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Los partidos políticos de la oposición han criticado la decisióndel Tribunal Supremo que establece que es el cliente quien paga el impuesto sobre las hipotecas rectificando así su propia jurisprudencia y han advertido de que el daño a la Justicia es "irreparable", mientras que el Gobierno por el momento se ha limitado a señalar que va a analizar su impacto, según han señalado fuentes de Moncloa. Podemos e Izquierda Unida han sido los primeros partidos en rechazar de forma contundente la decisión del Tribunal al considerar quela justicia ha quedado en entredicho. También el PP y Ciudadanos han criticado el fallo del Tribunal Supremo, que el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro considera "difícil de entender", mientras que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha tachado la decisión de "incomprensible".

José María Fernández Seijo, magistrado de lo mercantil y el primer magistrado que consultó a Luxemburgo en un tema relacionado con las cláusulas suelo, ha lamentado que la decisión que ha tomado el pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo este martes se haya resuelto “en la zona de penaltis porque el derecho debería imponerse por razones y por argumentos y no por votaciones ajustadas por circunstancias como las que hemos conocido en estos días”.

Según Fernández Seijo, “la situación es un tanto chocante porque tenemos un reglamento que durante unos días ha quedado derogado y creo que eso ha provocado, además de una insatisfacción social muy grande, cierta incertidumbre jurídica”.

“Lo razonable hubiera sido que se hubiese producido al revés, es decir, que este pleno se hubiese celebrado antes del día 16 y que por lo tanto la decisión del Supremo hubiese sido mayoritariamente adoptada por todos los magistrados”, ha explicado en el programa La Tarde en 24 Horas.

El Tribuanl SUpremo sigue dividido sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas. En el segundo día de reunión, los magistrados siguen sin ponerse de acuerdo sobre si le corrresponde al banco, como decretó en la última sentecia, o debe ser el cliente, como había mantenido hasta ahora. El Gobierno se prepara ya para posibles reclamaciones.

A la espera de lo que dicte el Supremo sobre los impuestos de las hipotecas, los bancos asumen que serán ellos los que tengan que pagar a partir de ahora esa tasa, pero cruzan los dedos para que no haya una sentencia con efectos retroactivos. La factura a pagar en el peor de los casos podría ascender hasta los 16.000 millones de euros, según Moody's, aunque los subinspectores de Hacienda elevan esa cantidad hasta los 30.000 millones de euros. De confirmarse la retroactividad, podría tener efectos inmediatos en los balances de los bancos y también en las cuentas públicas y en el déficit de las comunidades.

La banca espera con cautela la decisión del Tribunal Supremo (TS), que este lunes reúne a los 31 magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, para fijar doctrina sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD). Así, los magistrados decidirán si revocan o mantienen la sentencia del 18 de octubre que determinó que son las entidades bancarias y no los clientes quienes deben pagar este impuesto de las hipotecas.

Los grandes bancos europeos mantienen un nivel de capitalización suficiente para capear un hipotético escenario económico adverso en los próximos años, según han determinado los test de estrés publicados por la Autoridad Bancaria Europea (ABE), los más exigentes desarrollados hasta ahora. Ninguna de las 48 entidades analizadas -33 de ellas de la zona euro- bajaría del umbral del 5,5% de capital de calidad exigido en caso de que el producto interior bruto (PIB) de la Unión Europea (UE) se desviara un 8,3% respecto a las previsiones para 2020.

La firma de hipotecas en las entidades bancarias continúa, aunque pendiente de la decisión del Tribunal Supremo sobre si serán los bancos o los clientes quienes tendrán que pagar el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. En caso de que confirme su doctrina, podrían reclamar sus impuestos un millón y medio de contribuyentes. La incertidumbre ha llevado a varios clientes a posponer la decisión, como recomiendan varios abogados y notarios, a la espera de que se aclare la decisión judicial.

El presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez Picazo, ha convocado para el 5 de noviembre el pleno en el que se decidirá si se confirma la doctrina que atribuye a la banca el pago del impuesto de actos jurídicos documentados en una hipoteca. Así lo ha acordado el representante de la sala tras la reunión convocada por el presidente de la institución, Carlos Lesmes, con los seis magistrados que adoptaron dicha decisión.

Los principales bancos continúan con la firma de hipotecas, préstamos en los que se sigue aplicando el criterio establecido antes de que se hiciera pública la sentencia del pasado jueves del Tribunal Supremo, según fuentes financieras consultadas por RTVE.es. "Si alguien tiene ahora mismo que firmar una hipoteca se va a encontrar con que va a tener que pagar el impuesto. El viernes las entidades lo paralizaron pero hoy, ante la incertidumbre, han decidido cobrarlo", ha asegurado Patricia Suárez, portavoz de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), en el Canal 24 de TVE. "Luego, probablemente, dependiendo de lo que diga el Supremo, lo podrán recuperar o no", ha aseverado Suárez, para quien todo el mundo que haya firmado una hipoteca va a poder reclamar de forma retroactiva porque "la cláusula es abusiva". "Queremos que la cláusula sea declarada abusiva y la abusividad no prescribe", ha señalado antes de recordar lo ocurrido con las cláusulas suelo.