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El director de Estudios Financieros de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), Santiago Carbó, ha insistido en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso en que estamos en un contexto de desaceleración económica que, unida a la inestabilidad política, puede tener un resultado negativo. De ahí la necesidad, ha subrayado Carbó, de enviar a Bruselas un mensaje de estabilidad.

"Si nosotros mandamos o mantenemos una pauta de seriedad, de disciplina, de que queremos cumplir con Bruselas, nos veremos menos afectados que si voluntaria o involuntariamente no tenemos presupuestos, no tenemos las herramientas preparadas porque no hay un gran consenso político, y eso es evidente que el mercado te lo valora peor y te contagia más que si te ve en una senda muy concreta y muy serio", ha explicado.

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha pedido al Gobierno y al resto de grupos de la Cámara Baja, legislar para que la banca asuma el tributo de las hipotecas, el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), con carácter retroactivo, tal y como "dijo la sala competente del Supremo antes de que le torciera el brazo la banca". En la sesión de control al Ejecutivo, Belarra se ha preguntado por las familias que pagaron los gastos hipotecarios en el pasado.

"Ustedes lo que proponen es que se aguanten. Eso es como si a usted un ladrón le roba 3.000 euros y les dice que no se los va a devolver, pero que no pasa nada porque a partir de ahora no les va a robar", ha afirmado la portavoz de Unidos Podemos, para quien no se puede confiar en los bancos, motivo por el que ha pedido al Gobierno "atarlos en corto".

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha rechazado los "gruesos" adjetivos que ha usado Belarra en respecto al comportamiento de la banca. "No roba el que está dentro del marco de la legalidad, no se pueden hablar de actividades delictivas en esos términos", ha afirmado Montero, quien ha defendido la actuación del Ejecutivo respecto al AJD tras la sentencia del Supremo.

"Todas las instituciones son necesarias, también las entidades financieras. No se puede demonizar y condenar sin más a las entidades financieras, como si todas actuaran igual. Lo que hay que hacer es perseguir y condenar las conductas abusivas", ha señalado Montero.

Acuerdo político para el reparto de costes a la hora de pedir un préstamo para vivienda. Los partidos quieren dejar claro quién afronta cada gasto, en la nueva ley hipotecaria que quieren aprobar en diciembre. Según ese acuerdo, el banco asume los gastos correspondientes a la escritura, la gestoría y el notario.

Si firman una hipoteca a partir de este lunes, tienen que estar atentos: es el primer día hábil en el que se va a aplicar la reforma del Gobierno: el impuesto de actos jurídicos documentados tendrá que pagarlo el banco y no el cliente. La pregunta que nos hacemos todos es qué consecuencias tendrá esto, cómo repercutirá en el coste de este tipo de créditos la decisión del Ejecutivo. Comprobamos qué herramientas existen para evitar que las entidades acaben repercutiendo el impuesto con José María Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el organismo que en estos momentos vela por la competencia en los mercados.

El decreto del Gobierno por el que se establece que la banca tendrá que pagar el impuesto de las hipotecas también determina que cuando los bancos concedan hipotecas a entidades a las que la ley ya eximía del pago tampoco tendrán que abonar este impuesto. Así por ejemplo, están exentos del pago de este impuesto el Estado y las Administraciones públicas territoriales e institucionales y sus establecimientos de beneficencia, cultura, Seguridad Social, docentes o de fines científicos. También los partidos políticos con representación parlamentaria, Cruz Roja, la ONCE, la Obra Pía de los Santos Lugares y la Iglesia Católica y las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado.

Los bancos preparan ya cómo repercutir ese nuevo coste que tienen encima, después de que el Gobierno les obligara a asumir el impuesto sobre las hipotecas. Es decir, que al final el cliente lo acabe pagando de alguna u otra manera..... a pesar de los llamamientos del Ejecutivo. Y cuentan con un arsenal de opciones sobre la mesa.