asignará a una persona en las 24 horas siguientes que someterá a las partes para que formulen sus alegaciones. El árbitro designado tendrá un plazo máximo de diez días para tomar una decisión que tiene que ser acatada por ambas partes, aunque puede ser recurrida ante la Justicia.

La presencia de la Guardia Civil en los controles de seguridad del Aeropuerto de Barcelona-El Prat ha reducido el impacto de la huelga de 24 horas indefinida de los trabajadores de Eulen con colas habituales para un día normal de agosto e inferiores a las registradas en los paros parciales. La huelga ha empezado este lunes a medianoche después de que este domingo rechazaran por segunda vez la propuesta de mediación de la Generalitat y se mantendrá hasta que haya laudo arbitral, según ha anunciado el comité de huelga en esta primera jornada.
Los guardias civiles están presentes en los filtros de control de pasajeros y comparten con los empleados de Eulen tareas ejecutivas y no solo de vigilancia, como venían haciendo hasta ahora. Los agentes están participando de forma activa en la revisión de equipajes, la petición de la documentación de embarque y control del pase por el arco de seguridad, según informa Efe.
Los sindicatos han denunciado que se está "violando" el derecho a la huelga. El comité ha presentado, de hecho, varias denuncias ante la Inspección de Trabajo en este sentido. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha rechazado esas acusaciones, ha asegurado que existe "un escrupuloso respeto del derecho a la huelga" y ha subrayado que El Prat "ha recobrado la normalidad". En rueda de prensa, además, el titular de Fomento ha anunciado que este miércoles habrá un Consejo de Ministros extraordinario para tratar la situación y avanzar en el laudo arbitral obligatorio.

El Gobierno celebrará un Consejo de Ministros extraordinario este miércoles por la tarde para analizar la situación en el aeropuerto de El Prat tras la convocatoria de la huelga indefinida de los vigilantes de Eulen.
Así lo ha confirmado el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, en una rueda de prensa en Barcelona después de presidir la primera reunión de la comisión de seguimiento de la huelga indefinida de los vigilantes de Eulen en el aeropuerto de El Prat.
De la Serna ha negado "rotundamente" que se hayan ejercido presiones sobre los trabajadores de Eulen, ni sobre "ninguna de las partes" del conflicto laboral para que aceptaran la propuesta de la Generalitat en el proceso de mediación. También ha destacado la "normalidad" en el aeropuerto barcelonés durante este primer día de huelga general de los trabajadores de los arcos de seguridad.

El Gobierno pedirá a la Generalitat de Cataluña que certifique semanalmente que no está destinando dinero público a la financiación del referéndum del 1 de octubre. En caso de incumplir esta petición, la Generalitat no podrá financiarse a través del Fondo de Liquidación Autonómica. Así lo ha confirmado el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, tras la reunión del Consejo de Ministros este viernes.