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El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que "no hay dos gobiernos, hay uno" y ha reclamado conocer qué significa el acuerdo para derogar la reforma laboral con Bildu, después de anunciar que la mesa de diálogo social con el Ejecutivo queda en suspenso. "No hay dos Gobiernos hay uno, quiero conocer de mi gobierno qué significa ese papel", ha dicho Garamendi en La Mañana de La1 ante las posiciones contrarias de dos vicepresidentes, Pablo Iglesias, en defensa de respetar la primera versión firmada del acuerdo, y Nadia Calviño, que forzó la rectificación del PSOE. Por su parte, el secretario general del sindicato CC.OO., Unai Sordo, ha llamado a recuperar la agenda del diálogo social cuanto antes, y se ha remitido a depsués del verano, y ha señalado que el acuerdo firmado por el PSOE y Podemos con Bildu se ha convertido en "un charco político incomprensible". Además, considera que "nadie piensa que se vaya a derogar la reforma laboral antes del 30 de junio" y cree que lo que ha ocurrido es que al llegar la crisis sanitaria han cambiado las prioridades.

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha indicado que el pacto entre EH Bildu y el Gobierno ha sido “un lío político” que hay que “relativizar” porque “los términos del acuerdo coinciden con el acuerdo de investidura”. “No aporta gran cosa sobre lo que ya sabíamos y sobre lo que queríamos trabajar”, ha señalado. También ha añadido que los trabajos se interrumpieron por la pandemia y ha esperado retomarlos “pronto”.

“Los aspectos más lesivos de la reforma laboral son todos”, ha puntualizado Sordo en respuesta a las declaraciones de la vicepresidenta económica Calviño. El secretario general de CCOO ha explicado que las reformas laborales deben conducirse mediante el diálogo social porque “mejorar la situación de los trabajadores pasa por dar alternativas”. Es decir, crear una nueva legislación que sustituya a la reforma laboral que los sindicatos y el Gobierno quieren derogar. “La reforma del Partido Popular fue decretada sin consenso social”, ha indicado Sordo, que pese a considerar “prioritaria” la crisis del coronavirus, no ha renunciado a derogar la reforma laboral de 2012.

Sobre la no asistencia de la patronal a la reunión prevista esta tarde junto al ministro José Luis Escrivá, Sordo ha dicho que “no conviene sobreactuar” y se ha mostrado “convencido” de que la CEOE volverá a la mesa de diálogo porque la situación económica es “muy complicada”. “Estábamos haciendo bien las cosas”, ha declarado y ha incidido en que “por primera vez” la gran caída del PIB no ha sido acompañada de una gran caída del empleo, “a un coste de recursos públicos importantes”. “Hace falta un gran acuerdo para superar la crisis del coronavirus y recuperar las negociaciones que teníamos antes de marzo”, ha indicado.

En relación a los fraudes con los ERTE, Sordo ha señalado que le consta que existan, aunque ha asegurado que no es una generalidad: “Algunos trabajadores me han llamado para contarme que siguen trabajando mientras están acogidos a un ERTE”.

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, afirma que de esta crisis "hay que salir con un gran acuerdo fiscal" y evitar las políticas de austericidio que prolongaron diez años la crisis anterior. Entrevistado en Los Desayunos de TVE, pide "un gran pacto de Estado político, social y económico" y llama a la "corresponsabilidad de todos los grupos políticos" en un entorno muy polarizado. Explica que algunos sectores más afectados por el coronavirus podrán seguir acogiéndose a los ERTE de fuerza mayor más allá del 30 de junio.

Gobierno, empresarios y sindicatos han escenificado en La Moncloa la vuelta al diálogo social con la firma del primer acuerdo para hacer frente a la crisis del coronavirus: un acuerdo para prolongar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) hasta el 30 de junio. Mañana lo ratificará el Consejo de Ministros; este miércoles se reunirán por primera vez y analizarán la situación económica de cada sector económico. Entre los más perjudicados están el turismo y la automoción, que podrían mantener las condiciones de los ERTE más allá de la fecha acordada, según ha avanzado la ministra de Trabajo Yolanda Díaz.

Gobierno, empresarios y sindicatos han escenificado en La Moncloa la vuelta al diálogo social con la firma del primer acuerdo para hacer frente a la crisis del coronavirus. Se trata del acuerdo para prolongar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) hasta el 30 de junio. Mañana lo ratificará el Consejo de Ministros.

Los sindicatos de la función pública aseguran que medidas como la reincorporacion gradual de los funcionarios, la flexibilizacion de los horarios de entrada y salida o la posibilidad de establecer turnos para evitar aglomeraciones no son suficientes para garantizar la seguridad.

El secretario general de Comisones Obreras, Unai Sordo, ha dicho que lo más llamativo del primer día del regreso al trabajo de las actividades no esenciales ha sido que el incremento de la actividad ha sido menor del que cabía esperar. "Ha habido una caída muy importante de la actividad económica, no ha habido una vuelta masiva al trabajo porque estamos ya ante una crisis profundísima", ha asegurado Sordo.

Además, el líder de CCOO, ha reconocido que, debido al elevado volumen de solicitudes de prestaciones por desempleo, hay un riesgo de cuello de botella en la gestión administrativa que puede restrasar el cobro de la misma.

CCOO y UGT apoyan el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril, algo que harán con un permiso retribuido por parte de la empresa.

En un comunicado conjunto, los dos sindicatos han explicado que esta medida sigue las recomendaciones de los expertos para frenar la propagación del virus y también se ha referido que se negociará posteriormente como se compensan esas horas que el trabajador no realizará por el estado de alarma.

La patronal por su parte respeta la decisión aunque dice, puede tener un impacto sin precedentes y podría producir una crisis más profunda que incluso podría llegar a ser social. Emplazan al gobierno a dar a conocer la letra pequeña porque aseguran que causa desconcierto total.